Ayer, miércoles, se hizo el anuncio formal del proyecto tendiente a reformar el sistema de pensiones en México. El objetivo medular de esta cruzada gubernamental a palabras del primer mandatario es el de promover la mejora de las condiciones de los trabajadores al momento de su retiro de las actividades profesionales y oficios a los que se ocuparon a lo largo de muchísimos años. En suma, toda una vida.
Igualmente se precisó de cara a la opinión pública que este proyecto de reforma fue construido por más de un año desde la federación bajo el hilo conductor de la Secretaría de Hacienda en conjunto con el sector obrero y empresarial. A la presentación dada en el Palacio Nacional, acudieron las dirigencias de sectores, organizaciones y entidades afines, tales como el Consejo Coordinador Empresarial, la CTM, el IMSS, entre otros.
Bajo la consideración presidencial se dejó patentizado que el actual sistema de pensiones ha sido poco competitivo en virtud de que al pensionarse un determinado trabajador recibe únicamente la mitad de su salario, ocasionando así un serio detrimento patrimonial para millones de trabajadores mexicanos.
Debe advertirse que según lo anunciado, el fin primario de esta modificación de ley busca darle un retiro justo y digno a la clase trabajadora mexicana que históricamente ha sido el motor de la economía nacional con su arduo desempeño en la industria, en el comercio y en las actividades profesionales.
Con la propia coyuntura derivada de la pandemia sanitaria que vivimos es imperante que surja desde el Estado mexicano, una política de apoyo verdadero a los trabajadores mexicanos para resarcirles en la medida de lo posible un poco del quebranto financiero que han experimentado frente al impasse del tiempo detenido para sus labores cotidianas y el confinamiento.
La reducción de 1,250 a 750 semanas de cotización para lograr la pensión quede garantizada y que además se aumente el monto a percibir. Que se haga justicia a mujeres y hombres que diario contribuyen al engrandecimiento del país, que estas reformas ser de prontos y verdaderos efectos, con un fin prioritariamente social y que no se quede como un discurso clientelar que busque relucir y a incidir en el ánimo social y que se traduzcan en cálculos de dividendos electorales frente al 2021.
Los gobiernos municipales, estatales y por supuesto el federal, deben ser garantes de la imparcialidad en su ejercicio del poder público y seremos las y los ciudadanos quienes en absoluta libertad sufraguemos por la mejor opción política que cumpla con nuestros intereses. Cualquier incidencia fuera de la norma electoral comprometería de sobremanera la estabilidad de México y en automático esfuerzos como las legítimas modificaciones al régimen de pensiones quedarían marcadas por el uso ilícito de sus alcances y virtudes. Millones estaremos atentos a que eso no suceda.
