El Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, a lo largo de 15 años de creación y 10 de autonomía, ha abierto amplios espacios a la participación y colaboración de la sociedad en los asuntos del quehacer público mediante la Organización de Estructuras Institucionales, Comunitarias y Vecinales.
Estas estructuras son espacios de comunicación que integran, instruyen y privilegian la calidad de la deliberación, la construcción de acuerdos y propuestas, la concreción de la demanda ciudadana y la sensibilización del quehacer público.
La vertebración de sus trabajos, implica analizar, deliberar y proponer programas, estrategias y acciones que coadyuvan a resolver los problemas sociales, culturales, políticos y económicos del Estado, sus municipios y localidades.
En este contexto, el Consejo organiza Encuentros Estatales de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, para propiciar la interacción entre ciudadanos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, academia y servidores públicos, promoviendo el asociativismo desde la organización comunitaria y vecinal.
En 2012 se organizó el “1er Encuentro Estatal de Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, para identificar las vocaciones regionales y municipales.
En 2013 se trabajó la “Actualización del PED 2011-2016”, para perfilar acciones y mecanismos; construir y articular una visión política de integración y comunión social; e impulsar acuerdos ciudadanos que proponen incorporar estrategias para el desarrollo del Estado.
En 2014, se abordó el tema “Gestión para Resultados en el Desarrollo del Estado de Hidalgo”, para valorar la construcción de un Sistema Permanente de Consulta Popular, donde la ciudadanía estructuralmente organizada es actor y factor determinante para la toma de decisiones en la planeación democrática.
En 2015 se deliberó sobre “Los retos del gobierno abierto desde lo local”, para promover mejores prácticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en las políticas públicas.
En este año, el 5º Encuentro se ocupó de analizar “El Sistema Nacional Anticorrupción y la Participación Ciudadana”, para identificar la ruta para construir un “Sistema Estatal Anticorrupción” que responda al creciente interés ciudadano de castigar los actos de corrupción que impactan el quehacer público; provocan la desconfianza social en las instituciones; y ponen en entredicho la vigencia del orden jurídico y la utilidad de los poderes del Estado.
El rol de la ciudadanía en el Sistema Nacional Anticorrupción, significa el ascenso de una nueva cultura política, que sin atavismos ni mesianismos, edifica una sociedad crítica y dinámica, cuyo mayor peso orgánico en las instituciones, garantizará un ejercicio del poder público y una conducción política en favor de la sociedad.
En el 5º Encuentro Ciudadano, se solicitó al Gobernador del Estado Omar Fayad Meneses, la promoción de una Iniciativa de Reforma al artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como una Ley Orgánica del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, que recuperando los planteamientos de los Congresos y Encuentros Ciudadanos, eleva a rango constitucional el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública, e integre un Sistema Estatal de Participación Ciudadana (SPC), que privilegie el escrutinio y liderazgo social para afianzar la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernabilidad democrática del orden sistémico.
El valor social, político y jurídico de esta iniciativa, estriba en que su visión integral considera la participación ciudadana como un Derecho Humano, esencial para el desarrollo democrático y consolidación del Estado de Derecho, porque articula e integra los diversos mecanismos existentes y los vincula transversalmente con el Sistema de Transparencia y el de Anticorrupción.
En este SPC, el Consejo Ciudadano, funge como Órgano Garante y espacio de participación, por lo que resulta idóneo como acción afirmativa para el fortalecimiento, promoción, desarrollo y consolidación de este DH de Participación.
En este contexto, el SPC vislumbra dos vertientes: la primera, vinculada a la participación política-electoral, en el que la ciudadanía vota y sus representantes actúan en nombre de ellos (representación popular); y la segunda, vinculada a la participación ciudadana que se ejerce para involucrarse en la acción de gobierno. La diferencia esencial estriba en que la primera permite acceder al poder político, y la segunda a su ejercicio.
Así, la operación del SPC debe contar con un Órgano Garante, con fuerza vinculante, que complemente la funcionalidad del DH de participación y lo coordine transversalmente con los otros poderes, Organismos Públicos Autónomos y Municipios, es decir, propone ampliar el carácter consultivo que actualmente tiene en el Sistema de Planeación Democrática.
¿Qué debe hacer el Estado para afianzar la reinstitucionalización política que libere al ejercicio de gobierno de la corrupción e impunidad?
La respuesta es contundente: se requiere un nuevo paradigma político que considere que la participación ciudadana va más allá de la estrecha concepción de la democracia representativa; y de una refuncionalización institucional bajo un creciente escrutinio ciudadano y de respeto a los DH.
El salto cualitativo debe constituirlo la creación del Sistema Estatal de Participación Ciudadana, que permita con una nueva estructura jurídica, ampliar las expectativas del desarrollo humano; potenciar el activismo ciudadano, los lazos de cooperación social y las virtudes de las lógicas asociativistas; la participación deliberativa, libre, abierta y plural; y la creación de mecanismos inclusivos e interactivos.
Es la hora que el tejido social y el gobierno imaginen cómo quieren que sea la participación ciudadana en los asuntos del quehacer público para los siguientes años.
¿Qué cambios se deben impulsar para generar empleos y oportunidades suficientes para todos?
¿Cómo se tiene que organizar la participación y la colaboración ciudadana?
¿De qué manera se puede sumar el esfuerzo social con el gobierno para mejorar la seguridad, la educación, el desarrollo social y económico sustentable y armónico?
Estos y muchos otros cuestionamientos deberán acompañarnos de manera permanente y hacer de la participación ciudadana no un privilegio, sino el derecho subjetivo que dignifique y permita el goce pleno de los derechos humanos.
La complejidad que reviste el equilibrio de la gobernabilidad democrática en el ejercicio de gobierno, no sólo es un desafío fundamental de las acciones políticas; demanda a nivel nacional y local, replantear los alcances de la participación ciudadana como eje sustantivo de las políticas públicas y los programas de gobierno.
En este sentido, es necesario ampliar la capacidad de deliberación institucional con la ciudadanía con un lenguaje compartido y bajo las lógicas de un nuevo diseño institucional, y privilegiar el mandato ciudadano y su vinculación al ejercicio de gobierno, a la transparencia y acceso a la información gubernamental, y a la rendición de cuentas, en una nueva era de auditoría ciudadana.
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