Los recientes acontecimientos de beligerancia social, que han devenido en actos de vandalismo ante el alza de los precios de la gasolina, exigen una reflexión de fondo ante los límites que priman en la relación entre la desobediencia civil en un Estado Democrático de Derecho y la asociación delictuosa.
Rafaél Cardona escribe en su columna Cristalazo: “…La quebradura de cristales, los jaloneos, las cercas abatidas, los robos insospechados, las furias desatadas. ¿…van a lograr el descenso de los precios de la gasolina e hidrocarburos? Obviamente no, pero no es esta la finalidad. Se trata de aumentar las duras circunstancias de una vida difícil agravada por la carestía, de probar, de exhibir, de mostrar cómo el gobierno no gobierna y cuando lo hace, nos daña y perjudica.”
El análisis de estos hechos nos invita a retrotraer la historia desde el “Pacto por México” y las Reformas Estructurales. Respecto a la Reforma Energética, las principales fuerzas políticas y el Ejecutivo Federal, en un acto inédito, concertaron dar un paso significativo en el principio de “Modernización Estructural”, demandado por el entorno de un mundo globalizado de libre mercado, con precios liberalizados.
La coincidencia de las fuerzas políticas en la Reforma Energética, consideró en uno de sus puntos que el subsidio a la gasolina había sobrepasado la carga económica y ponían riesgo la salud de las finanzas públicas, por lo que se planteó terminar con los subsidios a los precios y liberarlos en el año 2018. Empero, ante las presiones económicas y presupuestales, se decidió adelantar el proceso y generar condiciones de mercado abierto.
El 26 de octubre de 2016, se discutió y fue aprobada la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2017, misma que en sus artículos 11 y 12 transitorios detalla los aumentos de precios y facultan a la Secretaría de Hacienda para que establezca la metodología para fijar los precios, con lo que entró en vigor a partir del 1 de enero del presente el aumento de un 20% al precio de la gasolina y para inicio de febrero, estiman dos incrementos más y después del 18, liberar el precio, con lo que se tendrán ajustes diarios.
El incremento del 20% en los precios de las gasolinas representa un duro golpe al poder de compra de los mexicanos y a la credibilidad de la clase gobernante, haciendo evidente que han tenido una falla importante al tratar de explicar este aumento con una comunicación defensiva ineficaz.
La medida asumida por la Cámara de Diputados, pese a evidenciar la necesaria reestructuración del soporte subsidiario del Estado, en relación al precio de la gasolina y los combustibles, coincidió con la coyuntura internacional del alza de precios de la gasolina, el triunfo de Donald Trump, un alto nivel de endeudamiento, alza en el tipo de cambio del peso frente al dólar, bajo crecimiento económico, inflación al alza, entre otros factores que generaron un doble impacto económico, cuyos estragos suscitaron reacciones de la ciudadanía.
La responsabilidad de gobernar exige la corresponsabilidad de las fuerzas políticas y de los poderes públicos para entender el difícil contexto político económico y social que vive el país, explicarlo y enfrentarlo de manera integral y equilibrada, tomando las medidas justas y equitativas que no signifiquen una carga desmedida para la población.
Sin claridad política no hay rumbo social. Es necesario que las fuerzas políticas, los partidos, organizaciones empresariales y sociales, unidas a la ciudadanía, actúen con la responsabilidad y disciplina que exige construir un país de oportunidades y para todos.
Se debe velar por el interés de la Nación.
Se requiere de una estrategia conjunta sociedad y gobierno para combatir la inflación, promover la inversión y defender el empleo, con un crecimiento sólido, equitativo y permanente, que amortigüe los impactos del gasolinazo.
No podemos pensar el ejercicio de gobierno desde una visión maniquea, donde planes, programas y la misma planeación democrática, oscile en juicios de valor entre “bueno” y “malo”.
La construcción responsable del Proyecto Nacional, no puede hacer a un lado la sana reflexión de que la complejidad social demanda de fuerzas políticas, partidos y sectores sociales; y superar los viejos esquemas y paradigmas de confrontación, para obtener un dividendo o una prebenda. Confusiónes e intereses mezquinos no caben en una sociedad madura.
Nuestra Carta Magna producto de una construcción social, abre espacios para la manifestación ciudadana y para el procesamiento del conflicto, pero ello, no justifica el uso indebido del asociativismo, ni la fuerza de una minoría o mayoría, ni hacer del vandalismo o la beligerancia, “Fuente Ovejuna”.
Es necesario que la ciudadanía alcance su madurez política. No se puede renunciar al diálogo, ni construir un país en la custodia de intereses sectarios, que fomentan la intolerancia, la discriminación y el odio por las diferencias. Requerimos construir consensos progresistas, deliberaciones abiertas, libres y plurales y rechazar las manifestaciones y mecanismos de beligerancia anti-establishment.
Una sociedad madura es el espejo unitario de un tejido que edifica en la razón y el derecho su devenir histórico, ello exige la politización social, la constante construcción de mecanismos de ciudadanización del poder político, para no crear incertidumbres, porque reducen la capacidad de procesamiento del conflicto y obstruye las virtudes y el sentido transformador del Estado Democrático de Derecho, para alcanzar el pleno desarrollo humano de la ciudadanía.
Debemos aprender la difícil lección que nos ha dejado la conflictividad y el desencuentro ciudadano. El momento complejo que vive la Nación, requiere más que nunca de la unidad nacional. Pongamos en ejercicio nuevos paradigmas de politización social, donde la apertura al diálogo permanente, refrende la confianza entre ciudadanía y gobierno; donde la conciencia se construya desde el procesamiento objetivo de la realidad, y la identidad del ciudadano sea producto del compromiso Sociedad-Estado.
Agenda
- Con la participación de la sociedad hidalguense convocada por el Gobernador Omar Fayad, el pasado mes de diciembre se concluyó la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED), cuya presentación está programada en los próximos días.
- Se promulgaron la Nueva Ley de Planeación y Prospectiva y las Reformas a la Ley de la Administración Pública, así mismo se anuncia la presentación de la Plataforma Estatal de Indicadores de Gestión, herramientas que afianzarán el ejercicio de gobierno.
Twitter: @Esteban_Angeles
Facebook: http://facebook.com/estebanangelesc
Blog: https://perspectivahgo.wordpress.com/
Correo: perspectiva@estebanangelesc.com
