El 2018, “prueba de ácido” para el INE
Ciudad de México, 23 de abril de 2017.- Para el 2018 México tendrá la concurrencia más grande de su historia electoral; se van a renovar los poderes locales (nueve gobernadores, 983 diputados y alrededor de dos mil alcaldías) en 29 de las 32 entidades federativas, ello a la par de las votaciones presidenciales con altas expectativas, de senadores (128) y diputados federales (500). Además, por primera vez, los habitantes de la Ciudad de México elegirá a sus alcaldes –actualmente 16 delegaciones políticas- y a sus concejales
Y a decir de la autoridad electoral será la “prueba del ácido’’ de las normas y de los procesos electorales, de la institucionalidad electoral, incluyendo el tema de la propia fiscalización.
Los nueve Estados de la República que van a elegir a sus gobernadores en el 2018 son: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Y las 29 entidades que eligen a sus diputados locales y a sus alcaldes, en periodos normales y de aquellas que modificaron sus leyes locales para realizar comicios con fechas a los federales son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y Quintana Roo.
Los tres únicos Estados de la República que no tendrán elecciones locales pero sí las federales en 2018: Nayarit, Durango y Baja California.
En las nueve entidades federativas que se elegirá a gobernador, en dos gobierna el PRI: Jalisco, Aristóteles Sandoval y Yucatán, con Rolando Zapata; en tres el PAN, Guanajuato, Miguel Márquez, Puebla, Antonio Gali y Veracruz, Miguel Ángel Yunes; en tres el PRD, Miguel Ángel Mancera, Ciudad de México, Tabasco, Arturo Núñez y Morelos, Graco Ramírez; y en uno el PVEM, Manuel Velasco, en Chiapas.
De esta manera, en 2018 los ciudadanos podrán elegir, además del presidente de la República, a 128 senadores; 500 diputados federales, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional (plurinominales); las elecciones concurrentes de nueve gobernadores; 598 diputados locales de mayoría relativa y 385 de representación proporcional; dos mil 14 ayuntamientos; y 24 juntas municipales.
REELECCION DE LEGISLADORES
Para julio de 2018 los expertos califican al proceso electoral de lo más complejo en la historia democrática del país, pues será la elección más grande que se haya tenido jamás en un contexto delicado marcado por problemas estructurales, inseguridad, pobreza, corrupción, desigualdad, impunidad y criminalidad organizada.
Y advierten del “escalofriante’’ uso de recursos públicos, al igual que del “dinero sucio’’ que aporta la delincuencia
organizada.
Además, con las reformas electorales de 2014, los ciudadanos podrán reelegir a los diputados y senadores que resulten electos a partir del 2018, hasta por cuatro periodos consecutivos para diputados y dos periodos consecutivos para los senadores; el máximo de años en cada uno de esos cargos será de 12 años. Esto permitirá –dicen- una mayor rendición de cuentas y contribuirá a profesionalizar y mejorar la labor parlamentaria.
Se tendrá el número de elecciones concurrentes más alto; es decir, no solamente habrá elecciones federales para renovar la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, también habrá comicios en 29 estados, lo que nunca antes había ocurrido.
La concurrencia más alta se presentó en 2015 y fueron 16 elecciones junto con elección para diputados federales. En 2018 se tendrá elecciones locales en 29 estados de la República; solamente Baja California, Nayarit y Durango no van a ir a las urnas para elegir autoridades locales, estatales, pero habrá elecciones federales en todo el país, sin descartar que puedan presentarse consultas populares.
Por eso el Instituto Nacional Electoral pronostica instalar alrededor de 154 mil casillas a lo largo y ancho del país, esto quiere decir 6 mil más que en 2015, cuando hubo elecciones federales. “Vamos a necesitar alrededor de un millón 87 mil ciudadanos fungiendo, el próximo primero de julio de 2018, como funcionarios de casilla, un cuarto de millón más que en 2015’’, dijo en su oportunidad el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.
Durante las elecciones de 2015, fueron los comicios con mayores cargos electivos en disputa de nuestra historia, 2 mil 170. En 2018 se van a renovar 3 mil 720 cargos de elección popular a nivel federal y a nivel local.
CONCURRENTES Y DISTRITACIÓN
El Estado de Puebla modificó su Ley Electoral; con la terminación de Rafael Moreno Valle Rosas, su sucesor José Antonio Gali Fayad tendrá una duración de dos años (febrero de 2017 a diciembre de 2018), una minigubernatura de prácticamente dos años. El Estado de Veracruz hace lo mismo. Una gubernatura de dos años de Miguel Ángel Yunes empezando en 2017.
Las gubernaturas que cambiaron en 2016: Puebla, Veracruz, Sinaloa, Tlaxcala, Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Para 2017 terminan los gobiernos de: Coahuila, Estado de México y Nayarit.
En 2018 culminan periodos constitucionales los estados de Yucatán, Tabasco, Morelos, Guanajuato y Chiapas, estás cinco entidades concurren con la Elección federal.
Además, el INE anunció las nuevas demarcaciones territoriales de los 300 Distritos Electorales Federales Uninominales en los que se divide el país. Ello permitirá asegurar que cada diputado o diputada federal, electa por el principio de mayoría relativa, represente en la medida de lo posible a un número similar de pobladores.
El Consejero Electoral Benito Nacif Hernández explicó que el primer paso para realizar la distritación fue distribuir los 300 distritos electorales entre los 32 Estados, tomando en cuenta el Censo del 2010, preservando el límite que toda entidad federativa ha de contar cuando menos con dos distritos uninominales, y esta distribución, que es resultante, fue aprobada en su momento por este Consejo General. Algunos datos revelan que siete estados, como resultado de los cambios demográficos, ganaron un distrito, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas. La Ciudad de México, perdió tres distritos y cuatro Estados perdieron un distrito, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
Detalló que para hacer posible que cada distrito tuviera un número similar de población, se dividió la población estatal entre el número de distritos federales dentro de cada estado y se obtuvo una media poblacional, por cada estado también, para poder salvaguardar la aplicación de criterios técnicos, tales como integridad municipal.
En los municipios con 40 por ciento más de población indígena se estableció un margen de variación respecto a la población media estatal de más o menos 15 por ciento.
La distritación vigente que data del año 2005, presenta 86 distritos que están desequilibrados respecto a este nuevo promedio, en términos técnicos, es decir, que están fuera del rango de más menos 15 por ciento de la media poblacional. De estos 86 distritos fuera de rango, como se dice técnicamente, 57 se alejan más del 20 por ciento de la media poblacional y hay casos extremos como Nuevo León, donde la desviación es de más de un 90 por ciento de la media, y distritos como el actual 12 y 01 de Quintana Roo, donde es por más del doble del rango establecido.
Esta distritación corrige estas desviaciones principalmente y regresa a todos los distritos al rango promedio evitando las distorsiones en la representación.
Los Estados con más distritos después de esta distritación, seguirán siendo el Estado de México, que gana un distrito; la Ciudad de México, que a pesar de perder tres, tiene 24 distritos; Jalisco con 20 y Veracruz con 20. Los Estados con menos distritos seguirán siendo Baja California Sur con dos, Campeche con dos y Colima con dos.
“ESCALOFRIANTE Y DINERO SUCIO’’
El senador Miguel Barbosa Huerta, destaca poner atención al uso de recursos públicos; “ya es un exceso la cantidad que la autoridad electoral le entrega a los partidos, ya es un exceso. Y más allá de eso es el uso de recursos públicos para fines electorales, y después el dinero ilícito a las campañas, aunque sea legal, es decir, que no provenga de actividades criminales, entonces es dinero legal, pero es ilícito porque no está permitido el uso de dinero privado en las campañas políticas’’.
Esto es a todos los niveles: federal, estados y municipios. Por eso, ternemos que estar atendiendo todo esto y esto que no ha podido ninguna reforma política conseguir, la equidad en la contienda electoral, apuntó el perredista.
“Sigue siendo un proceso electoral ine-quitativo, sigue habiendo una enorme dificultad para fiscalizar el gasto en las campañas. La forma de evadir el cumplimiento de la ley en esta materia tiene hoyos, tiene boquetes enormes’’, advierte el senador por Puebla.
Y asegura que hay inequidad en las contiendas electorales también, porque la estructura gubernamental es la que se pone al servicio del candidato del sistema.
Barbosa Huerta apuntó que la integración del Instituto Nacional Electoral desafortunadamente tiene influencia partidista; composición política debe de tener, hay políticos profesionales, gentes académicamente muy capaces, con experiencia; pero tienen influencia en su composición partidista.
“Los Oples – Organismos Públicos Locales- que son los encargados de la organización de las elecciones en los estados de la República, tienen una composición partidaria verdaderamente vergonzosa. Ahí está el OPLE de Chiapas, se comporta anuente y cercano al poder, a los gobernadores. El sistema electoral mexicano dista mucho de ser aquel que garantice la equidad en las contiendas’’, sentenció el senador.
Barbosa Huerta enfatizó que el INE ha sido incapaz de poder fiscalizar los recursos públicos dados desde las prerrogativas a partidos, usados por los gobiernos federal, estatal y municipal, el dinero privado puesto en la política que desbalancea la capacidad de hacer cosas; el despliegue publicitario tan enorme que hacen los candidatos del poder, cómo se ve frente al otro despliegue publicitario de los que no son candidatos del poder. Ahí están las pruebas, remató su comentario el ex perredista.
ACABAR CON LA SPOTIZACIÓN EXCESIVA
El senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, propuso acabar con la spotización excesiva y la saturación hacia la ciudadanía, “poner tantos millones y millones de spots, que lo único que hacen es ahuyentar a la sociedad de la participación en los procesos electorales’’, dijo.
Asimismo, se pronunció por el reducir el financiamiento a los partidos políticos, por lo menos el 50%, “eso es un clamor popular; si verdaderamente queremos pasar a los hechos y verdaderamente concretar lo que vamos y presumimos en conferencias de prensa, esta es la oportunidad de lograrlo’’, dijo.
“Disminuir los tiempos de campañas electorales, modificar el modelo de comunicación política para acabar con la excesiva spotización y reducir en 50% el financiamiento a los partidos políticos’’, refrendó.
Recordó que antes de la reforma electoral del 2007 en la elección presidencial del año 2006, se transmitieron un millón 38 mil 698 spots. Se estimó que estos spots tuvieron un costo de más de 1,973 millones de pesos, pero para la elección presidencial del 2012, se transmitieron más de 43 millones de spots, es decir, un incremento brutal y totalmente innecesario, señaló.
Para las elecciones federales intermedias del 2015, se transmitieron cerca de 40 millones de spots, se estima que el costo de esos spots tendría un valor cercano a los 80
Con información de: https://www.elsoldemexico.com.mx