Empresas trasnacionales y nacionales han quedado evidenciadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por violación a los derechos humanos. El listado de más de 60 casos de violaciones a derechos humanos fue presentado por organizaciones no gubernamentales ante un equipo de trabajo del organismo internacional.
Las compañías denunciadas son 99: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 del Estado. Entre las involucradas destacan Grupo Higa, Tradeco, Bimbo, Cargill, Monsanto, Grupo Carso y Grupo Bal, Grupo México, Minera Excellon, Petróleos Mexicanos.
En el informe México: empresas y derechos humanos se indica que los principales abusos cometidos son la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos. Así también las llamadas reformas estructurales llevadas a cabo durante el primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto.
El documento, elaborado por más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos (entre ellas Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace México, Oxfam México, Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), precisa los casos de abuso a derechos humanos relacionados con actividades empresariales como minería (11), cementeras (5), hidrocarburos (9); producción de energía mediante hidroeléctricas y parques eólicos y abusos relacionados con los consumidores (8); construcción de infraestructura (9); agroindustria y forestal (6); maquilas y corredores industriales (4), y otras ramas productivas (8), además de empresas de seguridad privada, exportación ilegal de arma a zonas de conflicto y turismo.
Karen Hudlet, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, comenta que las violaciones más comunes están relacionadas con la tierra y el territorio, en donde hay 32 casos, y después con la falta de acceso a la información, 28 casos. ?Con estas cifras podemos ver que hay una falta de participación, consulta y conocimiento previo libre e informado en las comunidades indígenas o de la ciudadanía, en general, de saber lo que está pasando con los megaproyectos de cualquier índole. Esto lo vemos como algo particularmente grave. Además, en otros 17 casos se vulneran otros derechos indígenas, como al modelo de desarrollo o a su autonomía?, dice.
