El Manejo del Poder y la Administración de los Recursos Públicos | Esteban Ángeles Cerón

El control inescrupuloso de los cargos públicos en la operación política y administrativa del Estado, está marcado por acentuados procesos de corrupción e impunidad que flagelan a la sociedad.

La impunidad de los delitos de cuello blanco, ha encontrado un paraíso en el manejo del poder y la administración de los recursos públicos y una estela de desafección y desconfianza que hoy amenaza el desarrollo humano y la armonía social.

En este contexto, desde la sociedad civil organizada, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), llevó a cabo el Seminario Internacional 2017: “Poder, Corrupción e Impunidad: una agenda con enfoque de derechos”.

Este seminario, creó en la audiencia aprendizajes significativos sobre este fenómeno creciente a nivel internacional y representó un salto cualitativo en el tratamiento de la relación poder-corrupción-impunidad; porque al tiempo que permitió nutrirse de experiencias, presentó alternativas para diseñar y desarrollar estrategias para combatir estas anomias con mejores herramientas y prácticas sociales en el marco de un Estado Democrático de Derecho.

Este escenario invita a una reflexión de fondo. ¿Cómo garantizar el buen gobierno ante la concentración del poder en élites políticas?  ¿Cómo resolver la carencia de mecanismos jurídicos que involucren la participación ciudadana en la toma de decisiones del quehacer público y combatan la corrupción e impunidad?

Al respecto, el contexto histórico indica que el efecto creado por la verticalidad del poder sobre la residual participación ciudadana en las tareas del ejercicio de gobierno, agrava las prácticas de corrupción e impunidad, que son el máximo déficit en la concreción de la tarea pública.

Asimismo, esta ausencia de la ciudadanía, provoca una reproducción lasciva del poder político, que al no contar con el contrapeso de la representación de la soberanía popular, se convierte en el carnicero de la sociedad.

La probanza de esta afirmación la constituyen el peculado, los abusos de poder y la impunidad; trilogía que traza un problema de fondo, ya que la sociedad admite equivocadamente la naturalización de la corrupción; ignorando que la misma, ni disminuye los costos de gestiones administrativas, ni las allana en tiempo y forma.

En este escenario, los servidores públicos que desvirtúan su labor obteniendo dividendos económicos facilitando la gestión administrativa, hacen ver a la maquinaria del Estado como un monstruo político que castiga y no como un aparato que sirve al poder soberano del pueblo; condición que reprueba el ciudadano que concibe la función administrativa como burocrática y temible para sus necesidades e intereses.

En el mismo plano de la gestión administrativa se encuentran los partidos políticos, que al perder su sentido valórico, se convirtieron en monstruos sociales y son percibidos por la ciudadanía como entidades inservibles y superfluas, que no conducen ni encausan los intereses de la sociedad.

Este fenómeno está creando incertidumbre ciudadana ante el proceso electoral de 2018, ya que sus efectos arrastran a la perversión de la política, al desánimo social y a la ruptura de la interacción entre sociedad civil y sociedad política, siendo a la vez una respuesta a las anomias de la corrupción y a la desviación de la ética pública que veremos reflejada en un creciente abstencionismo.

En este sentido, el sufragio como expresión de la racionalidad de la soberanía popular en el escenario electoral, ha sido lastimado. Las elecciones se han convertido en un mercado de los votos y de los puestos públicos, donde las promesas son utilizadas como objetos de consumo político, que pronto se diluyen ante la inconcreción de la tarea pública, lo que ahonda la desconfianza y erosiona la credibilidad partidista.

Por ello, en los últimos años, frente al descrédito de la clase política en el mundo, hemos visto el ascenso de artistas, comediantes, futbolistas, candidatos sin partido y payasos a cargos de elección popular; evidencia del empobrecimiento de la política, de los partidos políticos y de la democracia, que se ha convertido en una pantomima visual, ante una cultura del espectáculo.

Lo paupérrimo del escenario en que han convertido la política los seudo políticos, grandes lacras y sátrapas de los puestos públicos, discrepa con el dramatismo que vive la sociedad, que hoy enfrenta una cruenta realidad y espera de las instituciones y servidores públicos, soluciones y respuestas, no las falacias del gatopardismo o la demagogia discursiva que nos ha hecho tocar fondo.

¿Qué nos hace falta como sociedad para vencer las anomias del poder, la corrupción y la impunidad?

Sin duda, vertebrar una gran masa crítica que desde la organización de estructuras institucionales, comunitarias y vecinales, promueva el ejercicio de la participación ciudadana como derecho humano, así como crear mecanismos de coparticipación en la toma de decisiones del quehacer público para resguardar con instituciones ciudadanizadas nuestro Contrato Social. Esa es la labor que tiene que emprender la sociedad y el gobierno.

La prioridad estriba en aplicar herramientas y mecanismos constitucionales para que la ciudadanía sea la protagonista de la tarea pública; oriente la toma de decisiones; y prevalezca como auditora de planes y programas, garantizando siempre su transversalidad para preservar el interés social como punto de partida de las acciones del Estado.

En este sentido, la nueva gestión pública debe apoyar los principios de ciudadanización política de sus estructuras; preservar la corresponsabilidad administrativa; y garantizar el avance cualitativo del paradigma de ciudadanización del Estado, así como las conquistas sociales que dieron paso a la institucionalización del poder, hoy alejado del principio irrestricto de que la soberanía reside en el pueblo.

Descuidar los instrumentos y mecanismos normativos que fomenten la participación ciudadana, es el campo fértil para que el poder, la corrupción y la impunidad vulneren la dignidad humana; e irónicamente, conviertan la probidad institucional, en la odisea ciudadana más grande de nuestra historia.

Agenda

• El Gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses presidió la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Hidalgo. Anunció que enviará una iniciativa para que la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y la familia, se convierta en un órgano descentralizado y autónomo que cuente con un cuerpo policíaco para la atención del maltrato infantil y facultades para litigar en temas como patria potestad, adopción, entre otros.
• Las conclusiones de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia se presentarán el próximo 25 de octubre en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional; el CCCEH recibió invitación a este importante evento.

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