Ciudad de México, a 29 de enero de 2017.- El Senado de la República enfrentará un número importante de procesos de designación, para el próximo periodo de sesiones, derivados de recientes reformas legales en materia de combate a la corrupción, transparencia y atención a víctimas, reporta el análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD) “Nombramientos del Senado: un recuento sintético al cierre de 2016”.
Deberá designar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y acota que este nombramiento no tiene una fecha límite. Asimismo, debe nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), órgano jurisdiccional del SNA, destaca la publicación.
Esto implica la designación de 16 magistrados de la Sala Superior, tres magistrados de cada una de las salas regionales y un número indeterminado de magistrados de las cinco salas especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas, salas que establecerá el Pleno del TFJA el 19 de julio de 2017, al entrar en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas; además, de diez magistrados supernumerarios de Sala Regional.
El reporte, de la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD, advierte además que la creación de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la Procuraduría General de la República, así como el nombramiento de su titular, son cruciales en función de las recientes reformas en materia de derechos humanos, justicia penal y combate a la corrupción.
Por otra parte, expone que el nombramiento del gobernador del Banco de México tiene efectos de largo plazo en la economía mexicana, no sólo por la certidumbre que el proceso de transmita a los actores económicos, sino también porque será el encargado de conducir, durante seis años o más, la política monetaria y el control inflacionario en el país.
En este contexto, el IBD recomienda que las comisiones del Senado de la República adopten los principios de Parlamento Abierto, a fin de dar claridad y fortalecer estos procesos.
La investigación del IBD resalta que la Cámara de Senadores no ha designado los 10 cargos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que son propuestos por la sociedad en general y el Senado de la República tiene la facultad de establecer el procedimiento para los nombramientos.
Asimismo, señala que para completar el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el Senado debe nombrar a uno de sus cinco miembros; y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad a uno de los cuatro miembros independientes del Consejo de Administración.
Aunado a estos nombramientos, está pendiente desde 2013 la designación de un integrante del Pleno del Tribunal Superior Agrario; y a pesar de que el Ejecutivo federal propuso a María del Rocío Balderas Fernández y a Rubén Gallardo Zúñiga para ocupar la vacante, ninguno de los dos ha comparecido ante el Senado.
Falta el nombramiento de un magistrado del Tribunal Unitario Agrario, pese a que en 2014 comparecieron en el Senado los cuatro candidatos al cargo; al igual que la designación de un vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Por otra parte, precisa que el Comité de Participación Ciudadana del SNA cuenta con cinco cargos pendientes de designación, que son propuestos por la sociedad mexicana a través de instituciones, organizaciones públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales, sindicales y profesionales.
Para su aprobación, señala el texto, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA será la encargada de designar a los cinco integrantes.
Asimismo, recuerda que en el periodo ordinario de sesiones que concluyó el 15 de diciembre de 2016, avaló nombramientos de servidores públicos titulares de instituciones clave del Estado Mexicano, con lo que ejerció uno de sus roles como órgano político y de Estado: el de contrapeso constitucional y democrático frente a los poderes Ejecutivo y Judicial.
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