Cd. de México (01 diciembre 2017).- Después de 11 años de labores del Ejército en las calles, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Seguridad Interior, la cual dota a las Fuerzas Armadas de un marco regulatorio para combatir al crimen.
La nueva legislación faculta al Presidente de la República a ordenar la actuación de los militares en un territorio y tiempo determinados, cuando las autoridades de Seguridad Pública sean rebasadas.
«En aquellos casos en que las amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones, el Presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas», indica la ley.
La iniciativa fue cuestionada por la Oposición porque deja ambigüedad en el decreto de protección de seguridad interior y propiciaría la violación de derechos humanos por parte del Ejército.
La legislación fue aprobada de manera exprés con 248 votos a favor, incluidos de panistas y perredistas, 115 en contra y 48 abstenciones, y en medio de señalamientos de legisladores y de organizaciones civiles sobre inconstitucionalidad y la violación de convenciones internacionales sobre derechos humanos.
La diputada priista Carolina Viggiano salió al paso de las acusaciones y dijo que la intención es crear protocolos para deslindar responsabilidades y aclarar ese tipo de violaciones.
«Esto se decidió en el Gobierno anterior de Felipe Calderón sin preguntarnos y sin regulación al respecto. Tenemos mucho tiempo que le debemos este instrumento a nuestras Fuerzas Armadas para regular su actuación», sostuvo la legisladora.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, acusó que se miente a los mexicanos con ese argumento.
El panista Jorge Triana reconoció que fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando el Ejército salió a las calles, pero ahora el PRI busca perpetuar esa condición.
«El PRI, señoras y señores, se ha vuelto más calderonista que Felipe Calderón en materia de seguridad pública», asentó.
La polémica ley que regulará la actuación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad fue exigida por el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, desde hace un año.
A fines de 2016, pidió a los legisladores definir con claridad la participación de los soldados en seguridad.
«¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en alzar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales.
«Nosotros no pedimos estar ahí (en las calles), no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes», señaló entonces.
Incluso, en febrero pasado hubo un encuentro con diputados para delinear el que sería el contenido de la legislación: entre otros puntos, definir un plazo para el regreso de los militares a los cuarteles, lo que no quedó determinado en la reglamentación aprobada ayer.
Desde entonces, por lo menos en cuatro ocasiones más, a lo largo de 2017, Cienfuegos pidió que se aprobara la nueva ley.
El almirante Francisco Vidal Soberón, titular de la Secretaría de Marina, también se ha pronunciado sobre la necesidad de tener una norma en la materia.
El proyecto de ley aprobado se envió al Senado, donde se espera que sea analizado la próxima semana.
En entrevista, recordó que el debate se intensificó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se decidió militarizar el combate al narcotráfico.
En ese momento, dijo, se optó por las Fuerzas Armadas debido al largo tiempo que llevaría profesionalizar a las Policías.
«Se debería generar un debate mucho más profundo. Que se discuta esta ley y se tienda a aprobar es un síntoma de total fracaso en esta materia.
«Parece mentira, pero han pasado más de 10 años y estamos en el mismo punto; quién sabe cuántos recursos se ha invertido y resultados son pobrísimos», señaló.
El Ejército, subrayó, se encuentra capacitado para utilizar la fuerza letal en un conflicto armado o en una guerra, opción que debe considerarse como último recurso en un contexto de seguridad pública.
Las Policías, en cambio, usan la fuerza letal como último recurso y priorizan la aprehensión para llevar a los inculpados antes los tribunales.
Vivanco destacó que las Fuerzas Armadas no están subordinadas a un control civil, por lo que no cuentan con un sistema de rendición de cuentas.
La estrategia de militarización de la seguridad ha tenido un alto costo en abusos, violaciones a derechos humanos, corrupción y desnaturalización del Ejército, añadió.
«El gran reto de México es un problema de seguridad que proviene del crimen organizado. Ese reto se resuelve diseñando una política de control policial», apuntó.
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), advirtió que una política represiva, como la que implica la Ley de Seguridad Interior, no solucionará el problema de inseguridad en México.
Con información de Diana Baptista | http://www.reforma.com/
