La modernización del Estado, centrada en el enfoque de una Nueva Gestión Pública, traza una relación corresponsable entre política y administración para reencausar los viejos paradigmas que las sitúan como acciones ajenas al interés público.
Este planteamiento crea las bases para que servidores públicos y políticos, asuman la convicción de insertarse en un nivel de profesionalización que garantice la interoperatividad e interoperabilidad, que evite la fragmentación, dispersión e inconexión de las estructuras orgánicas, programáticas y presupuestales de la administración pública e incremente la calidad en la ejecución de las políticas públicas.
El marco normativo de la Nueva Gestión Pública, en el Gobierno Federal y en las entidades federativas, tiene como principio de racionalidad y congruencia, homologar directrices, principios, procedimientos y mecanismos de la administración pública a nivel Nacional.
En esta lógica, el Sistema Nacional Anticorrupción al vincular a funcionarios, políticos y ciudadanos en un eje común, debe garantizar una eficaz y eficiente operación de los recursos humanos, técnicos, administrativos y políticos del Estado; y proyectar su interacción con los sistemas de Transparencia, Fiscalización y Financiero, a la edificación de un hábitat político de alta dirección, que unido a la fuerza ciudadana, fortalezca las lógicas de corresponsabilidad en la toma de decisiones del Estado.
Esta prescripción deja de lado improvisaciones y prácticas reactivas; realiza la planeación democrática con una lógica de inteligencia institucional, significada por lograr mayores beneficios sociales, económicos, culturales y políticos; y asegura que el desempeño de cada servidor público responda con resultados a la demanda de los ciudadanos.
Pese a esta reestructuración de racionalidad administrativa, los logros a nivel nacional han sido discretos y acusan problemas de fondo como la falta de nombramiento del Fiscal General, del Fiscal Anticorrupción y de los Magistrados Especiales del Tribunal de Justicia Administrativa; la no asignación de recursos presupuestarios; así como evidentes insuficiencias en la formación profesional. Todos estos factores obstruyen la funcionalidad administrativa del SNA.
¿Qué se requiere hacer para lograr que esta Nueva Gestión Pública cumpla los objetivos que se le han fijado?
Entre otras acciones es necesario acercar las lógicas de la administración pública a la ciudadanía. Construir desde la pedagogía política una estructura cognitiva ciudadana con prácticas cotidianas en planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del quehacer público; y custodiar los resultados de procedimientos, uso de recursos, respuestas a trámites, peticiones y prestación eficiente de servicios públicos.
Hay que erradicar los vicios de la administración pública y las prácticas de nepotismo, abuso de poder, autoritarismo, redes de corrupción e impunidad https://goo.gl/jfvaBp.
Hacer de la cooperación interinstitucional, con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, centros de investigación y ciudadanía en general, un nuevo modelo de desarrollo integral e incluyente, que con un sentido abierto y vinculante, redireccione las tareas públicas y establezca controles efectivos para su concreción en un circuito virtuoso de concertación progresista.
La apertura de la administración pública a la ciudadanía es el verdadero contrapeso que le hace falta a la conducción política del Estado. No basta con la acción de los partidos políticos. No es suficiente la organización ciudadana al margen del Estado. No es admisible sólo transparentar las acciones del ejercicio de gobierno. Hay que ir a la medula del problema: hacer público lo que es público.
Estabilidad y congruencia deben ser el distintivo del Sistema Nacional Anticorrupción y esto sólo es posible si su estructura operativa a nivel país, logra que lo nacional y lo local coexistan, sin misterios ni cortapisas; sin secrecías ni discrecionalidad, sino en el ejercicio profesional abierto, objetivo y horizontal, que permita que su estructura constituya una fortaleza ciudadana.
Edificar este entorno impone la socialización de los asuntos de interés público; diseñar el método que permita la profesionalización de los servidores públicos, actores políticos y ciudadanos; y propiciar una visión administrativa profesional y corresponsable, que disminuya la incidencia de errores técnicos en la toma de decisiones.
En este trazo, el CCCEH, está diseñando una propuesta cuyo objetivo es brindar conocimientos especializados sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, su marco jurídico, fiscalización, rendición de cuentas, ética pública, procedimientos para prevenir, investigar, sustanciar y sancionar actos de corrupción, estructura y operación de combate a la corrupción y sus mecanismos de coordinación, así como buenas y mejores prácticas en el contexto nacional e internacional.
Esta propuesta de profesionalización garantiza la construcción y consolidación del conocimiento de teorías y conceptos y estará dirigida a servidores públicos del gobierno federal, estatal y municipal, profesionistas y académicos, sociedad civil y estudiantes.
De los módulos que lo integran, destacan el análisis de la estructura de la administración pública y del SNA; el papel de la participación ciudadana en la ética del Estado; la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; las relaciones entre el SNA con los poderes Legislativo y Judicial; los partidos políticos; y el contexto internacional.
Este esfuerzo de profesionalización hace frente al oscurantismo institucional; refrenda las prácticas de Gobierno Abierto y en Público, que exigen hacer del dominio público las tareas del Estado; y garantiza que el funcionamiento y operación del sistema anticorrupción no tenga un carácter exploratorio o de aventura administrativa, sino de certeza profesional.
La mesa está puesta, sólo hace falta que el apetito de los comensales se predisponga para hacer de esta propuesta de profesionalización el principal sustento para hacer que la administración de lo público salga de su oscurantismo y forje en la horizontalidad de la toma de decisiones, el escenario que marque una nueva era para la Nación.
Agenda
- Se otorgó la Presea Miguel Hidalgo post mortem al Maestro Ramón G. Bonfil, reconociendo lo sobresaliente de su trayectoria en favor de la educación y de la lucha reivindicatoria de los campesinos del país. El Gobernador Omar Fayad Meneses, destacó su contribución al sector educativo de Hidalgo, al haber aportado de manera notable su colaboración para conseguir que la UNESCO otorgara a Hidalgo el Premio Noma por sus logros en la alfabetización.
- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la sede del Senado de la República, reconoció a la UNAM por haber logrado ante la UNESCO la homologación como Geoparques Mundiales, de la Comarca Minera de Hidalgo y de la Mixteca Alta de Oaxaca.
- El Congreso del Estado aprobó la iniciativa del Gobernador Omar Fayad para suprimir el fuero constitucional y la declaratoria de procedencia. Esta medida, garantiza la igualdad entre los ciudadanos para ser juzgados ante la probable comisión de un delito y pone fin a la inmunidad procesal de servidores públicos.
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