Los expertos internacionales que investigaron la desaparición de 43 estudiantes en México advirtieron evidencias de tortura contra los acusados clave para sostener la versión oficial de los hechos y denunciaron que sus labores fueron obstaculizadas por las autoridades, lo cual les impidió avanzar en el esclarecimiento de un caso que ha irritado dentro y fuera del país.
En su segundo y último reporte divulgado el domingo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final tras 14 meses dando asistencia técnica a la Procuraduría General de la República consideró que ha habido una falta de voluntad para investigar la posible responsabilidad de altos funcionarios y de miembros del ejército, además de un intento del gobierno de sostener la tesis de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero, a pesar de ser cuestionada desde hace meses por peritos independientes.
«Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario, sin dar curso a la investigación sobre otras policías o agentes del Estado», señaló el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Aunque ya habían dicho en su primer reporte que había indicios de posible tortura, el GIEI informÓ que se enfocaron en los casos de 17 personas relevantes para la investigación, incluidos cinco presuntos sicarios que declararon haber testificado la muerte y quema de los jóvenes en el basurero.
A partir del análisis de reportes médicos hechos por distintas autoridades mexicanas a los arrestados, el informe señala que los 17 mostraron nuevas lesiones durante el periodo de detención, lo cual muestra «indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura», lo cual podría afectar la investigación.
Por ejemplo, el primer reporte médico tras la detención de Agustín García, uno de los supuestos sicarios que declaró sobre la quema de los estudiantes en el basurero, señaló que tenía una sola lesión. Horas después, ya bajo custodia de las autoridades, un segundo reporte médico encontró 30 lesiones.
El reporte fue presentado el domingo frente a padres de los desaparecidos, otros alumnos de la normal, defensores de derechos humanos y activistas en una universidad privada de la Ciudad de México. «¡No se vayan, no se vayan!», les gritaron a los cinco miembros del grupo, quienes el último día de abril terminan sus actividades en el país.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras ser atacados y detenidos por policías municipales y presuntos sicarios en la ciudad de Iguala, al sur de México. Escasos cuatro meses después y tras la captura de varios sospechosos, las autoridades dijeron que habían dado con «la verdad histórica»: que los agentes entregaron a los jóvenes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos, quienes los mataron, calcinaron en un basurero y los lanzaron en bolsas a un río cercano.
Al paso de los meses, sin embargo, los expertos de la CIDH y forenses argentinos que acompañan a los padres de los estudiantes señalaron que no hay evidencias contundentes que sustenten esa versión, y han cuestionado que esa teoría se base sobre todo en declaraciones de algunos de los detenidos, incluidos aquellos que en este último reporte habrían sido torturados.
La desaparición de los 43 estudiantes sacudió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien dos años atrás llegó al poder con una agenda de transformación del país a partir de diversas reformas económicas y sociales. Y en medio de diversas protestas y críticas aceptó que expertos de la CIDH llegaran al país para investigar lo sucedido, lo cual abrió la esperanza de los padres y otros sectores de que se conocería lo que realmente pasó con los alumnos.
Sin embargo, tras el primer reporte de los expertos en septiembre pasado, que rechazó la versión del basurero, la cooperación oficial cambió.
Los expertos denunciaron lentitud en las respuestas a sus solicitudes, demora en la realización de pruebas, no indagar otras líneas de investigación sugeridas, la imposibilidad de volver a entrevistar a algunos inculpados o entrevistar a nuevos, la negativa a interrogar a militares y un rechazo de las autoridades castrenses a entregar documentos o imágenes que tenían en su poder sobre los hechos de aquella noche.
Todo esto, señalaron, «no puede leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Estas diferentes situaciones demuestran barreras no ocasionales, sino estructurales en la investigación».
Las autoridades han dicho en todo momento que han dado todo el apoyo a los expertos. Actualmente hay más de 100 personas detenidas por el caso.
Los expertos dijeron que no debe cerrarse la posibilidad de que la razón detrás de las desapariciones esté un posible tráfico de heroína de Iguala hacia Chicago, en Estados Unidos, algo que ya habían planteado desde el primer reporte, pero que aseguraron que no se avanzó en nada hasta ahora.
Con información de: EL FINANCIERO
