San Salvador, 28 de octubre del 2024.- Unos 2.500 uniformados, entre soldados y policías, cercaron este lunes una barriada de la periferia de San Salvador para detener pandilleros, informó el presidente Nayib Bukele. El cerco se inició durante la madrugada «con 2.000 soldados y 500 policías, para extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área», escribió el mandatario en la red social X.
La sección de «inteligencia» de la policía, según Bukele, «ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en [el distrito de] San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos». En las calles de la comunidad situada al pie de un cerro y que tiene viviendas de unos 50 metros cuadrados, los uniformados solicitaban documentos a las personas que entraban o salían en sus vehículos. «Estamos tras estos delincuentes, tenemos indicios de que se quieren establecer en este sector» y por eso el presidente ordenó el cerco, declaró el ministro de la Defensa, René Francis Merino.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte al estatal canal 10 que el despliegue de efectivos busca «seguir destruyendo la economía criminal» de las pandillas y debilitar los remanentes de aquellos grupos que están intentando reorganizarse. Los policías y soldados se preparaban para registrar casa por casa en esta barriada de San Marcos. El 27 de marzo de 2022 Bukele inició una «guerra» contra las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y bajo el cual han sido detenidos unos 83.000 presuntos pandilleros.
Desde entonces el mandatario ha impuesto algunos cercos en barriadas y municipios del país. La cruzada contra las pandillas ha reducido drásticamente los homicidios en El Salvador, y en febrero pasado alentó la reelección de Bukele para un segundo mandato presidencial de cinco años. Entidades de Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado «detenciones indiscriminadas», hacinamiento carcelario y numerosas muertes bajo custodia estatal, pero Bukele y sus funcionarios lo niegan.
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