- La Auditoría Superior de la Federación presentó las acusaciones penales por irregularidades en la compra de una planta de fertilizantes «chatarra» a Altos Hornos de México
México, 24 de julio del 2019.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República(FGR) cinco denuncias penales por el caso de la planta Agronitrogenados, por la que se investiga al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira.
Dos de estas denuncias penales van dirigidas contra las subsidiarias P.M.I. Comercio Internacional; dos más contra Pemex Fertilizantes y una contra el corporativo de Pemex.
Las denuncias —presentadas el jueves pasado— son producto de las auditorias hechas en las cuentas públicas de 2015 (en este año se presentaron dos) , 2016, 2017 y 2018, donde se constatan irregularidades desde la gestión financiera para la compra, hasta la rehabilitación de esta planta de fertilizantes que hoy se considera como “chatarra”.
En 2015, la ASF detectó un sobreprecio de la planta al pasar 475 millones de dólares —precio inicial que incluía remodelación— a 760 millones.
Este incremento representó 142.5 por ciento en relación con el monto original y el motivo de este aumento fue que, cuando el contratista inició la rehabilitación, determinó que el 60 por ciento del equipo debía ser reemplazado.
Pemex señaló que el “vendedor” —Alonso Ancira— se opuso a que evaluaran la planta antes de la compra-venta.
Ese mismo 2015, la ASF fiscalizó a P.M.I. Comercio Internacional, donde se detectó un faltante 909 millones 530 mil pesos y deficiencias en el proceso de evaluación, falta de control del presupuesto y de los tiempos estipulados en para la rehabilitación de la planta de fertilizantes.
Al año siguiente, una tercera auditoria determinó que hubo un monto por aclarar de 3 mil millones de pesos, por la rehabilitación de la planta.
“Los costos han sido rebasados, los tiempos se han alargado de 610 a 943 días calendario y a la fecha de la auditoría (noviembre de 2017) no ha generado utilidades para el Estado, por lo que el proyecto no ha sido rentable”, concluyó.
En 2017, la ASF fiscalizó a Pemex Fertilizantes y pidió iniciar el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que autorizaron pagos indebidos. En 2018, se concluyó que Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria, SA de CV, no cumplieron disposiciones legales sobre el mismo tema.
