La cifra reportada por el organismo, a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, es comparable con el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para este año para educación, el cual asciende a 324 mil 712 millones de pesos, o casi el doble del gasto para el sector salud, que fue de 128 mil 589 millones.
El SAT informó que, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, detectó que entre 2017 y 2019 empresas factureras realizaron operaciones bajo esquemas de simulación, en los cuales están involucradas 977 personas físicas y morales en distintas partes del país.
Detalló que por tal motivo dio aviso al organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se encarga de reunir informes sobre operaciones sospechosas, analizarlos y determinar si se violó la ley.
El órgano, que desde diciembre pasado está a cargo de Buenrostro Sánchez, señaló que los involucrados en dichos casos emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Si bien informó el monto por el cual se emitieron los comprobantes falsos, no detalló a cuánto ascendió el monto defraudado.
El SAT recordó que el uso de esquemas de simulación, como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, es una práctica que desemboca en conductas irregulares, las cuales conllevan una consecuencia legal que puede derivar incluso en la cárcel.
El hecho se da en un contexto en el que la actual administración federal ha endurecido la lucha contra las empresas fantasma y las facturas falsas. Cuando Margarita Ríos Farjat estuvo al frente del SAT se detectaron 150 empresas que presuntamente emitieron facturas falsas, las cuales amparaban operaciones por 282 mil millones de pesos.
En octubre pasado la UIF encontró que 10 de esas compañías efectuaron transacciones irregulares de lavado de dinero, en las cuales se hicieron transferencias a Hong Kong y China, aunque al indagar más a fondo se detalló que las operaciones irregulares llegaban a países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Suiza, Uruguay, Corea del Sur, Panamá, Israel, Portugal, Taiwán y Emiratos Árabes, entre otros.
A mediados de 2019 el SAT informó que detectó el funcionamiento de 8 mil 204 empresas que generaban una facturación de operaciones falsas por 1.6 billones de pesos, las cuales ampararon una evasión fiscal de 354 mil millones a partir de la emisión de entre 8 y 9 millones de facturas.
Dichos montos impulsaron al gobierno federal a reforzar las fiscalización, lo cual, a su vez, derivó en cambios en el marco legal para tipificar la emisión de facturas falsas como delincuencia organizada, situación que cuestionó el sector privado pero que fue solucionado para no afectar a todos los empresarios.
Además, el anuncio hecho este viernes por el SAT está respaldado por las alertas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos emite en el documento de 2009 Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales.
