Tras lograr un acuerdo (cuyo contenido íntegro aún no sabemos) para la suspensión de la imposición de aranceles por parte del país vecino del norte hacia México, se pactó revisar las medidas de contención de flujos migratorios en 90 días y al mismo tiempo, seguir las conversaciones para llegar a entendimientos entre ambos países. Dos de los ingredientes para que se diera dicho acuerdo, fue el de reforzar la frontera sur del territorio nacional para detener los grupos de migrantes que intentan cruzar de forma ilegal y que México sea un “Tercer País Seguro”.
El concepto de “Tercer País Seguro” es una modalidad del derecho de asilo que surge en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951 y se aplica en aquellas naciones donde “existen garantías suficientes de respeto a los derechos humanos y al principio de no devolución, y en el que la persona solicitante de asilo puede permanecer y asentarse antes de llegar al país de acogida”.
Cabe recordar que desde hace dos años, la administración norteamericana desea que México actúe como un “Tercer País Seguro” para quienes buscan ingresar a Estados Unidos a través de nuestro territorio.
Sobre este mismo contexto, los Estados Unidos enviaría a México miles de migrantes de diversas nacionalidades, bajo el pretendido programa «Quédate en México» en el que los solicitantes de asilo podrían permanecer en tierras aztecas hasta que se resuelva su situación, situación que se ha calificado de medida unilateral de Estados Unidos, aunque la cancillería mexicana ha expresado que se ha admitido de forma temporal y por principios humanitarios.
La modalidad antes mencionada ha sido ocupada por los países pertenecientes a la Unión Europea ante las migraciones masivas de ciudadanos de África del norte y otros países que han huido de la violencia y las guerras internas.
Por otro lado, es de suma importancia considerar que para tomar la decisión de adoptar el papel de “Tercer País Seguro” el Senado y la Cámara de Diputados, tendrían que aprobar reformas a leyes migratorias, a los acuerdos binacionales y, por supuesto, modificar el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que México tendría la obligación de orientar recursos presupuestarios para cumplir esos compromisos internacionales, esto para proveer de manera integral y sostenida de satisfactores como comida, vestido, alojamiento y medicina preventiva y curativa a la población migrante o transmigrante que se establezca por tiempo indefinido en el territorio para dar cumplimiento a los principios constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Pretender imponer tarifas arancelarias por razones de migración va contra los tratados y acuerdos comerciales, más bien, estaríamos frente a la aplicación de una sanción económica por asunto migratorio y eso es motivo para fijar controversia ante organismos internacionales.
