Buscan reformar Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y su reglamento
Pachuca Hidalgo; a 31 de mayo del 2022. En sesión ordinaria número 61 de la LXV Legislatura, las diputadas, Tania Valdez, Elvia Sierra, Lorena Hernández, Vanesa Escalante, Sharon Macotela, Adelfa Zúñiga, Lisset Marcelino y los diputados Edgar Hernández, Osiris Leines, Timoteo López, Ángel Tenorio, Antonio Hernández y Jorge Hernández Araus, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y su reglamento.
En la exposición de la propuesta, el legislador Jorge Hernández Araus explicó que el objetivo es la armonización de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el reglamento con lo mandatado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en lo relativo a la estructura organizacional y facultativa de la Contraloría Interna, la dirección General de Servicios Administrativos y la dirección de Transparencia.
“La supervisión de la conducta de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo, tanto en México como en el mundo, es un tema que siempre está en la mira de la sociedad, pues gracias a ello existe un mejor control del poder público, sin embargo, existen muchos rubros que necesitan atención concreta dado que, en algunos aspectos siguen existiendo pocos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, explicó el congresista.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento cumple de manera parcial con los objetivos previstos en el cuerpo normativo, sin embargo, dichas funciones no se encuentran del todo fundadas, motivadas y por ende reguladas, motivos por los cuales es necesaria la armonización a efecto de dotar a la Contraloría Interna del Congreso del Estado de la estructura y facultades necesarias para cumplimentar lo enunciado en la Ley General.
El impulso de reformas de esta índole, además de promover el combate a la corrupción, nos acercan a los principios que rigen y conducen la buena administración pública mediante un poder legislativo abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.