Pachuca, Hidalgo, 01 de octubre de 2017.- A 32 años exactos del gran sismo de 1985, México revisa su devenir y la sociedad exige que lo reinventemos. Lo claman jóvenes, mujeres y hombres de esta generación como lo hicimos en los ochentas quienes entonces éramos estudiantes universitarios. Hoy, sentidamente escuchamos voces y expresiones que nos piden a los legisladores que actuemos con responsabilidad y sobre todo con congruencia.
En la historia ya quedó registrado el 7 de septiembre de 1917 como fecha del funesto terremoto con epicentro en el Golfo de Tehuantepec con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter y volvió a marcarse en las efemérides el 19 de septiembre, día en que vivimos un sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Ritcher que afectó a la Ciudad de México, Estado de México y a los estados de Guerrero, Morelos y Puebla. Tan intenso fue que el movimiento telúrico fue percibido en nuestro estado en varios municipios que considerábamos situados en zonas asísmicas.
Ambos terremotos dejaron cientos de personas fallecidas y lesionadas. Juntos, sociedad, Ejército, Marina y gobierno, se dieron a la tarea de rescatar a heridos en el colapso y ahora están atendiendo a la población que resultó damnificada proveyendo alimentos, ropa, productos higiénicos, servicios médicos, instalación y operación de albergues. Igual empresas, organizaciones ciudadanas, población en general y los gobiernos municipales, estatales y federal se hallan retirando escombros, limpiando calles y restableciendo servicios básicos.
Nadie puede dudar, ni por asomo, de ese gran esfuerzo nacional en UNIDAD.
La SOLIDARIDAD ha sido la gran lección que nos están dejando los movimientos telúricos y los huracanes Franklin, Kata, Lidia y Max. La solidaridad de los mexicanos con sus instituciones es evidente: con el Ejército, la Marina, cuerpos policiacos, bomberos, el IMSS, el ISSSTE, los servicios de salud de las entidades federativas, etcétera. El Estado Mexicano ha dado muestra internacional de su fortaleza. Los mexicanos otra vez hemos mostrado al mundo entero nuestra capacidad de hermanamiento para afrontar las emergencias por desastres. Esa es la verdadera riqueza nacional con la cual habremos de reinventar el México nuevo.
De acuerdo con diversos análisis que se han realizado, los recursos públicos del FONDEN en 2017 de 6,035 MDP (seis mil treinta y cinco millones de pesos) y los proyectados para 2018 que son del orden de 6,644 MDP (seis mil seiscientos cuarenta y cuatro millones de pesos) serán insuficientes para los trabajos de reconstrucción, de tal manera que con responsabilidad los legisladores tenemos que dar respuesta a la exigencia social, para la reconstrucción y para una nueva construcción del México de este Siglo XXI. Los recursos de esos fondos definitivamente serían insuficientes para el tamaño de la emergencia que estamos cursando.
Con SERIEDAD, con compromiso social, el PRI, consciente de los problemas que atraviesan muchas familias y empresas de todos los tamaños, renunció al total de los recursos que le fueron asignados para el año 2017, por un monto total de 258 millones de pesos. Con SERIEDAD, las y los diputados del PRI, encabezados por César Camacho Quiroz, presentamos en esta semana una iniciativa Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el financiamiento público para partidos políticos y para eliminar las diputaciones y senadurías que no sean de votación directa (plurinominales).
En vez del financiamiento público se propone el financiamiento privado que provenga de militantes y simpatizantes, con los debidos controles de transparencia y licitud en el origen de los recursos privados. La iniciativa propone que el ahorro que se generará por el cambio de la fuente de financiamiento a partidos políticos será destinado exclusivamente para la reconstrucción y reparación de los daños causados por los sismos ocurridos en septiembre y para otros desastres naturales.
De acuerdo con cifras del financiamiento público de 1997 a 2017 consideradas por el INE, de 2008 a 2017, el financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de partidos políticos se ha incrementado en más de mil 400 millones de pesos. Según esos cálculos el financiamiento para campañas electorales también se incrementará, de 2012 a 2018, en más de mil 645 millones de pesos, a pesar de que con la reforma de 2007 se acortó su duración para reducir los gastos.
Haciendo eco a diversas expresiones sociales y por convicción ética, política e histórica de quienes nos adherimos a la iniciativa, proponemos que se eliminen las diputaciones y las senadurías que no sean de votación directa. En efecto, es muy costoso tener un Congreso con gran membresía y más costoso es la demora en lograr los grandes acuerdos nacionales que impiden tener un Poder Legislativo eficiente y eficaz. De esta manera, acompañamos al presidente Peña Nieto en su propuesta de reducir el número de diputados federales.
Se sostiene en la iniciativa que la propuesta generará importantes ahorros en recursos públicos, que podrán destinarse a otras cuestiones también prioritarias para la Nación pues, por ejemplo, si tomamos en cuenta el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, ya presentado por el Ejecutivo Federal, los ahorros que generaría la aprobación de la presente iniciativa constitucional, sólo respecto del Congreso de la Unión, sería de 5,748 millones de pesos.
Pero estos ahorros no sólo quedarían ahí, pues también la presente reforma constitucional plantea que esta modificación se aplique a las legislaturas de los Estados, lo que generará ahorros de alrededor de 5,870 millones de pesos, tomando como referencia los presupuestos de egresos de cada entidad federativa, aprobados para el ejercicio fiscal de 2017.
Así, la reducción de diputados, a nivel nacional, sería de 702 legisladores, en tanto que la Cámara de Senadores se reduciría en 64 senadores plurinominales y de primera minoría.
Con ello, el ahorro que generaría cambiar la integración de los cuerpos legislativos, para que ahora sólo lo integren quienes hayan sido electos de forma directa por la sociedad, sería de 11,619 millones de pesos; recursos que pueden destinarse a la atención y reparación de daños ocasionados por los desastres naturales recientes, y que resulta apremiante atender en beneficio de la población que más lo necesita.
México nos exige a todos los legisladores de todas las expresiones políticas, entregarle al país de nueva norma constitucional que reduzca el gasto para operación política y se oriente a la inversión social, específicamente a favor de quienes resultaron damnificados. Es la iniciativa, la propuesta que hemos hecho a la Cámara de Diputados para que con el Senado de la República la aprueben y pase en su oportunidad la minuta de dictamen a las legislaturas de los Estados. Así se responde con UNIDAD, SOLIDARIDAD Y SERIEDAD.
Septiembre 29 de 2017
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