Acervo | Por: Pedro Luis Noble Monterrubio | Último periodo de sesiones de la diputación federal
El anterior lunes uno de febrero dio inicio el último período ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Así, las y los diputados federales emprenderán el tramo de conclusión respecto a su ejercicio constitucional de tres años en la actual integración cameral y quienes así lo decidan podrán buscar la reelección legislativa en el marco de los próximos comicios del 6 de junio venidero. Por el lado del Senado de la República es sabido que su mandato ciudadano es por un período de seis años, mismos que posibilitaran que las y los legisladores de la Cámara Alta continúen en su quehacer parlamentario hasta el 2024, año en que se elegirá también al titular del Ejecutivo Federal.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, como desde el Paseo de la Reforma, casa del Senado, se esgrimirán durante los próximos meses diversas iniciativas y reformas constitucionales, de leyes, códigos y demás reglamentaciones federales. Entre los principales rubros que hacia la opinión pública se han conocido por parte de los diferentes Grupos Parlamentarios, se vislumbran debates camerales en torno al regulación del outsourcing (tercerización laboral), el aumento de atribuciones a la Fiscalía General de la República, la siempre controversial discusión de la aprobación en torno al uso lúdico de la marihuana, las reformas a la ley del Banco de México que abrirían la puerta a la compra en efectivo por parte del banco central de dólares americanos sin identificar su origen, así como a la eventual regulación de las redes sociales en nuestro país que desde el debate previo ya es toda una polémica, entre otros tópicos de la agenda política nacional.
Sin duda alguna, el presidente de la república quien cuenta como aliadas en ambas cámaras a las fracciones parlamentarias afines a su proyecto político, buscará consolidar a través de sus operadores y cabilderos, las aprobaciones legislativas de todos aquellos proyectos políticos, administrativos, económicos y sociales que produzcan las reformas conforme lo desea la autodenominada 4T.
Se vislumbra así, que por un lado el primer mandatario, ejerza las facultades que le permite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para enviar iniciativas preferentes al Congreso de la Unión y que estas le sean aprobadas por la mayoría calificada exigible por ley y por el otro, legisladores afines trabajen inicialmente al seno de las diversas Comisiones de las Cámaras y posteriormente suban a tribuna todo aquel interés primario surgido desde Palacio Nacional para armonizar lo que se considere impostergable para el fortalecimiento de su proyecto de gobierno.
En un escenario previsible también, se espera que la oposición fije posturas primariamente ideológicas para frenar el avance de las reformas en las materias que sean del interés del partido en el poder, pero igualmente posicione sus prioridades legislativas haciendo uso de los ya conocidos bloques al interior de ambas Cámaras. En ese sentido, por ejemplo, conocimos en la sociedad, los trabajos y resultados de la última Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, mismos que concluyeron con objetivos precisos en materia de recuperación económica en el curso de la pandemia sanitaria que continuamos viviendo, así como al fortalecimiento desde el legislativo al sector salud federal en su reto actual de vacunación a la población mexicana contra el COVID-19.