Fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el tránsito de un período extraordinario de sesiones tendientes a discutir en el parlamento la iniciativa del Ejecutivo Federal que promueve, desde el Gobierno de México, el que adquiere bienes y / o prestaciones de servicios para la salud desde el extranjero, con la connotación importante de que no existirían procedimientos licitatorios de por medio.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 y cuya última reforma se publicó en noviembre de 2014 reúne todo el catálogo organizacional y operativo para acceder de forma lícita a las contrataciones bajo las figuras de licitaciones y / o adjudicaciones directas.
Sin duda alguna, este marco jurídico ha habilitado la esquematización profesional de estos procesos que por sí solos representan una importante trasfondo económico, pero fundamentalmente social, en virtud del impacto que reviste en la vida diaria de la sociedad mexicana y de sus gobiernos, tanto en El ámbito federal como en las escalas estatales y municipales.
En estos alcances de la legislación en cuestión, surge también la relevancia de los procesos de adquisición en materia de salud. Todas y todos dimensionamos el alcance que determina decisiones y fallos administrativos desde el gobierno a nivel salud pública tienen para nuestra integridad y es por eso por lo que en la actual coyuntura que tiene en el Congreso de la Unión, es imprescindible fijar toda atención a los alcances buscados por la iniciativa presidencial, ya que en sí misma, esta es una reforma que reestructurará las capacidades y los modelos de atención médica en su opción de servicio público.
El proyecto de ley busca adicionar un párrafo que permite un modo groso habilitado cuando exista una investigación de mercado en rubros de salud pública controlable, donde puede concluir que una licitación nacional no es la vía idónea para garantizarle al Estado mexicano las mejores condiciones de compra, se permite que las dependencias y entidades del sector público previa autorización de la Oficialía Mayor dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por vía aérea directa, con organismos y corporaciones intergubernamentales de corte global.
Bajo este escenario, la norma a discutirse y en su caso a aprobarse, buscar encuadrarse en las rondas de adquisiciones de la Organización Mundial de la Salud a través del Fondo Rotatorio de Vacuna y el Fondo Internacional de Medicamentos, entre otros.
Sin duda alguna, el México fortalece su internacionalización en materia de adquisición de medicamentos y vacunas puede fortalecer el sistema sanitario nacional, pero es absolutamente necesario que exista transparencia y rendición de cuentas de cara a la sociedad en torno a las condiciones integrales del uso de Esta potencial herramienta para el Estado. Cualquier opacidad al respecto será motivo de severos señalamientos para quien ordene y opere la adquisición.
