Ciudad de México, 05 de febrero de 2020.- La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, que está a discusión en el Congreso, busca otorgarle más poder a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al dotarla de autonomía técnica y de gestión.
«La Secretaría será la autoridad competente para aplicar e interpretar, en el ámbito administrativo, la presente Ley, su Reglamento y las reglas de carácter general que emita la propia Secretaría conforme a esta Ley, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, misma que estará dotada de autonomía técnica y de gestión», indica la propuesta.
Así como de establecer acuerdos o interactuar de manera independiente con otras autoridades competentes nacionales o contrapartes extranjeras para el intercambio de información.
La iniciativa, actualmente en comisiones del Senado, también busca que haya un mejor registro de las personas políticamente expuestas y de los llamados beneficiarios finales, es decir, aquellos que obtienen el usufructo de alguna actividad ilícita al final de la cadena.
Para el caso del beneficiario final se adiciona un capítulo en el que se establece que todas las personas morales tendrán la obligación de registrar a todos sus socios, independientemente de si realizan o no actividades que la ley califica como vulnerables.
Las actividades vulnerables son aquellas que pueden ser susceptibles de ser usadas para el lavado de dinero, como son las que lleva a cabo el sector financiero y de apuestas, así como la comercialización de obras de arte, joyas, vehículos y bienes inmuebles, entre otras.
La iniciativa también establece de manera expresa que uno de los propósito de la ley es no sólo el combate al lavado de dinero, sino el también terrorismo, y establece los casos en los que deberán darse los avisos respectivos.
La iniciativa de Morena para modificar la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita otorga más facultades a la UIF.
-La dota de autonomía técnica y de gestión.
-Le atribuye en exclusiva la aplicación e interpretación de la ley antilavado y su reglamento.
-Obliga a la sociedades a especificar el beneficiario final al margen de si realizan actividades vulnerables o no.
-Establece que uno de los objetivos de la ley es el combate al terrorismo.
-Obliga a la identificación y monitoreo de personas cuya actividad las convierta en sospechosas.
