- Activistas y defensoras de los derechos humanos acusaron a las autoridades de criminalizar a los estudiantes y lamentaron que fueran relacionados con actividades delictivas
Monterrey, 13 de noviembre del 2019.- Activistas y defensoras de los derechos humanos acusaron a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de criminalizar a los estudiantes de la Universidad Tec Milenio y del Tecnológico de Monterrey, que fueron asesinados por estrangulamiento e inhumados clandestinamente en un predio ejidal de Salinas Victoria.
Asimismo, lamentaron que la misma sociedad revictimizara a los jóvenes, al relacionarlos con actividades delictivas.
Durante la presentación del estudio “Un sentido de vida: La experiencia de búsqueda de Fuerzas Unidos por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León 2012-2019”, Irma Leticia Hidalgo, directora de la agrupación FUNDENL, dedicó el trabajo realizado por su equipo en coordinación con la Universidad Iberoamericana a los estudiantes Raúl Ignacio Saldaña Zertuche y a Saúl Alejandro Sandoval, que fueron reportados como desaparecidos el 16 de octubre, y el sábado anterior fueron localizados sin vida.
Hidalgo expuso que lamentablemente, además de haber sido víctimas de los delitos de desaparición y homicidio por estrangulamiento, los estudiantes del Tec Milenio y del Tecnológico de Monterrey, han sido revictimizados por la sociedad y criminalizados por las autoridades.
“No olvidemos por favor ese sentido de la humanidad que debe prevalecer entre nosotros, son víctimas de la violencia actual y la de los últimos doce años que se ven plasmados en este informe”, señaló la directora de FUNDENL.
A su vez, Irma Alma Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad, una agrupación que se dedica a estudiar y prevenir la violencia de género contra las mujeres, externó también su preocupación por la criminalización que se está realizando sobre los dos estudiantes, que ya siendo víctimas de desaparición y homicidio por parte de las autoridades “se les están atribuyendo ciertos nexos con grupos delincuenciales, y creo que eso no se vale”.
Agregó que las autoridades de la Fiscalía General, al hablar de suposiciones y sospechas, relacionadas con el supuesto consumo y trasiego de drogas por parte de uno de los dos estudiantes, “no están atendiendo el principio constitucional de presunción de inocencia y más tratándose de víctimas de homicidio”.
