México, 23 de julio de 2017.- El juez de control Gerardo Moreno García vinculó a proceso a Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).
Consideró que los indicios presentados por los agentes del Ministerio Público de la Federación fueron “razonables, aptos y bastantes” para que el ex gobernador de Veracruz enfrente juicio.
Antes de que concluyera la segunda audiencia, que se alargó por más de 12 horas, incluidos dos recesos, el abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro, anunció que impugnarán la determinación del juzgador.
El juez Moreno García también determinó que el ex mandatario estatal permanezca en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pese a que la fiscalía solicitó, por segunda ocasión, que Duarte fuera internado en el centro penitenciario ubicado en el municipio de Ayala, en Morelos.
En este caso, el ex priista seguirá en prisión oficiosa por el delito de delincuencia organizada, y justificada por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocida también como lavado de dinero.
El juez de control explicó que su decisión se debió a que los fiscales no aclararon si ese penal federal es de máxima seguridad, como lo determina la norma en casos de imputados por el delito de delincuencia organizada.
Puntualizó que por este mismo caso ya sentenció a dos personas por ese ilícito y fueron internadas en este reclusorio de la Ciudad de México. También recalcó que, a su consideración, existe riesgo de fuga por parte de Duarte, ya que su orden de aprehensión fue cumplimentada en Guatemala, donde huyó tras pedir licencia como mandatario estatal.
Asimismo, Moreno García concedió a la PGR el plazo máximo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tendrán que recabar pruebas para el juicio oral.
Los agentes del Ministerio Público de la Federación revelaron que existen indicios de que Duarte abrió cuentas bancarias en Suiza y hay posibilidad de “identificar más recursos” desviados del erario de Veracruz.
Esta misma sospecha, abundaron, tienen de Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del ex gobernador de Veracruz, quien cuenta con una orden de aprehensión pendiente por cumplimentar.
El agente Pedro Guevara Pérez dio a conocer que ya solicitaron la asistencia jurídica internacional a ese país, con lo que justificó los seis meses que solicitaron para el cierre de la investigación, cuyo plazo es el 22 de enero de 2018.
Antes de esa fecha, la PGR debe concluir la investigación y presentar la acusación formal, luego de que haya precisado a cuánto asciende el monto desviado y si existen otros ilícitos, además de identificar a otros posibles involucrados.
El funcionario federal también detalló que utilizarán este plazo para ampliar declaraciones ministeriales a Juan José Janeiro Rodríguez y Alfonso Ortega López, abogados fiscalistas y cómplices confesos de Duarte en esta red criminal.
Al colaborar con la autoridad ministerial, ambos fueron beneficiados con el criterio de oportunidad, figura jurídica por la que se les canceló la orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
A propósito de Ortega López, no acudió a la audiencia de ayer, a pesar de que fue requerido y notificado por la autoridad judicial para ser interrogado por la defensa.
De acuerdo con el juez, si no justifica su ausencia será arrestado e incluso puede perder su beneficio de criterio de oportunidad y ejecutarle la orden de aprehensión.
Guevara Pérez, también director general de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Federales de la PGR, aseveró que de igual forma buscarán ampliar la declaración del ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz durante el mandato de Duarte, Arturo Bermúdez Zurita.
“No te vas, llegaste conmigo y te vas conmigo. Atente a las consecuencias de abandonarme”, dijo Duarte a Zurita cuando no quiso obedecer una orden y le presentó su renuncia, según reveló ayer Guevara Pérez.
El juez de control consideró clave la entrevista ministerial de Zurita para vincular a proceso al ex priista, pues la defensa cuestionó en varias ocasiones las declaraciones de Ortega López y Janeiro Rodríguez, la cuales incluso calificó de ilegales.
El juzgador determinó que el ex gobernador de Veracruz “daba las órdenes directas” para la constitución de empresas fachadas para diversas operaciones con recursos de las arcas del estado.
No obstante, enfatizó al ex priista que su decisión de este sábado no es “una sentencia, no he dicho que es penalmente responsable. En mi consideración cometió un hecho y existe la probabilidad de que usted lo cometió o participó”.
82 DATOS DE PRUEBA
Para la audiencia de ayer, los representantes de la PGR aportaron 82 datos de prueba y más de seis horas de exposición para desglosar la imputación de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La mayoría de esta información correspondió a estados de cuenta de distintas instituciones bancarias, de las que presuntamente desviaron los recursos. También corresponden a dictámenes en materia de contabilidad y escrituras públicas de distintos bienes.
Su argumentación incluyó una gráfica que explicó a detalle Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Por más de una hora, el funcionario de la PGR destacó que los prestanombres de Javier Duarte vendieron a un sobreprecio de hasta “15 mil por ciento” propiedades que adquirieron con dinero del gobierno estatal.
Por ejemplo, dijo, Alfonso Ortega López compró 150 hectáreas del ejido de Lerma por un precio de un millón 165 mil pesos y después lo vendió a una empresa fantasma en 244 millones de pesos que él mismo constituyó.
En su gráfica, Lira Salas estimó que mil 670 millones de pesos fueron desviados por la red criminal de Duarte durante su mandato como gobernador de Veracruz, a través de seis dependencias, entre las que se encuentran las secretarías de Educación, Salud, Desarrollo Económico y Agricultura.
De igual forma, puntualizó que hasta el momento se tiene documentadas 38 empresas fachadas que utilizaron para concretar su red delictiva, 27 correspondientes a fondeadoras de primer nivel y 11 más de segundo nivel.
Sin embargo, este monto no es definitivo y puede aumentar, pues de acuerdo con el Ministerio Público de la Federación, la investigación no ha concluido, tal es el caso de los indicios de cuentas bancarias en Suiza que fueron abiertas por el ex mandatario.
En esta ocasión, además de los mismos tres agentes del Ministerio Público de la Federación que asistieron a la audiencia inicial, y que fueron criticados por su actuación, también acudieron tres más, así como un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fungió como asesor jurídico de la Fiscalía.
“El pueblo de Veracruz y México exigen que el daño causado sea reparado. No vincular a proceso JDDO es mandar un mensaje de que cualquier gobernador que no tiene bienes a su nombre queda exento de la justicia”, enfatizaron.
Duarte, ya con la vestimenta color caqui característica de los internos, casi no habló y cuando escuchó el fallo del juez de control se vio cabizbajo y no quiso hacer declaraciones.
Con información de: http://www.milenio.com
