El pasado 30 de enero, en este mismo espacio de análisis, expuse lo que se vislumbraba como los esbozos iniciales de una reforma judicial, próxima a presentarse ante el Legislativo federal y que tendría un sello propio del régimen en el gobierno frente a las labores de administración e impartición de justicia en México.
El día de ayer, el titular del Poder Ejecutivo envío al Senado de la República la iniciativa con Proyecto de Reformas con y para el Poder Judicial de la Federación, y con ello puede inferirse que el gobierno ha delineado una fina estrategia que hasta ahora luce efectiva en aras de consolidar una transformación en papel, que haga regir el andamiaje jurídico nacional conforme a los intereses de nación.
Puede considerarse entonces, que el gobierno legítima su propia reforma, aduciendo que es la corte el ente público en búsqueda de materializar tal modificación de ley y por tanto, se solidariza con el Poder Judicial para recoger su interés y encauzarlo a la reforma que comentamos.
Aparecen como ejes principales de la reforma la consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se acceda por concurso de oposición; la limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados, para garantizar que solo se otorguen a los vencedores en los concursos. Igualmente figura el establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.
Por otro lado, se destaca el reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo; el impulso a la capacitación y profesionalización del personal otorgándole a la Escuela Judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos.
Importante es mencionar que se contempla el fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios, de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres.
Se propone el establecimiento los de Plenos Regionales, en sustitución a los plenos de circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales.
La iniciativa considera la transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones. Se contempla la modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere, enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.
Vendrá así, en el aún naciente período ordinario de sesiones del Senado de la República, un intenso debate sobre el trasfondo correspondiente a las modificaciones legales que se pretenden votar en el pleno.
Como sociedad mexicana, habrá que estar atentos al curso que siga esta reforma, sus alcances y sobre todo asu eventual aplicación. Esta será la oportunidad de contar con un sistema judicial moderno y eficiente.
