Es de conocimiento público que, desde hace algunas semanas, en el Gobierno Federal se analiza abiertamente la posibilidad de establecer controles de precios en 24 de los alimentos de la canasta básica, destacándose el huevo, pan, pollo y leche, ante el alza de la inflación general que priva en el país, misma que mantiene sus niveles más altos desde junio de 2021 con un porcentaje de 7.29 % a tasa anual en la primera quincena de abril y una subyacente de 6.68 %.
El control de precios es la medida adoptada por el Estado para imponer precios máximos a distintos productos y servicios, siendo así que se fijan los valores en sustitución de lo que pueda dictar el mercado. El control de precios ha buscado en diversos momentos de la vida económica de México, proteger al consumidor ante incrementos elevados y abruptos de los precios de determinados insumos. Se conoce en materia económica, que es el mercado a través de la ampliamente conocida “Ley de la oferta y la demanda”, el encargado de regular estos precios, pero cuando existe especulación comercial o en aras de emprender una medida social de protección al consumo básico de la ciudadanía, como es el caso de la alimentación, el gobierno federal implementa precios máximos sobre los ya previamente citados, bienes y servicios.
Desde Palacio Nacional, recurrentemente hemos escuchado que se ha podido controlar la inflación de forma primaria, gracias al manejo que el gobierno ha dado a los precios de combustibles y no descarta emplear un esquema similar para los alimentos colocados en el mercado mexicano. Para ello, ha anticipado diálogos en lo inmediato con el sector empresarial mexicano, mismo que a través de diversas cámaras y organizaciones como la COPARMEX o el Consejo Coordinador Empresarial, han manifestado categóricamente su negativa a esta intención gubernamental, en virtud de que, a los ojos de estos gremios, la ejecución de un control de precios distorsionaría a los mercados, impactando estas acciones directamente sobre los consumidores mexicanos. Por lo pronto, el mandatario mexicano no ha querido anticiparse a emitir mayores consideraciones hasta en tanto, no se exploren todas las opciones que requieran de un rigor económico e incluso también social y político; lo que es un hecho es que el Ejecutivo federal sí evalúa desarrollar esta política de contención al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ya se sitúa superior al 7 %.
En la arena del tecnicismo económico, surge también la figura del Banco de México encabezado por la recientemente nombrada Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. BANXICO tiene el mandato constitucional de erigirse como la entidad pública que garantice la estabilidad de precios en el territorio mexicano y para ello ha incrementado su tasa clave de interés, estimando que la inflación se mantendrá alta durante todo lo que resta del 2022 y rondará en niveles del 6 % hacia finales del año, con una posibilidad de estabilizarse hacia el inicio de 2024, sobre una base del 3 %.
Finalmente, dentro de estos apuntes de esta columna de análisis, se encuentran también los posicionamientos fuera del mapa nacional, como el del Fondo Monetario Internacional que expresamente ha proyectado un endurecimiento en la política monetaria en México como en América Latina, derivado de los efectos que ha arrojado la pandemia sanitaria y en una arena secundaria pero factible por la vecindad y las sociedades comerciales con los Estados Unidos así como el choque inflacionario derivado de la invasión de Rusia a Ucrania.
Hoy por lo pronto, debe partirse de la estabilidad institucional dentro del régimen económico mexicano en aras de salvaguardar los bolsillos de la ciudadanía paralelo con la dinámica económica y la creación de empleos.
