04 de Octubre de 2016

Banxico ve un adverso cierre económico 2016 La economía mexicana va a crecer menos de lo esperado en 2016 y 2017, con expectativas de inflación más altas que las previstas originalmente, con un dólar más caro respecto al peso y en medio de un ambiente menos propicio para los negocios y las inversiones, reveló la más reciente encuesta del Banco de México (Banxico). De acuerdo con el reporte sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de septiembre, las proyecciones del PIB se redujeron de 2.20% a 2.10% para 2016, y de 2.60% a 2.40% en 2017. Lejos quedaron los pronósticos </strong>que hace un año previeron una expansión económica de 2.80% para este año y de 3.30% para el próximo.</p> <p>Este menor dinamismo económico se combina con una percepción menos favorable para los empresarios y para las perspectivas de los negocios. La encuesta de septiembre detalló que prácticamente la mitad de los 37 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero que participaron en el ejercicio del banco central mexicano cree que el clima de los negocios para los próximos seis meses va a empeorar. Sólo 15% ve una mejoría y 36% asegura que va a permanecer igual. Peor aún, nueve de cada 10 entrevistados aseguraron que actualmente la economía no está mejor que hace un año, y en esa misma proporción consideraron que es un mal momento o no está seguro si la coyuntura actual es buena para realizar inversiones. Hace un año, las respuestas contrastaban con estos resultados, pues en su mayoría eran más favorables que el entorno que prevalece ahora.

Olvida la SHCP ley antideudas La Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios arrancó lento, pues ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni las entidades federativas han comenzado su adopción. Entre otros objetivos importantes, esta ley, promulgada desde abril pasado, busca combatir el endeudamiento excesivo de los gobernadores. Sin embargo, hoy carece de reglamentos para facilitar su cumplimiento. Se trata de tres disposiciones legales: el primero se refiere a los lineamientos de tasas y costos que deberá seguir la deuda local. El segundo debe detallar el Registro Público Único de deudas locales y el sistema de alertas de endeudamiento estatal y municipal. Y el tercero establece los criterios contables que habrán de seguir. Mientras Hacienda no promulga los reglamentos, muchas entidades federativas siguen creciendo sus empréstitos. En junio, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) se comprometió a presentar pronto los reglamentos. La titular de esa unidad, Marcela Andrade, sugirió entonces que el primer reglamento sería dado a conocer en junio mismo, en tanto que el segundo estaría a más tardar en septiembre. «Ya se tardaron con los reglamentos, sobre todo porque estamos por iniciar el próximo año y tienen los estados necesidades de financiamiento, deben definir cuánta deuda tomarán y de qué forma», dijo Marco Cancino, director general de la organización Inteligencia Pública. «Es mejor siempre tenerlos antes y eso era lo que habían dicho, lo ideal era que ya estuvieran listos esos reglamentos», indicó Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) y especialista en finanzas públicas locales. Añadió que los reglamentos urgen porque los gobiernos estatales deben planear sus presupuestos para 2017 antes de que acabe el año y es necesario que los elaboren con base en lo que marca la nueva Ley de Disciplina Financiera. Al ser consultada, la SHCP respondió que para ellos no hay retraso alguno.

Uso racional del fondo de dólares, plantea Carstens Frente a un crecimiento económico mundial más lento y la perspectiva de turbulencia en el largo plazo, México debe ser juicioso y cauto en el uso de reservas monetarias. “Tenemos que administrar nuestro parque racionalmente”, afirmó el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Comentó que hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciará en Washington, por octavo año consecutivo, un recorte al crecimiento económico mundial. Frente a esta situación, hizo un llamado a usar los instrumentos que se tienen a disposición como lo es el paquete fiscal mismo y el aumento en tasas de interés. En entrevista con Carlos Marín, para El asalto a la razón, Carstens dijo que será fundamental la implementación de reformas estructurales y una mayor competitividad. “Que las reformas estructurales cambien la composición de los mercados para que seamos más productivos, para apropiarnos de una rebanada más grande de un pastel que se está encogiendo”. El gobernador de Banxico afirmó que las reservas monetarias internacionales son cercanas a 176 mil millones de dólares, además, se tiene una línea de crédito contratada con el FMI flexible por 88 mil millones de dólares adicionales. “Tenemos un buen pertrecho. Ahora lo importante es que no se pierdan trabajos, que no se vea afectada nuestra actividad económica”, sostuvo. Debido al incremento de la deuda pública que representa 50 por ciento del producto interno bruto, Cartens señaló: “No es una deuda que toda se vence inmediatamente. El gobierno federal ha hecho un esfuerzo bueno. Se han aprovechado las tasas de interés bajas para tener costos bajos”.

Ministros admiten que tuercen la ley para su guardadito El Poder Judicial de la Federación (PJF) aplica un ‘‘doble rasero’’ en materia de pago de pensiones: por un lado es generoso con ‘‘pensiones complementarias’’ para ministros, magistrados y jueces federales, que les permiten incrementar sus ingresos hasta 80 por ciento del sueldo mensual que recibían en activo, mientras la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado que el monto máximo de pensiones para trabajadores del IMSS y del Issste debe ser el equivalente a 10 salarios mínimos mensuales. Ministros consultados reconocieron que los fidecomisos creados por el PJF para apoyar a sus juzgadores son ilegales, porque provienen de recursos que no son ejercidos al término del año fiscal. Interrogados sobre por qué se permite esta ilegalidad, contestaron: ‘‘¿Y quién se mete con la Corte?’’ En tanto, los criterios establecidos en los últimos años por la Suprema Corte señalan que los trabajadores afiliados a la seguridad social sólo pueden aspirar a diez salarios mínimos (21 mil 900 pesos mensuales), salvo que de manera unilateral el Instituto Mexicano del Seguro Social fije un monto superior, con el riesgo de que éste modifique su postura en un futuro ante la inminente falta de recursos. Con base en acuerdos emitidos por la Suprema Corte y por el Consejo de la Judicatura Federal –que no están previstos en ninguna ley–, los juzgadores federales tienen derecho a recibir montos mensuales superiores a 105 mil pesos (jueces), 115 mil pesos (magistrados) y 121 mil pesos (ministros), más aguinaldo de tres meses. El pasado 3 de octubre La Jornada publicó que el PJF en su conjunto tiene un guardadito de 9 mil 270 millones de pesos en fideicomisos para cubrir las pensiones y atención médica de sus juzgadores y altos funcionarios.

Asignan $143 millones para el Sistema Anticorrupción Para que pueda entrar en funcionamiento el próximo año, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que incluye la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación de Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, requerirá poco más de 143 millones 724 mil pesos, según el proyecto de presupuesto que presentó el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero. Sin embargo, la mitad de este presupuesto, es decir, 71 millones, 815 mil pesos se destinará para pago de salarios de las 150 plazas de nueva creación que se plantean para poner en marcha el SNA. Tan solo el Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción percibirá un sueldo de 2 millones 240 mil 71 pesos anuales, mientras que para cada uno de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana se plantea un salario anual de 1 millón 200 mil pesos, por honorarios como lo marca esta legislación. Los siete directores de área tendrán un salario anual de 1 millón 176 mil 451 pesos; los 17 subdirectores se proyecta ganen anualmente 747 mil 736 pesos por año; los 38 jefes de departamento 463 mil 874 pesos; y los 82 enlaces del nuevo SNA se proyecta que tendrán ingresos para el 2017 de 304 mil 892 pesos anuales. Todo estos salarios en conjunto suman los 71 millones 825 mil 148 pesos que plantea el presupuesto para poner en marcha el próximo año el SNA.

Hay déficit de credibilidad en autoridades: INAI Para el 2017, el arranque del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, apenas dispondrá de 143.7 millones de pesos, muy por debajo de los 300 millones a los que renunció el Senado y a los 400 millones de la Cámara de Diputados, con el pretexto de la solidaridad por la “austeridad republicana’’, recursos, que en su momento se dijo, serían destinado al SNA, lo que no se cumplió por parte de los legisladores. Por su parte, el INAI destacó que el abuso del poder y la opacidad impactan negativamente en la economía, la competitividad, el desempeño de Gobierno y la eficiencia gubernamental. “Ello ha provocado un importante déficit de credibilidad en las y los mexicanos hacia sus autoridades’’, dijo la titular de ese organismo autónomo, Ximena Puente de la Mora. Lo sobresaliente de los recursos anunciados por el presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, es que la mayoría son destinados al pago de honorarios, salarios, sueldos, es decir, 71 millones 815 mil, para un total de 150 plazas que serán creadas. Mientras el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, recordó lo que la sociedad espera del SNA: criterios, objetivos y procedimientos transparentes, abiertos y rigurosos; además, de prever estrategias que aseguren que los sistemas locales nazcan con el sustento legal correcto, “así como la solvencia técnica presupuestaria y operativa requerida, de lo contrario el Sistema Nacional en su conjunto se podría colocar en una situación de riesgo”.

Queman camiones de 2 mdp… y salen con mil de fianza Robar y saquear tráileres y camiones repartidores y luego incendiarlos en carreteras, apenas ameritan en Michoacán una fianza de mil o dos mil pesos para que cada uno de los normalistas implicados en esos actos recuperaran su libertad. El viernes 30 de septiembre salieron del penal de Mil Cumbres 30 normalistas acusados de privación ilegal de la libertad, bloqueo de vías y robo calificado, tras pagar mil pesos de fianza. Un día antes salieron libres las primeras 18 mujeres normalistas tras pagar la misma cantidad. El 27 de septiembre estos 48 jóvenes fueron detenidos por incendiar, sobre la carretera Carapan-Zacapu al menos cuatro vehículos que habían robado, y luego se enfrentaron con la policía. El 15 de agosto habían sido detenidos otros de sus compañeros también por secuestrar y quemar unidades, por lo que los activistas amagaron con incendiar un vehículo diario hasta que las autoridades los excarcelaran. Pero ayer salieron tras pagar una fianza de dos mil pesos. Los del viernes recuperaron su libertad después de que el Juez de Control Juan Salvador Alonso Mejía determinó que no había razones suficientes para que continuaran en prisión preventiva, por lo que el juzgacdor determinó que continúen su proceso en libertad bajo medidas cautelares, como no salir del país sin autorización de la autoridad; además de no acercarse en grupo a determinados lugares, como tramos carreteros. Sin proporcionar cifras, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo (Canapat) en el estado, Arcadio Méndez Hurtado, aseguró que los estudiantes de las ocho normales de la entidad también se dedican a robar vehículos nodriza que transportan autos nuevos para después incendiarlos en sus bloqueos carreteros. Aseguró que en los más de 100 días de movilizaciones, los normalistas que exigen plazas automáticas han incendiado más de 20 vehículos de todo tipo, desde autobuses de pasajeros, tráileres, hasta camionetas repartidoras de frituras, refrescos y cervezas.

Mejora Pemex perfil de deuda A través de tres operaciones financieras por un monto total de 5 mil 500 millones de dólares, Pemex logró reducir 30 por ciento los vencimientos de deuda en dólares de 2018 y 2019, en un plan de emisiones que continuará para disminuir la presión de vencimientos próximos para la compañía. En primer lugar, la petrolera obtuvo cuatro mil millones de dólares en los mercados financieros a través de dos emisiones por 2 mil millones, una con vencimiento a 2023 y una más a 2047, explicó Juan Pablo Newman, director Corporativo de Finanzas de la petrolera. Como segunda medida, los otros mil 500 millones de dólares de la emisión restantes fueron utilizados para “recomprar” bonos del público inversionista y aplazar su pago hasta tres años, por lo que ahora vencerán en 2023 y 2047, explicó. Estos movimientos evitan el pago de vencimientos por el 30 por ciento de la deuda en dólares para los años 2018 y 2019 y significarán plazos más amplios para pagos por 3 mil millones de dólares a los cuales ya estaba comprometida la empresa. En términos netos, explicó, implican un aumento de 2 mil 500 millones de dólares en el saldo total de la deuda. Estos últimos serán útiles para el presupuesto de 2017, pues las necesidades de financiamiento para este año están cubiertas, indicó Newman. “En 2017 no hay vencimientos de deuda de mercado de dólares, en 2018 a 2019 redujimos en 30 por ciento los vencimientos de esos años respectivos”, señaló. Newman indicó que los bonos tuvieron una demanda del doble de la emisión y que alcanzó más de 9 mil millones de dólares incluso de regiones de Asia cuya demanda no es común para la petrolera.

Liberación causará alza en gasolinas

HIDALGO

MILENIO HIDALGO. Propone Fayad eliminar fuero constitucional.

CRONICA HIDALGO. Retirar el fuero, promete Omar Fayad: “El buen juez por su casa empieza”, afirmó el gobernador Omar Fayad, luego de anunciar que en próximos días enviará al Poder Legislativo una iniciativa para eliminar el fuero constitucional del gobernador, diputados locales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), alcaldes o altos funcionarios estatales. Para responder a la ciudadanía y eliminar esa canonjía, expresó, remitirán esta propuesta a fin de que ningún servidor público hidalguense goce de privilegios legales que sirvan para escudarse del cauce procesal. “Esta iniciativa la presentaré junto con el Sistema Estatal Anticorrupción, dentro de la reorientación de gobierno que plantearé en el Plan Estatal de Desarrollo para devolver a la ciudadanía la confianza en sus servidores públicos”. Durante la presentación de programas y reglas de operación de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) hacia presidencias municipales, el mandatario estatal reiteró el compromiso de abatir el rezago y marginación en comunidades nativas, para ello conminó a los alcaldes a realizar una evaluación puntual sobre carencias en drenaje, luz, agua, piso firme y vivienda. Asimismo confirmó que el exdiputado local, Héctor Pedraza, será encargado de analizar esquemas legales y administrativos para crear una oficina estatal para el desarrollo de pueblos indígenas, cuyo objetivo es impulsar políticas transversales con las secretarías del Poder Ejecutivo. En este evento la directora de CDI, Nuvia Mayorga, recordó que en la actual administración federal destinaron 3 mil 65 millones de pesos a Hidalgo, para más de 700 proyectos productivos y programas que combaten problemáticas como pobreza alimentaria.

CRITERIO. Quitarán fuero a funcionarios hidalguenses: El gobernador Omar Fayad Meneses anunció que ingresará al Congreso del estado una iniciativa para eliminar el fuero constitucional al jefe del Poder Ejecutivo, presidentes municipales, diputados locales y magistrados locales. La propuesta será presentada “en próximos días” junto con la del Sistema Estatal Anticorrupción, la reorientación de la administración hidalguense y el Plan Estatal de Desarrollo. Tras reunión con ediles en Pachuca (luego de anunciarlo en Ixmiquilpan), el mandatario priísta afirmó que, como gobernante, no podía abstraerse. “Si voy a ir a fondo en el combate a la corrupción tengo que empezar por quitarle el halo protector, y el buen juez por su casa empieza, quitándomelo yo mismo en la iniciativa. Voy a proponer que se me quite el fuero constitucional para que no tenga yo esa protección legal, de que para hacer cualquier denuncia respecto de mi persona exista un procedimiento especial”, explicó. Lo mismo pedirá para diputados, ediles y magistrados, así como para “altos funcionarios”, “Que nadie en Hidalgo goce de fuero constitucional”, sentenció. El exedil consideró que el fuero es una figura que sirve para escudar la aplicación estricta de la ley. Fayad confió en que contará con la voluntad del Congreso local, cuya mayoría de diputados proviene del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para que la iniciativa sea avalada. Cuestionado sobre si los niveles de corrupción en Hidalgo son altos, reconoció que “la percepción de la ciudadanía te refleja muchas cosas”.

INDEPENDIENTE: Exigen restituir tierras en Tezontepec: Comuneros de Tezontepec de Aldama exigieron al gobierno de Hidalgo dejar de bloquear la restitución de mil 899 hectáreas a campesinos del municipio y también evitar que Petróleos Mexicanos (Pemex) extraiga agua de la región. En caso de que autoridades estatales no resuelvan sus peticiones, las y los manifestantes advirtieron que tomarán pozos de agua y tierras, como consecuencia de no escuchar a la comunidad . Entrevistado en la plaza Juárez de Pachuca, Antonio Barrera López, representante de la comunidad indígena agraria de Tezontepec de Aldama, dijo que desde 1993 las mil 899 hectáreas no han sido entregadas pese a que así lo reconoció el Poder Judicial federal y el Tribunal Superior Agrario. Hay muchos intereses porque el gobierno renta las tierras de riego al mejor postor, quien puede renovar sus derechos . El uso de las milpas es agrícola, industrial, así como explotación de minas de arena. En cuanto no se ejecute la entrega de las tierras, el gobierno debe resguardar esa superficie, pero en cambio la administra para su beneficio. Por tanto, venimos a pedirle a las autoridades que detengan esto Son mil 300 comuneros que perdieron las tierras en 1921 cuando el gobierno federal dotó al ejido de Mixquiahuala y para ello tomó hectáreas de Tezontepec de Aldama.

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