La Arquitectura de un Nuevo Modelo de Procuración de Justicia | Esteban Ángeles Cerón

Desde la dimensión del equilibrio y armonía social, el Modelo de Procuración de Justicia debe trascender hacia la ética que salvaguarde la paz y la convivencia humana.

Considerando la coyuntura de la realidad social que enfrenta una severa crisis de seguridad. La implementación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) aún en proceso de maduración y la transición de Procuradurías a Fiscalías Autónomas, impone darle forma a una nueva arquitectura que permita concretar de manera eficiente su reinstitucionalización.

Construirlo no sólo es un reto de la estructura de obligaciones del Estado, es el imperativo categórico de una sociedad que exige edificar un sistema racionalmente organizado, que haga de la justicia una máxima del desarrollo humano; hoy laxamente ausente por la verticalidad de sus acciones que han marginado a la ciudadanía de su ejercicio como práctica de gobierno abierto.

Empero el contexto de la procuración e impartición de justicia, acusa falta de articulación, comunicación y vinculación de todas las instituciones responsables de procurar e impartir justicia, seguridad pública y derechos humanos. Esto impone fortalecer la interoperatividad en los puntos donde convergen con los sistemas de Transparencia, Rendición de Cuentas, Anticorrupción, Fiscal y Bancario entre otros. No puede quedar libre el culpable ni en indefensión el inocente.

En este escenario a un año de haberse concluido la implementación del nuevo sistema a nivel nacional, la Procuraduría General de la República realizó el estudio “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de trabajo” para conocer la situación que guarda el NSJP; las acciones que son necesarias para consolidarlo; y las experiencias de las instituciones encargadas de procurar justicia en las Entidades Federativas, debido al carácter nacional del marco jurídico que lo regula.

Este análisis prescribe: “la imperiosa necesidad de diseñar un nuevo modelo de arquitectura institucional acorde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que lo haga operable y que sea capaz de replicarse en las 33 procuradurías y fiscalías de los dos órdenes de gobierno; ya que, así como es único el sistema de procuración de justicia que prevé la Constitución para toda la República, también lo son los fines del proceso penal para todas las autoridades en la materia: lograr el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente y de las víctimas, el castigo del responsable, la reparación del daño y arribar a soluciones pacificas de los conflictos sociales.” (https://goo.gl/LKKXt3)

Para este propósito, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES), así como las Conferencias Nacionales de Gobernadores (CONAGO), de Procuración de Justicia(CNPJ) y de Secretarios de Seguridad Pública (CNSP), convocaron a la academia, a los sectores público, privado y social a participar en esta consulta nacional.

Por la relevancia que tiene una ciudadanía bien informada sobre los propósitos de esta consulta, el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo (CCCEH), junto con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), organizó Foros Regionales para promover la participación ciudadana en el análisis y formulación de propuestas que se presentarán en la consulta que se llevará a cabo este 17 de Agosto en la UAEH.

Fueron sede de estos Foros Regionales, Actopan, Pachuca, Zimapán, Tula, Tulancingo, Ciudad Sahagún y Huejutla. Participaron académicos, estudiantes, servidores públicos, representantes de la sociedad civil, periodistas, consejeros y ciudadanos en una estructura de propuestas y deliberación libre, abierta y plural sobre la amplia temática de la consulta, los obstáculos que amenazan su consolidación y la manera de enfrentar los enormes retos que se tienen.

Se confirmó que a nivel estatal y nacional la arquitectura del Nuevo Modelo de Procuración de Justicia, debe sujetarse a un escrupuloso proceso de reorganización institucional; y asegurar que sus operadores cuenten con los conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para desarrollar las funciones del sistema y atender las lógicas de las políticas públicas y su transversalidad.

En este cometido, es necesario evitar caer en los resabios que aún persisten en las estructuras de Procuración de Justicia. No se puede avanzar desde instituciones cuyo anquilosamiento obstruyan la innovación jurídica emprendida, ni su desarrollo puede estar parido por la impericia, el desconocimiento y la falta de voluntad política necesaria para esta tarea histórica que hoy exige nuestra sociedad. No podemos poner vino nuevo en odres viejos.

Esto exige uniformar la aplicación del Sistema de Justicia Penal Adversarial de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014; la Ley Nacional de Ejecución de Penas de 2016; la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de 2016; y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de 2016, entre otras.

Es evidente que construir una macro estructura jurídica, como lo implica el NSJP demanda dar respuesta a las carencias institucionales que presentan las procuradurías, en cuya inercia operativa pueden persistir prácticas del sistema tradicional que podrían dañar su desarrollo.

El problema es claro: los resabios de una arquitectura anquilosada y aquejada por prácticas insostenibles, en las que cayó la procuración de justicia en el país, parecen negarse a morir ante la complacencia de aquellos que desde el pedestal de la seudo profesionalización, se resisten al cambio de paradigma de la justicia mexicana.

Ha llegado el momento de hilar fino en la procuración de justicia. Su remodelación depende de que los cimientos del edificio no se construyan desde las antiguas estructuras institucionales. Es necesario trascender desde la inteligencia institucional y social para restituirle a la ciudadanía la confianza en sus instituciones.

La desmoralización de nuestra sociedad es el síntoma inequívoco de que la tarea de la justicia no puede seguir en el extravío. La naturalización de la violencia y la injusticia no caben en un Estado Democrático de Derecho, porque son la antítesis de la paz social, que como principio y fin del Estado, debe permanecer como eje rector de todas las acciones del ejercicio de gobierno.

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• En la XXII Asamblea Nacional del PRI se aprobó la modificación de sus Estatutos, derogando el requisito de 10 años de militancia efectiva para quienes aspiren a ser candidatos a la Presidencia de la República, medida inédita opuesta a la capilaridad política de la militancia.

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