Tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto presentó en noviembre de 2014 una decena de acciones con las que buscaba atender esta crisis, entre las cuales estaba una iniciativa en materia de desaparición forzada. Más de un año después, en diciembre de 2015, el mandatario federal envió al Senado su propuesta, la cual hasta el momento no ha prosperado en el Congreso.
El debate sobre el ordenamiento fue detenido en el Senado en abril pasado por observaciones presentadas tanto por legisladores como por activistas agrupados en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas —que se conmemora este martes 30 de agosto—, organizaciones y legisladores empujan de nuevo la discusión en torno al estado de este tipo de violaciones a los derechos humanos en el mundo, y en particular en México.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se pronunció por que la ley sea aprobada «a la brevedad posible».
«La actual discusión en el Congreso es una oportunidad para continuar dicho diálogo y crear una fuerte estructura institucional de búsqueda bajo coordinación de la Federación. Esta estructura debe tener los recursos necesarios para su funcionamiento, coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de búsqueda independientes a las que se realizan para la investigación de la responsabilidad criminal», indicó este lunes la ONU-DH en un comunicado.
El Derecho internacional reconoce como desaparición forzada todo arresto realizado por agentes gubernamentales o por particulares que actúen en nombre de éste o con su apoyo o autorización directa o indirecta, y que luego se nieguen a revelar la suerte o el paradero de las víctimas.
Amnistía Internacional emitió este lunes un artículo en el marco de esta conmemoración en el que ubica a México como un «punto caliente de este crimen atroz», al lado de Siria y Egipto. La organización lanzó un mecanismo de acción a nivel internacional para que los interesados soliciten el presidente Peña Nieto cumplir con su compromiso de concretar una legislación en la materia.
«La noche de Iguala se tragó a 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014. Las autoridades deben hacer la luz sobre ellos y sobre las decenas de miles de personas que se encuentran desaparecidas en México», enfatizó AI.
El Gobierno de la República ha reconocido la existencia de cerca de 16,000 casos de personas desaparecidas entre 2006 y 2014, pero ha fallado en aclarar de qué tipo se tratan. Los casos están agrupados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que no precisa cuántos son desaparición involuntaria, cuántos forzada y cuántos son voluntarios.
La senadora del PRD Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos —donde debe procesarse el dictamen que sea presentado al Pleno de la Cámara alta, junto a las comisiones de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos— confió en que con el segundo aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en puerta, la discusión de esta ley forme parte de las prioridades legislativas para el próximo periodo de sesiones.
«Yo espero que estos debates concluyan ahora en septiembre, para que podamos estar aprobando el dictamen en las comisiones y llevarlo al Pleno, para que después pase a la Cámara de Diputados, y sea aprobada por el Congreso, y publicada en el Diario Oficial de la Federación y entonces empezar a construir o mejorar las distintas instancias que tenemos que articular a partir de los preceptos de esta ley», señaló.
Los puntos a debate
Entre las partes que atoran la discusión está la petición de activistas de que la búsqueda de personas desaparecidas se dé en las primeras horas del reporte ante las autoridades, y que además de las fosas se incluyan instalaciones del estado como cuartéles y cárceles.
«Sí es necesario que cuando se aduce que una persona ha desaparecido no haya prejuicio respecto de que pudo irse a otro lado y va a aparecer, sino que más allá de eso, inmediatamente, las autoridades se pongan a buscar», apuntó De la Peña.
Organizaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos proponen una serie de planteamientos, entre los que están el reconocimiento de la desaparición forzada con la participación de agentes del Estado, algo que, aseguran, no ocurre en la propuesta oficial.
«La iniciativa de ley está enfocada más a la desapariciones en general, más enfocada a la desaparición cometida por particulares sin reconocer la existencia de la desaparición forzada con participación del Estado», dijo Nadin Reyes, coordinadora del Comité.
«La misma tipificación que hace del delito de desaparición forzada es muy limitado, algo de las observaciones que se le han organismos internacionales es lo acotado que tiene en la que solamente se centra en la responsabilidad hacia servidores públicos», agregó.
En la propuesta del gobierno federal, la tipificación del delito se centra en servidores públicos, ya sea como responsables o coadyuvantes en la privación de la libertad de una o más personas, con penas que van de los 50 a los 100 años de prisión.
Ante ello, los inconformes solicitan que la ley contemple la figura de agentes del Estado que permitiría ampliar el espectro de posibles responsables a elementos del Ejército, Marina y agrupaciones policiales.
La activista recordó que, en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, se logró acreditar que hubo participación de agentes de la Policía.
«Vemos una renuencia de no querer ampliar el término porque lamentablemente una de las instancias que más se protege es al Ejército», apuntó Reyes.
Las organizaciones civiles y la senadora De la Peña coinciden en advertir que en el debate se mezclan los términos de desaparición forzada con el de personas extraviadas o ausentes, a pesar de que —señalan— son figuras distintas y de que en el último caso ya existe un sistema de búsqueda, que es el Centro de Apoyo de Personales Extraviadas y Ausentes (CAPEA).
«La preocupación que ellos mantienen respecto a que no se mantenga el precepto de personas no localizadas es necesario dirimirlo con el gobierno, porque nos parece que no es así como debe estar inscrito en la ley. Yo veo con mucha preocupación que eso pueda distraer respecto a la fuerza de tarea de búsqueda que ya acordamos», alertó la legisladora.
Ante la ausencia de datos exactos, otra de las demandas es la existencia de un banco nacional de datos para conocer cuántos casos hay, en dónde se encuentran y que en caso del hallazgo de restos éstos puedan ser identificados plenamente a partir del correcto resguardo de información de ADN.
