México, 02 de enero de 2016.- Crear un registro nacional de infantes en situación de desamparo; eliminar la duplicidad de trámites para la adopción de menores que viven en albergues, y dar claridad a los juicios de patria potestad de éstos, son algunas de las propuestas de especialistas a favor de este grupo vulnerable de la población.
Así lo señaló Norma Edith Martínez Guzmán, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, al recordar que dicha bancada realizó la Consulta Nacional «Hacia la Agilización y Simplificación del Proceso de Adopción en México» y seis foros regionales en diversos estados de la República.
En entrevista, precisó que la Consulta Nacional se llevó a cabo en el Recinto Legislativo de San Lázaro, mientras que los foros se efectuaron en Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, Puebla Tamaulipas y Veracruz, en los que también participaron impartidores y procuradores de justicia.
«Para ejecutar adecuadamente la obra de ingeniería jurídica que requiere el proceso de adopción en todo el país, era necesario escuchar a los expertos en la materia, y reunir y desarrollar las mejores propuestas y soluciones para crear una Ley General de Adopción a favor de las niñas y los niños que se encuentran en casas-hogar», puntualizó.
En ese sentido, resaltó que presentó ante el pleno legislativo una iniciativa de reformas y adiciones a los Artículos 4 y 73 de la Constitución Política Mexicana, encaminada a crear la Ley General de Adopción, con el fin de agilizar y homologar los trámites de este proceso.
La representante del Partido Encuentro Social, destacó que quienes participaron en los foros coincidieron en la urgencia de brindar claridad al juicio de patria potestad, como la pieza clave para la agilización del proceso de adopción de los menores de edad cuya situación jurídica no está resuelta.
«Actualmente los procesos de adopción son largos, sin plazos definidos y con mucha falta de voluntad para resolverlos, en particular el juicio de pérdida de la patria potestad», recalcó.
Martínez Guzmán explicó que miles de niñas y niños terminan en los albergues sin un expediente, por lo que se desconoce su situación jurídica y se carece de un seguimiento profesional de su condición de salud, física y psicológica.
Señaló que además las autoridades carecen de tiempos regulados en los procesos de adopción, situación que aprovechan los albergues para conservar las prerrogativas económicas que reciben por el número de menores que tienen.
«Falta seguimiento y supervisión de las casas-hogar y es evidente el poco respaldo del Estado para atención de las niñas y los niños, incluidos aquellos que tienen alguna discapacidad. Además se carece de capacitación en materia de derechos humanos de los menores y sobre el proceso de adopción», enfatizó.
Indicó que otras de las conclusiones de los foros regionales fueron: establecer una coordinación real entre el Estado y los centros de asistencia social; supervisar a fondo los albergues; brindar capacitación a los padres adoptivos.
Así como la creación de una instancia promotora de la cultura de adopción; contar con jueces especializados en la adopción de menores, y agilización del proceso de adopción.
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