Trabajarán de manera coordinada para erradicar el acoso hacia las mujeres y la discriminación a personas de la comunidad LGBTTTIQ
Ciudad de México, 10 de febrero del 2020.- En 2018 hubo 5.7 millones de intentos de extorsión a nivel nacional según datos de la ENVIPE 2019. Ante esta problemática, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México impulsarán un frente para combatir la extorsión.
Trabajarán de manera coordinada, también, para erradicar el acoso hacia las mujeres y la discriminación a personas de la comunidad LGBTTTIQ, mediante el programa “Programa Diana Doble” que promueve un regreso seguro a casa.
Francisco Fernández Alonso, presidente nacional de la CANIRAC, y Salvador Guerrero Chiprés,presidente del Consejo Ciudadano, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual los empresarios difundirán la aplicación No + extorsiones, la Línea de Seguridad del Consejo, el Chat de Confianza 55 5533-5533, así como medidas de prevención de diversos ilícitos, entre sus agremiados y clientes.
“Atendimos el llamado del Consejo, que es el de la ciudadanía, para combatir la extorsión, por eso nos comprometimos a implementar acciones para erradicar este delito”, expresó Fernández Alonso.
Marco Antonio Buendía González, presidente de la CANIRAC en Ciudad de México, aseguró durante la firma que esta oportunidad de colaboración tendrá buenos resultados, tanto para los agremiados como para los clientes.
“El liderazgo de la Cámara es fundamental para el trabajo que realiza el Consejo, ya que el 92% de la extorsión es prevenible si la ciudadanía conoce cómo actuar”, indicó Guerrero Chiprés.
Dicha cúpula empresarial tiene presencia en 80 delegaciones, distribuidas a lo largo del territorio nacional; en la Ciudad de México agrupa a poco más de 50 mil establecimientos.
Los agremiados a la CANIRAC ofrecen servicio diariamente a 15 millones de personas que comen fuera de sus hogares.
Asimismo, la colaboración contempla el diseño de un protocolo de actuación para que los dueños de establecimientos sepan qué hacer frente a un hecho delictivo, y así ayuden, de mejor manera, a los
procesos de investigación.