Acervo | Por: Pedro Luis Noble Monterrubio | La nueva integración de la Corte
Es un gusto iniciar este 2022 con esta entrega semanal para ustedes estimados lectores del Sol de Hidalgo. Hago de esta primer columna del año el espacio idóneo para reafirmar mis mejores deseos de prosperidad para ustedes y los suyos, patentizando el anhelo de que este sea un ciclo anual extraordinario en cada uno de sus planos de desarrollo humano y en donde la salud siga siendo el elemento de mayor valor para sus entornos, que así sea.
Al comienzo de este año ha surgido una reconfiguración en cuanto a la integración de uno de los tres Poderes del Estado mexicano como lo es el Poder Judicial y es motivo de importante relevancia transmitirles como quedó integrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, podremos identificar primariamente que ha surgido un hito en la historia del máximo tribunal constitucional del país y este se encuentra documentado en la inclusión por vez primera de cuatro ministras de un total de once integrantes del pleno de la SCJN. El lunes pasado, el ministro presidente Arturo Zaldívar entregó la toga y credenciales a la abogada Loretta Ortiz Ahlf, quien en el tramo final del 2021 fue votada por el Senado de la República para ocupar la vacante dejada por el ministro en retiro José Francisco Franco González Salas. De esta manera la nueva ministra Ortiz se suma en paridad a sus colegas ministras Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández (orgullosamente hidalguense), siendo las dos primeras propuestas también del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes igualmente transitaron en la Cámara Alta con su designación.
Es muy importante situar la coyuntura que rige al nombramiento de un ministro o una ministra de la Corte, ya que un determinado perfil es electo desde el legislativo federal para cumplir con un período de ejercicio jurisdiccional de 15 años, sin posibilidad de reelección pero asumiendo desde la práctica de impartición de justicia, que este tiempo posibilita de forma amplia que el ministro o la ministra ejerza a plenitud las facultades conferidas por mandato de ley en aras de garantizar el acceso a la justicia plena en respeto absoluto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales, con una visión estrictamente garantista de los derechos humanos.
De acuerdo con los antecedentes documentales de la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo largo de su vida institucional se han designado 500 ministros, siendo únicamente 14 mujeres las que han recibido la responsabilidad de Estado de dictar fallos en el pleno del máximo tribunal. Ahí es en donde cobra relevancia absoluta el hecho cierto de que en un mismo momento como lo será el año de 2022, confluyan 4 ministras aportándole a la Corte su propio sello como mujeres en pleno uso de sus libertades, como prestigiadas juristas que habrán de interpretar los mandamientos constitucionales y las obligaciones, derechos y prerrogativas que emanan de los tratados internacionales de los que México es suscriptor.
A partir de esta semana, las dos salas que integran a la SCJN quedaron conformadas de la siguiente manera: Al frente de la Primera Sala encargada de sesionar los asuntos de naturaleza civil y penal se encuentra la ministra Ana María Ríos Farjat, acompañada de los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Jorge Mario Pardo Rebolledo. En tanto que la Segunda Sala adscrita para desahogar asuntos en materia administrativa y laboral, la preside la ministra Yasmín Esquivel Mossa, con la participación de los ministros Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y la ya citada nueva ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Entre ellos continuará presidiendo a la Suprema Corte hasta el 2024, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, siendo el onceavo ministro integrante del pleno. Que esta nueva etapa del Poder Judicial sea en bien de México y del Estado de derecho que exige y otorga nuestro marco constitucional.