Madrid, 06 de mayo del 2020. El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, logró que se aprobara por la mínima en el Congreso de los Diputados el aplazamiento de dos semanas más al “estado de alarma”, que sirve de ampara legal para limitar las libertades individuales y la libre circulación, así como el de asumir el control de todas las instituciones públicas del país y en caso de necesitarlo también de las privadas. En un agrio debate parlamentario, en el que el mandatario ibérico recibió duras críticas a su gestión por todos los grupos de oposición, finalmente se aprobó la moción por 178 votos a favor, 75 en contra y 97 abstenciones.
La consecuencia inmediata a la aprobación del aplazamiento del “estado de alarma” es que la ciudadanía española estará bajo confinamiento al menos hasta el próximo 24 de mayo, cuando vencerá esta nueva autorización -la cuarta desde que inició la crisis sanitaria provocado por el Covid-19-. Los más de 46 millones de ciudadanos residentes en España viven sometidos bajo el “estado de alarma” desde el pasado 14 de marzo, cuando se ordenó el confinamiento, se limitaron los movimientos y la libre circulación de la gente y se nombró un “mando central” en materia sanitaria, pero también económica y de seguridad, que ha dirigido la crisis estos casi dos meses.
España es el país con más ciudadanos infectados de Europa, más de 220 mil, y el segundo en fallecimientos por esta pandemia -25 mil 857, a pesar de que no contabiliza a los que han fallecido por esta enfermedad sin que antes les hayan hecho un test de verificación, que son a su vez la mayoría de los ancianos muertos en asilos, que suman más de 10 mil-. Además es el país con mayor porcentaje y número de profesionales de la sanidad infectados, más de 43 mil, lo que también ha provocado el colapso durante unas semanas del sistema sanitario.
Con este panorama, Sánchez presentó en el Congreso de los Diputados su propuesta de prorrogar el estado de alarma, bajo el argumento de que era la única vía para mantener el control de movimiento de la población y de poder liberar todos los recursos públicos prometidos para paliar la crisis en algunos sectores vitales, como los servicios y el turismo. Sánchez recibió como era previsible el apoyo de los diputados de su partido, el Socialista Obrero Español (PSOE), y de su socio de gobierno, Unidas Podemos (UP), pero también se sumaron, aunque desde un punto de vista crítico, los diputados de Ciudadanos (C´s), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y algunas formaciones minoritarias regionales.
El principal partido de la oposición, el derechista Partido Popular (PP), se abstuvo por primera vez desde el inicio de la crisis y después de haber respaldado el estado alarma en hasta tres ocasiones. Al grupo de los abstencionistas también se sumaron los diputados de EH-Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Unión del Pueblo Navarro. Mientras que los grupos que votaron en contra, además con un discurso muy crítico contra la gestión del gobierno fueron la extrema derecha de Vox, los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat) y CUP y Foro Asturias.
El presidente Sánchez se comprometió a fortalecer el diálogo con las comunidades autónomas y el resto de las formaciones políticas, que ha sido hasta ahora una de las principales críticas a su gestión, así como decretar cuando todo el país pase a la siguiente fase del “desescalamiento” un luto nacional por la víctimas mortales, algo a lo que se había negado hasta ahora a pesar de los miles de fallecidos por la pandemia.
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