El Costo-Beneficio del Financiamiento Público a los Partidos Políticos | Por: Esteban Ángeles Cerón
La enconada reacción ciudadana para exigir a los partidos políticos donar parte del financiamiento público que reciben, en solidaridad a los damnificados y a la reconstrucción de las entidades federativas afectadas por los sismos, cuestiona la asignación de fondos públicos a estos institutos, cuyo desempeño históricamente no ha brindado los resultados esperados.
La matriz costo-beneficio del financiamiento de los gastos ordinarios y de campaña, frente a los precarios resultados de concreción de la tarea publica de los representantes emanados de los partidos políticos, cuestiona su utilidad como conductores sociales y como pesos y contrapesos efectivos en el ejercicio del poder.
Los partidos políticos se han vuelto enclaves paradisiacos. Sus cúpulas y representantes crean un vacío de poder y conducción social. Se han convertido en una clase distante de sus representados, que difícilmente justifica el oneroso presupuesto que ejercen; y hoy, ante la tragedia, es considerado un abuso absurdo, que debe ser revisado de cara al proceso electoral de 2018.
La encrucijada social ante el terremoto del pasado 19 de septiembre, cimbró no sólo el sistema de partidos, sino también la estructura del sistema político y de gobierno en jaque ante las presiones y el ascenso de la fuerza orgánica y de exigencia de la sociedad civil.
El tejido social advierte del financiamiento a los partidos políticos una afrenta ciudadana, que debe ser sometida a debate para precisar: ¿es pertinente el monto y el incremento del financiamiento público, que elección tras elección reciben los partidos, sin importar que sus representantes no concretan las respuestas que la sociedad demanda?; ¿cómo asegurar la transparencia, el respeto a los topes y la rendición de cuentas?; ¿qué impide generar una tendencia de privatización del financiamiento de los procesos electorales?; ¿cómo evitar que las multas impuestas por violar los topes de campaña, se conviertan en una carga para la sociedad, que con sus impuestos paga el financiamiento de los partidos políticos, vueltos entidades indolentes y de pleno abuso social?
El proceso electoral del año 2018 nos costará a los ciudadanos 6 mil 800 millones de pesos, cifra aberrante frente a las necesidades de los damnificados, que en términos reales, no son los únicos afectados por los sismos, sino el pueblo que históricamente vive famélico, ante el desamparo político.
El termómetro del desaliento y desolación que prima en el país, evidencia que los partidos han perdido la brújula y requieren replantear su praxis política en favor de la ciudadanía; superar las inconsistencias de la calidad de la democracia, la inconcreción pública y la crisis de representatividad; y dar respuesta a los cuestionamientos de falta de funcionalidad de las estructuras institucionales y su peso en el desarrollo humano.
En este álgido contexto, de manera reactiva, los partidos han señalado distintas posturas para aliviar el momento de tragedia. Empero, las impugnaciones ciudadanas someten a juicio su voluntad política y ante lo tardío de sus respuestas, desconfían que la renuncia a sus presupuestos sea sin ningún interés electoral.
Con la astucia del cálculo político, los partidos abrieron una estela de desencuentros ante los anuncios de donación de su presupuesto, con propuestas de dar aviso al INE para dejar de recibir los gastos de operación de 2017; constituir fideicomisos mediante aportaciones de sus afiliados; e iniciativas legislativas para cambiar el financiamiento público por un sistema de financiamiento privado, la eliminación de la representación proporcional, así como la propuesta de una fórmula que permita mayor equidad, transparencia y justicia en la distribución del poder en la arena legislativa; lo cual no corrige, dicho sea de paso, la pérdida de confianza y credibilidad de la ciudadanía en la representación popular, postulada por los institutos políticos.
En este trazo de desconfianza ciudadana, de acuerdo a la encuesta GEA-ISA “La Gobernabilidad en México. Tercer trimestre de 2017: Sucesión y Terremotos”, el 67% de los ciudadanos encuestados refleja que los que más ayudaron a las víctimas del terremoto fueron los ciudadanos voluntarios, particularmente los jóvenes.
En perspectiva, el imaginario colectivo considera que la fuerza orgánica de la sociedad civil es capaz de generar una respuesta horizontal a sus necesidades, lo que advierte el grado de compromiso que requiere asumir el gobierno, en correspondencia a la fuerza ciudadana y sus expectativas de concreción y probidad solidaria.
La desafección política de la ciudadanía ante los partidos, enuncia que el diseño del sistema político y de gobierno está en función directamente proporcional al desánimo social; donde la carencia de mecanismos de participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones, ha debilitado el rol sustantivo e histórico que debe tener la sociedad en el quehacer público y ha ampliado la brecha entre ciudadanía y gobierno.
El balance entre Estado y sociedad civil después de los sismos, tiene consecuencias previsibles. Las inconsistencias del quehacer público se han convertido para la ciudadanía en una condición que obstruye las oportunidades de desarrollo humano, por lo que deben ser revaloradas para garantizar la gobernabilidad democrática.
Esta percepción lapidaria de la ciudadanía no es inamovible para el Estado, pero ello presupone un esfuerzo mayúsculo de reestructuración de la concreción y probidad pública. De lo contrario, el marasmo del realismo político apunta a una tragedia nacional, ya que el financiamiento de los partidos políticos es sólo la punta del iceberg de un sistema político, que ha extraviado el rumbo de la realidad social.
Agenda
- El Presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, reconoció la labor desempeñada por los cuerpos de búsqueda y rescate que participaron en las labores de auxilio a la población, tras los sismos de septiembre. Expresó: “el país está de pie, siendo la unidad y la solidaridad su fortaleza… se dejó de manifiesto el humanismo de los mexicanos para ayudar a personas que no conocían.”
- La cuarta Ronda del TLC ha generado incertidumbre ante las declaraciones del Presidente Donald Trump, de extinguir el tratado y crear un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá.
- De visita en México, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, en el Senado de la República apuntó que “la única manera de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se modernice y se recupere un mundo libre y justo, es estableciendo normas laborales justas y progresistas, con mejores salarios y trabajos en la región.”
- El próximo 19 y 20 de octubre, en el Hotel María Isabel Sheraton, se llevará a cabo el 6º Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas “Poder, corrupción e impunidad: Una agenda con enfoque de derechos”.
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