Ciudad de México, 02 de mayo de 2017.- La Asamblea Legislativa se apresura en aprobar la Ley de Sustentabilidad Hídrica promovida por el Gobierno de la Ciudad para beneficiar a empresas privadas, aseguró la representante del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, Elena Burns.
La Constitución de la Ciudad prohibe la privatización del servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje, pero la iniciativa de Ley de Aguas permite al Sistema de Aguas (Sacmex) otorgar concesiones para la realización de obras y la prestación de los servicios hidráulicos y vigilar su cumplimiento, aseguró Burns.
“El punto de partida de la ley es que no se puede cumplir el principio del derecho humano al agua sin capital privado, intentan obligar a la autoridad a seguir en arreglos con las mismas empresas, que a partir de mayo renovaron sus concesiones con la Ciudad de México por cinco años más”, apuntó la especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La ley considera la formación de un Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos, que contendrá la planeación a cuando menos 25 años, lo que -según la experta- anticipa la gestión de la nueva Administración en el 2018, como lo marca la nueva Carta Magna capitalina.
“La ley da explícitamente facultades al Gobierno para concesionar todos los servicios hidráulicos, obliga la elaboración de un plan de inversiones por los siguientes 25 años y quieren amarrarlo antes de que, como prevé la Constitución, los Alcaldes tengan que ver con el manejo hidráulico”, apuntó Burns.
La académica considera que la gestión del agua puede ser operada por instituciones públicas con figuras de participación ciudadana, que deberían tener más peso en la ley.
Al respecto, la diputada panista Wendy González, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, negó que haya inversión privada, ya que lo prohibe la Constitución, pero reconoció que el Sacmex no tiene las facultades para poder atender un tema tan grande como el de la distribución del agua.
“Al no permitir la inversión privada, significa que la inversión tendrá que ser pública y, si como Gobierno se tiene la posibilidad de darlo, sería excelente, pero hasta este momento no ha ocurrido y tenemos el problema”, dijo.
Ivan Sosa y Samuel Adam | Reforma
