Derivado de la pandemia de COVID 19, el suicidio puede incrementarse, sobre todo en aquellos sectores que ya mostraban índices de vulnerabilidad social y que a raíz de la crisis económica han entrado en un proceso de precarización irreversible.
Es por ello, que el Frente Nacional para la Prevención del Suicidio, advirtió que este problema en México ha alcanzado una tasa de 7.0 (tasa ajustada con datos del último conteo poblacional 2015 y los últimos datos 2018 reportados por el INEGI en 2020), es decir, seis mil 808 suicidios en 2018.
Agregó en que se requiere de una política pública mucho más integral para prevenir el suicidio infantil, adolescente y juvenil, porque estos sectores son los que presentan mayor riesgo en nuestro país, lo que demuestra que no sólo es un problema de salud pública, sino que también tiene que ver con el bienestar material y subjetivo de las personas.
Específicamente, en la población infantil de entre 10 a 14 años, para el caso de las niñas, el suicidio ha aumentado 31.7 por ciento en los últimos 10 años y su tendencia es a seguir creciendo.
El incremento demuestra la urgente necesidad de atender el suicidio bajo un enfoque biopsicosocial, que tenga como punto de partida el contexto sociocultural del país, y se integre a especialistas de diversas disciplinas científicas, pues es un problema con múltiples dimensiones que requiere una intervención multidisciplinar.
El Frente Nacional para la Prevención del Suicidio, afirmó que el diseño de una política pública para la prevención del suicidio necesita de la elaboración y presentación de un plan de acción que sea capaz de producir efectos en el bienestar social.
Requiere de la previsión de un marco legal, una planeación presupuestaria, acciones y metas que serán emprendidas y evaluadas por las dependencias públicas y por las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.
Por ello, es relevante convocar a diferentes sectores y niveles de gobierno para el diseño de una política pública acorde con las recomendaciones que ha hecho la OMS e implementar acciones de prevención, detección, intervención y postvención con medidas eficaces y eficientes que contribuyan a la mitigación de este flagelo social.
México destina un presupuesto reducido para el rubro de salud mental (sólo 2% del presupuesto general de salud), a pesar de las estadísticas y de las “graves repercusiones sociales”. El magro presupuesto apenas alcanza para actividades asistenciales, es decir, no preventivas. Más del 80% se asigna a hospitales psiquiátricos, por lo que es indispensable, en el marco de la aprobación del presupuesto para 2021, la aprobación de mayores recursos para su atención.
La prevención del suicidio requiere la intervención y participación de los diferentes sectores de la salud, así como de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Bienestar, de Cultura y otras secretarías y dependencias que deben sumarse con acciones y programas concretos, coordinados para trabajar de manera integral el problema, concluyó.
