La Confianza Institucional y el Sistema Nacional Anticorrupción | Esteban Ángeles Cerón
La confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas, ante las anomias de corrupción e impunidad a nivel internacional, presenta una complejidad creciente, sin que los mecanismos jurídico-políticos creados, combatan de manera eficiente este monstruo social que amenaza con devorar a las estructuras democráticas del orbe.
Enfrentamos un escenario nunca antes visto. Las anomias están presentes en ámbitos tan variados y graves como el feminicidio, la trata de personas, la desaparición forzada, la tortura, los delitos de alto impacto, el narcotráfico, el crimen organizado, las irregularidades e impugnaciones por el manejo de recursos, la falta de transparencia, los peculados y el abuso de la función pública, involucran la convivencia e interacción cotidianas y ponen de manifiesto que el Estado debe profundizar la aplicación de los nuevos paradigmas de Procuración de Justicia y Anticorrupción.
Los eventos protagonizados por el consorcio Odebrecht y sus redes de corrupción, que hoy aquejan a la esfera pública en diversos países de América Latina y Europa, imponen la necesidad de exigir el esclarecimiento de los hechos sobre posibles sobornos en la empresa estatal Petróleos Mexicanos.
Más allá del problema que significa la corrupción e impunidad, se encuentra el déficit de mecanismos democráticos de corresponsabilidad en la toma de decisiones del quehacer público.
La transparencia y la rendición de cuentas no son factores desvinculados de la legitimidad pública; son consustanciales a ella y advierten la responsabilidad del ejercicio de gobierno con la ciudadanía para la confiabilidad política de la tarea pública.
De acuerdo a la OCDE, en el año 2016, México fue considerado como el país miembro más corrupto, lo cual impide su óptimo desarrollo, por elevar los costos de transacción de la inversión extranjera y nacional, lo que provoca la pérdida de confianza ciudadana en sus instituciones.
¿Qué le hace falta al Estado y a la sociedad para desterrar las anomias de corrupción e impunidad del país?
La respuesta es multidimensional, el primer paso es afianzar una cultura de la legalidad desde la microfísica social, que garantice que la sociedad se comprometa con los valores del Estado y sea el mejor antídoto contra la corrupción y la impunidad; y establecer estructuras funcionales en las que no exista ningún recoveco de oportunidad para exigir sobornos, prebendas, tráfico de influencias, compadrazgos o cualquier subterfugio que permita desvirtuar la respuesta operativa del Estado.
Si garantizamos la interoperatividad e interoperabilidad de la inteligencia institucional y social, y hacemos de la tarea pública un bien público y no la delegación vertical del poder político, garantizaremos una casa para todos. Nadie barre sin escoba y la escoba es patrimonio familiar.
En este trazo, fortalecer la democracia implica abrirla a la corresponsabilidad de las decisiones públicas, bajarla al pueblo para hacer que lo edificado se verifique y escrute por la ciudadanía, y que la respuesta del Estado cause un efecto de compromiso socio-estatal.
El vínculo fundamental de la probidad pública con la ciudadanía, estriba en la apertura y observancia de protocolos de control ciudadano en la gestión pública, donde la interdependencia en la toma de decisiones impide cualquier abuso, porque trasciende a la voluntad política de los funcionarios para respetarla y preservarla, evitando la unilateralidad de las decisiones.
La politización y la cognición del quehacer público son factores cruciales para la ciudadanía; ello demanda una pedagogía cívica que prime desde la educación primaria a la superior, como estructura deseable que coaligue al ciudadano al gobierno y nutra los espacios vacíos de la conducta social.
El imperativo político de los poderes públicos es garantizar su funcionalidad operativa, porque tienen la responsabilidad de armonizar y vincular sus esfuerzos para permear con el ejemplo, y hacer que la ingeniería constitucional sea palabra efectiva y no letra muerta en la planeación democrática del Estado.
Pensemos un México donde lo institucional sea eficaz y operativo, capaz de lograr que el quehacer público sea una estructura generadora de resultados y oportunidades para la sociedad y exprese la cocreación corresponsable entre sociedad y gobierno.
Debemos reconocer que la corrupción e impunidad han hecho estragos en la confianza y credibilidad social, que nuestra sociedad vive frustrada, ante las carencias de respuesta de probidad y salvaguarda del valor de la soberanía popular, rostro del déficit de representatividad que hoy vulnera el alma ciudadana.
En México no podemos permitir la naturalización de la corrupción, ni caer en la encrucijada de sus escándalos. Es necesario blindar nuestra institucionalidad para prevenir e impulsar mejores mecanismos públicos, que derroten esta anomia social.
Es tiempo de que el Estado sea público y en público, para que la horizontalidad ciudadana en la toma de decisiones contenga el frenesí del abuso, el atropello y la desesperanza que hoy flagelan a nuestra sociedad.
La corrupción puede ser extirpada.
Esta anomia se ataca desde la cultura cívica con una sociedad civil activa y deliberante, que edifique ciudadanía efectiva, comprometida y solidaria, que asuma en corresponsabilidad decisoria las tareas de la esfera pública.
Los dilemas políticos de la corrupción se centran en el fraude que provoca a la soberanía popular, que fractura la confianza ciudadana y crea una crisis moral, ante el asalto que sufre la administración pública, a manos de algunos de sus servidores.
La separación de la ética cívica de la política, hace del lucro personal, una conducta que lacera a la Nación.
El pueblo no tiene alternativa ante las anomias del poder público; debe auditar a la democracia y sus estructuras institucionales de forma sistémica; permear en las relaciones entre Estado y sociedad, bajo la visión crítica de los contrapesos reales del poder, que se centren en la participación ciudadana como componente esencial de las acciones del ejercicio de gobierno.
Agenda
- El PRI en su XXII Asamblea Nacional, constituyó una Comisión de Revisión de Cuentas y Ética, para obligar a sus militantes a rendir cuentas; a revisar las trayectorias y conductas de probidad en el encargo público y representación popular; escrutar de manera permanente; y castigar cualquier abuso e irregularidad que pudieran presentar.
- El Estado Islámico reconoció la autoría del atentado terrorista en las ciudades de Barcelona y Tarragona, que hoy enlutan e indignan a la comunidad internacional.
- Se llevó a cabo el Foro de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia; se presentaron 51 ponencias que trataron la amplia temática y se reflexionó en torno al diagnóstico de la PGR a un año de haberse puesto en operación el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
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