Pachuca, Hgo., a 12 de septiembre de 2019.
- Establece que la consulta tendrá que ser libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo, además se tendrá que garantizar que sea informada.
- Autoridades indígenas en las comunidades contarán con la asistencia técnica y financiera, por parte de las autoridades.
El Congreso aprobó con 16 votos a favor, cero en contra y 9 abstenciones, el dictamen que avala la iniciativa con proyecto de decreto que reforman la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, para armonizar la realización de la consulta indígena, respecto de medidas legislativas, administrativas o de carácter de inversión privada.
Los legisladores avalaron establecer que la consulta “tendrá que ser libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo, además se tendrá que garantizar que sea informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible y en el idioma del pueblo o comunidad”.
De igual forma, se apoyó que fortalecer aspectos regulatorios de la consulta indígena, alcances, remitiendo al Protocolo de Consulta Indígena para el Estado de Hidalgo.
Lo anterior, con el objetivo de materializar las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano, así como respetar los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país y generar así diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas que permita alcanzar acuerdos más justos y más equitativos.
Por ello, en el documento quedó señalado que la consulta indígena es el instrumento por el cual, la o el titular del Poder Ejecutivo, las instancias de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, el Congreso del Estado, los Ayuntamientos Municipales por sí o en colaboración, por medio de los mecanismos de participación ciudadana reconocidos en el Estado de Hidalgo, o por los propios de la comunidad.
El dictamen aprobado también estipula que las autoridades indígenas en las comunidades contarán con la asistencia técnica y financiera, por parte de las autoridades, para proponer al Municipio y al Estado los planes y programas de desarrollo comunitario, mismo que deberá contener las acciones y estrategias con una proyección de 20 a 30 años.
“En la realización de las consultas las autoridades estatales y municipales deberán difundir ampliamente el evento para tales efectos, a más tardar con treinta días naturales de anticipación, durante este periodo las autoridades estatales y municipales deberán realizar las actividades de información requeridas para asegurar que la población conozca, de especialistas y testimonios, las ventajas y desventajas del tema sujeto a consulta, ello con el fin de garantizar la participación informada y la no manipulación”, dicta el texto.
El proceso de consulta contará por lo menos, con los siguientes puntos: Emisión de la convocatoria; Jornadas de información; Realización de la consulta; Sistematización de los resultados; Análisis y elaboración de documento ejecutivo de los resultados; Entrega a las comunidades consultadas de los resultados; y Difusión de los resultados de la consulta.
