Esta semana fue del conocimiento de la opinión pública a nivel nacional el descenso en dos escalones del que fue objeto Petróleos Mexicanos por parte de la calificadora Fitch Ratings para colocarse de estable a negativa en los valores BBB+ a BBB. Junto a Moody´s y JP Morgan, estas calificadoras estadounidenses con sede en Nueva York, operan un estimado del 90 % del mercado de calificaciones en México, al encontrarse autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para prestar servicios de análisis, opinión y evaluación de la calidad crediticia de empresas y gobiernos.
¿Pero cuál es el impacto o la trascendencia de una valoración crediticia específicamente en entidades públicas? Pues bien, de entrada, es importante precisar que la naturaleza de las actividades de una agencia calificadora frente a una valoración al sector gobierno se circunscriben en analizar las condiciones de deuda pública, estatus fiscal, credibilidad de las políticas en materia de finanzas, saldos presupuestarios, entre otros.
Centrando el análisis de esta publicación en el caso de Pemex, es sabida la contingencia a nivel organizacional y operativa que enfrenta ante el sustancial robo de hidrocarburos que se mantiene de forma alarmante, con deficiencias en el suministro de combustibles, pasando por serios señalamientos de casos de corrupción que al interior de la petrolera se han tenido y ahora con el inminente riesgo de perder el grado de inversión resultante de la calificación de Fitch Ratings.
El gobierno ha emprendido un plan para aligerar la carga fiscal de la paraestatal, e incluso funcionarios de primera línea de la nueva administración federal, encabezados por miembros del sector hacendario acudieron a Nueva York para lograr generar confianza entre inversionistas. Los resultados no lograron éxito para tal estrategia. El deterioro crediticio de Pemex está mermando los incentivos que el gobierno realiza en aras de apoyar a la paraestatal.
Han sido motivo de análisis los factores que generaron el recorte de calificación, entre los cuales destaca la generación negativa y persistente del flujo de fondos entre los 3 y 4 mil millones de dólares para 2019, junto con una subinversión en rubros como la exploración y producción de crudo.
En este contexto se suma la suspensión de las importaciones de crudo ligero. Con esta decisión de gobierno, refinerías como la de Salamanca comprometerá operaciones, la de Salina Cruz no superará el 60 % de su utilización y en el caso de la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, operará con un máximo del 40 % de su capacidad total, pudiendo reducirse este porcentaje, si la planta coquizadora presentase fallas. Sin crudo ligero, México seguirá comprando gasolina a los Estados Unidos de Norteamérica y a Venezuela, por eso, del total de gasolina Premium que se consume en territorio mexicano, un 80 % llega por vía de la importación.
De acuerdo con las calificadoras, Pemex tiene un profundo deterioro crediticio. Corresponde al Estado mexicano atender con plena responsabilidad republicana esta situación y allegarse de las mejores prácticas en materia de finanzas públicas para preservar las condiciones sociales y económicas en el país. Pemex es orgullosamente un acervo patrimonial de las y los mexicanos.
