Claroscuros de los primeros cien días de gobierno de AMLO.
Ciudad de México, 10 de marzo del 2019. A punto de cumplir cien días de administración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido pendular en materia de derechos humanos y ambientales, pues ha presentado claroscuros que van de la crítica a organizaciones de la sociedad civil, la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o la violación de la ley para concretar proyectos que atentan contra el medio ambiente; pero al mismo tiempo hay elementos positivos, sobre todo en combate a la impunidad y el reconocimiento de la crisis que el país enfrenta en la materia.
Así lo dijeron defensores de estas garantías durante el foro «100 días. Un análisis de las acciones del actual gobierno federal en materia de derechos humanos, medio ambiente y género», organizado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung, que se realizó esta tarde.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, indicó que es prematuro hacer un balance del gobierno de López Obrador en los tres meses de gestión que lleva, pues se debe terminar de asentar las fuerzas.
«Hasta ahora ha sido un gobierno pendular, de luces y sombras», donde por un lado el presidente ha denostado generalizando en torno a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos autónomos, plantea políticas como la Guardia Nacional -que en principio contemplaba la militarización de la seguridad pública- y la ampliación de delitos para prisión preventiva oficiosa, y la cancelación de programas sociales como el programa de estancias infantiles y el retiro de apoyos a los albergues que atienden a mujeres víctimas de violencia.
Pero por el otro, se han abierto canales de interlocución con ciertos funcionarios que entienden la agenda de derechos humanos, como el subsecretario del ramo de la Secretaría de Gobernación,, Alejandro Encinas Rodríguez, para atender y resolver casos de violaciones a garantías y reconocer las crisis en la materia que vive el país, como los 43 de Ayotzinapa, el perdón público a los familiares de las víctimas del caso Tierra Blanca y la declaratoria de «crisis humanitaria» en Veracruz, con lo que se asienta una agenda para combatir la impunidad.
«Se abren algunos márgenes, ojalá sean suficientes para romper con los pactos de impunidad, es lo que está por verse».
Sin embargo, advirtió que empuje como el del subsecretario Encinas y otros actores que conocen y apuestan por el tema de derechos humanos como los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Ordero; y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, se verá limitado debido a que no hay un plan de estado en la materia.
Alejandra Padilla, de EQUIS Justicia para las Mujeres, subrayó que México está obligado, tanto por leyes internas como por tratados internacionales, a garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, y con decisiones como la suspensión de los apoyos a los refugios que atienden a víctimas de agresiones, se incurrirá en faltas a estas normas.
Indicó que la violencia contra este sector se ha incrementado en el espacio pùblico desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, pues la tasa de homicidios de mujeres era de 1.9 por cada 100 mil habitantes en 2009 y pasó a 4.4 por el mismo número de pobladores en 2016. Además que 41 por ciento de las mujeres detenidas por las fuerzas armadas reportaron violencia sexual durante su aprehensión.
Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, llamó la atención en que los proyectos en materia energética de la administración de López Obrador se centran en los elementos fósiles y el carbono en lugar de apostar a la tendencia global de las energías limpias y renovables.
Subrayó que nadie puede cuestionar la legitimidad del presidente de la República tras su contundente triunfo electoral, pero eso no le da vía libre para saltarse la ley. «Tiene que haber legalidad y estado de derecho en materia ambiental», pues se han violentado ciertas normas de impacto ambiental y cambio de uso de suelo para impulsar proyectos que perjudican el medio ambiente y a las comunidades.
Con información de: https://www.jornada.com.mx