Monterrey, NL., 29 de marzo de 2017.- El vocero de seguridad estatal, Aldo Fasci Zuazua, reconoció que en el caso de los penales la situación es de alerta.
Luego de las protestas en el reclusorio de Cadereyta, el lunes por la tarde, que terminaron en una revuelta que provocó al menos siete lesionados, el portavoz afirmó que la entidad mantiene el control de los centros de reinserción social, aunque debe mantenerse expectante, de manera permanente.
“Estamos en alerta. No es una situación anormal. No es algo que nos tenga contentos, pero sucede que cuando hay un motín en un centro penitenciario, vienen en cadena los otros, porque es cíclico, y ha pasado otras veces. Tenemos muy claros todos los riesgos y se está actuando con atingencia y con el apoyo de autoridades federales”, dijo hoy en rueda de prensa.
La seguridad en los otros reclusorios se incrementó, mencionó el vocero.
Fasci explicó que la manifestación degeneró porque un grupo de internos de los tres módulos del área de alta peligrosidad se inconformaron, debido a que los celadores detuvieron a dos mujeres que pretendían ingresar droga escondida en su cuerpo durante las visitas.
El uso de tecnología de rayos X originó que el contrabando fuera detectado, lo que derivó en el arresto de cuatro mujeres.
Los reos quemaron colchones y arrojaron piedras al área de oficinas a las 17:00 horas, y para las 19:00, con el ingreso de policía civil, la protesta fue sofocada. Fasci reconoció que hubo un diálogo con los internos para pacificarlos.
“No es lo mismo un diálogo para pacificar que una negociación. Esta es dar algo, y aquí no dimos nada. Es lo menos que puede hacer una autoridad, poner en orden la situación y que siga su curso. Tenemos que entender que es gente peligrosa que está encerrada y molesta, pero el que tiene que imponer el orden y el respeto son las instituciones y la ley”, dijo.
Por su parte, el diputado local del PRI Gabriel Tláloc Cantú suspendió una visita que tenía programada a los tres penales de la entidad. Él se encontraba presente, el lunes en la tarde, en el palacio de gobierno cuando los funcionarios estatales se enteraron del nuevo brote de violencia que se registró en la penitenciaría de Cadereyta.
A partir de ese momento, el legislador decidió suspender la incursión que haría por los reclusorios de la entidad, junto con una comisión que verificaría las condiciones en las que viven los casi 8 mil presos que ocupan las penitenciarías de la entidad.
Desde que Jaime Rodríguez Calderón llegó a la gubernatura se han registrado incidentes violentos en las cárceles de Topo Chico y de Apodaca. Ahora fue el turno del de Cadereyta.
Cantú Cantú señaló, en entrevista posterior a los hechos, que los centros de reinserción social de la entidad, que dependen de Seguridad Pública del Estado, se encuentran sin control.
“Nos encontramos con esta sorpresa de los penales de Nuevo León, donde queda en evidencia que no tienen control sobre ellos. La Comisión de Seguridad y Justicia acordamos ya no ir a los penales, porque no hay garantías de poderlo hacer”, dijo el legislador la tarde de los hechos.
Fuera de control
El incidente de Cadereyta fue el más reciente de los que se han registrado en la entidad desde que llegó Jaime Rodríguez Calderón al gobierno estatal.
Entre el 10 y 11 de febrero del 2016, cuando “El Bronco” no tenía aún ni medio año en el gobierno, ocurrió la peor masacre en penitenciarías de la entidad.
Fueron masacrados 49 reos en el interior del penal del Topo Chico por disputas de control interno. El gobierno de Nuevo León reveló que en esa penitenciaría imperaba la ley del cártel de Los Zetas, y en el interior pelearon a muerte internos leales a Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo, contra seguidores de Juan Pedro Saldívar Farías, El Z27.
Fue una disputa entre miembros de la misma organización criminal por la supremacía.
A los pocos días, el gobernador Rodríguez permitió que los medios de comunicación ingresaran para que atestiguaran cómo se había recuperado el control en esa penitenciaría, la más antigua de la localidad, construida hace unos 70 años.
“Se acabaron los privilegios en las prisiones del estado”, había dicho “El Bronco” en esa ocasión.
El presunto control de los penales fue transitorio.
El 1 de junio de ese mismo año, el penal Topo Chico se tiñó otra vez de sangre. Los mandos del Cártel del Noreste (CDN), agrupación desprendida de Los Zetas, desde el exterior ordenaron la ejecución de Javier Orlando Galindo Puente, El Maruchan, y dos de sus escoltas, para imponer como líder a Fernando Aguilera Hernández, El Pelón Fantasy.
Luego de que se encontraron los responsables y se reinstauró el orden, cambió muy poco el “autogobierno” en los centros de reinserción social de la entidad.
El 14 de marzo de este año circularon en redes sociales imágenes tomadas al interior del reclusorio de Apodaca, donde se observa a internos del CDN sometidos a vejaciones de parte de otros reclusos. Las imágenes mostraban a seis de ellos semidesnudos, vestidos con prendas íntimas de mujer, quienes fregaban los pisos mientras eran golpeados y humillados por sus compañeros.
Otro video mostraba a uno de ellos siendo objeto de una agresión sexual.
Como resultado de la investigación, varios custodios fueron procesados por haber permitido la el abuso sexual.
Luego ocurrió el motín en Cadereyta, con 2 mil internos, el reclusorio donde aparentemente se vivía con mayor tranquilidad, pues es el único que no tiene sobrepoblación.
Al analizar el incidente del lunes 27, Fasci señaló que, como parte de los hechos que ocurren en cadena, tras un incidente mayor de un penal, es el caso del escape de 29 reos del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ocurrido el pasado 21 de marzo, que se liga al disturbio que ocurrió este lunes en Cadereyta.
Tras la fuga en la capital de Tamaulipas, hasta el lunes en la noche unos 15 internos habían sido recapturados.
El vocero reconoció que los penales de Nuevo León son vulnerables debido a que son de mediana seguridad, y la solución de fondo es ampliar los espacios en los centros de reclusión que ya existen.
“Otra solución sería la construcción de otro penal, para lo cual no hay dinero. En este tipo de establecimientos penitenciarios siempre hay descontroles y el Estado tiene la obligación de volver a poner todo en su sitio. Pero esto va minuto a minuto, no es que ya podamos cantar victoria”, justificó.
El martes por la tarde circuló la versión de que habían resurgido los disturbios en Cadereyta, con internos que quemaron colchones porque no les habían proporcionado alimento y agua en el transcurso del día.
Con información de: http://www.proceso.com.mx
