El pasado lunes la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio inició a la ronda de foros para debatir los alcances de la Reforma Eléctrica presentada ante esa soberanía, el 30 de septiembre de 2021 por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
De esta manera los diversos grupos parlamentarios representados en la cámara baja iniciaron el análisis de los alcances de esta propuesta de modificación a la legislación que regula la operación del sector eléctrico en México. Para estas reuniones de discusión y valoración de elementos técnicos, jurídicos, económicos, ambientales, políticos, entre otros, se han convocado a diversos actores centrales de este tema coyuntural de máxima importancia para nuestro país y que se ventila actualmente desde su parlamento nacional.
Así, acudieron primeramente diversos gobernadores del país, entre ellos, el mandatario hidalguense Omar Fayad, quién en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), expusieron sus definiciones como titulares de los poderes ejecutivos estatales en razón del impacto que la reforma en cuestión traería a sus entidades y regiones, así como las valoraciones institucionales de sus gobiernos, como integrantes del denominado pacto federal ante el concepto de la soberanía energética, que se busca preservar desde el gobierno de la República.
De la puntual participación del gobernador Fayad en San Lázaro, destacaron tres propuestas de la CONAGO hacia el legislativo federal y estas son la de incluir a los gobernadores en el desarrollo e implementación del sistema eléctrico nacional, asimismo el reconocimiento del derecho constitucional a la accesibilidad a la electricidad y finalmente que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, elabore y entregue propuestas técnicas y sociales con una visión democrática y reuniendo todas las voces expertas, más allá de ideologías políticas, en aras del beneficio al pueblo de México.
Algunos elementos a favor y en contra surgidos de las primeras rondas de este debate cameral, son por el pro, vertidos por MORENA, partido mayoritario en el Congreso y sus aliados: que la legislación vigente votada en el 2013 no se ha traducido en beneficios directos sobre la sociedad mexicana, para la Comisión Federal de Electricidad y sus trabajares. También se señala que la iniciativa privada acapara la generación de energía en el país y de esta forma se detendría la privatización del sector eléctrico mexicano y la desaparición de la CFE. Se postula también que esta reforma regulará al sector y evitará la concentración económica del mercado eléctrico en ciertos particulares.
Por lo que concierne a la negativa en torno a esta propuesta, las bancadas de oposición integradas por el PAN, PRI, PRD y MC coinciden en que este es un modelo “agotado” y que de aprobarse se retrocederían cuando menos 60 años en la operación de un modelo eléctrico para al país, al margen que no se resolverían los problemas de fondo que lo aquejan.
En el mismo sentido en contra, se ha argumentado que se afectaría enormemente la calificación crediticia del país, sumado a un daño reputacional derivado de la potencial condena a pago de cuantiosas indemnizaciones a particulares con cargo al erario público, al momento de cancelarse todos los contratos que se mantienen operables y vigentes, mismos que generan aproximadamente el 62 % de la energía eléctrica de México, lo cual supone también que prácticamente el 50 % de la población puede encontrarse susceptible de ver interrumpido su servicio de luz eléctrica, lo que conllevaría a un paro económico que afectaría de sobremanera a la industria y al comercio de bienes y servicios.
Hoy por lo pronto, es importante seguir el avance del debate y exhortar a nuestros legisladores a que voten razonadamente esta eventual reforma de ley con miras a la estabilidad y calidad energética en México.
