La integridad de la función pública va más allá de los requerimientos legales del combate a la corrupción e impunidad. Su código de ética es en esencia, la salvaguarda de los valores cívicos del Estado y la única frontera posible ante la corrupción y las conductas que la legitiman, cuyo cáncer flagela la dignidad de la sociedad.
Amparo Casar al referirse a esta lacerante realidad, explica que “la corrupción alcanza el nivel de norma social: de una creencia compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares o a los amigos, es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual”, esto demuestra la urgente y necesaria implantación de acciones para prevenir y abatir la corrupción e impunidad en la vida pública y privada del país.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) erige como instancias neurálgicas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a los Órganos Superiores de Fiscalización y a los Órganos de Control Interno Locales, para constituir el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).
Esto significó transformar conceptualmente la fiscalización para que actuara como instrumento estratégico de cautela y protección del gasto público; y asignar nuevas responsabilidades y atribuciones para fortalecer el ejercicio de la auditoría gubernamental y la fiscalización de las operaciones de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los gobiernos Federal, estatales y municipales.
La ASF podrá realizar auditorías en línea, sin limitarse a cronologías concretas; indagar y ejercer control y prevención administrativa, condiciones que son una respuesta a la perspicacia y suspicacia ciudadana que demanda honestidad, credibilidad y confianza, así como corresponsabilidad en las acciones públicas.
Sobresale del nuevo marco legal, la coordinación interinstitucional de la ASF para interactuar con las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los estados en la revisión de las cuentas públicas, las participaciones federales, y en el trazo de la armonización normativa y metodológica para la correcta aplicación de los protocolos legales.
Trasciende en las nuevas potestades de la ASF, la capacidad investigadora y de substanciación de presuntas faltas administrativas graves, las que sólo serán ejercidas cuando exista una denuncia debidamente fundada que aporte elementos de prueba que activen el procedimiento indagatorio, o cuando sean el resultado de una auditaría de fiscalización anual de la cuenta pública.
Esta función investigadora es contundente. Se realiza desde la planificación y administración del quehacer gubernamental, y atiende la comprobación racional y protocolaria del gasto, donde la fiscalización no se reduce a la comprobación de recursos de entidades y agentes privados, sino a su control de acuerdo a la justificación expresa de planes, programas y presupuestos, así como al cumplimiento de objetivos y obtención de los resultados fijados en las políticas públicas.
En este entramado institucional de combate a la corrupción, corresponde a la SFP, cuyo titular será nombrado por el Senado de la República; priorizar el control interno de los actos administrativos de los servidores públicos y de las personas morales, para prevenir que no incurran en soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa o alterada, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de exfuncionarios.
Esta función se afianza con programas de cumplimiento en materia de investigaciones anticorrupción; prácticas para vigilar, monitorear y evaluar el funcionamiento de las unidades ejecutoras del gasto; y políticas de prevención de la corrupción, lineamientos de integridad y probidad, y códigos de ética pública.
El establecimiento de estos mecanismos, son un elemento indispensable para potenciar el desempeño de los servidores públicos, quienes deben apegarse a la transparencia y rendición de cuentas; garantizar la presentación de su declaración fiscal, patrimonial y de intereses; y acreditar los perfiles profesionales para que cada puesto, eleve la competitividad y calidad de la gestión.
Estas medidas de control para fortalecer los principios de rectitud y lealtad de las dependencias y servidores públicos, reclaman visibilizar la inhabilitación por destitución disciplinaria, conflictos de interés, deficiencias en el cargo, o por corrupción, así como transparentar las causales de destitución y las sanciones a servidores públicos y a los agentes del sector privado.
Hoy, la auditoría ciudadana, la contraloría social y los nuevos mecanismos de inserción y corresponsabilidad en la toma de decisiones del quehacer público, edifican una nueva era que debe trascender la cultura del cumplimiento de normas y reglas, a un orden valórico, cuyos principios de probidad plena deben ser el distintivo de la función pública.
En este contexto, el uso y libre acceso ciudadano a la información pública, precisa instaurar formas de capacitación a la sociedad para que comprenda el funcionamiento del SNA y se edifique una cultura de conocimiento de la función pública que facilite su interacción.
Es necesario que la ciudadanía perciba que las tareas de fiscalización y control del Estado, constituyen un instrumento de moralización, imparcialidad y certeza de la gestión de los sujetos obligados del orden público en su relación con el sector privado, y no una herramienta partidizada de terror político que obstruya el sentido original para la que fue concebida: el combate a la corrupción y la impunidad.
La salvaguarda del orden sistémico exige que el SNA se constituya como agente dinamizador de la tarea pública y garantice la democratización de sus funciones; la corresponsabilidad ciudadana; y la promoción transversal de las acciones del Estado. Si logra este cometido, la confianza, el respeto y la dignidad humana serán la constante de un pueblo que ve en el Estado el crisol del porvenir.
Agenda
- Mi reconocimiento al C. Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, que hoy presenta su Sexto Informe de Gobierno, cuya obra social ha dignificado a los hidalguenses. Sus logros y acciones políticas, económicas, educativas y de infraestructura, han dado paso a una nueva era, en la que el ejercicio de gobierno es mandato ciudadano.
- La destacada labor de la Sra. Guadalupe Romero Delgado, Presidenta del Sistema DIF-Hidalgo, será compartida en el Informe de su acertada gestión que rendirá el próximo viernes. Reconozco su entrega y dedicación en favor de los sectores vulnerables de nuestra sociedad, en especial de los ancianos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, de la dignificación de las familias y organizaciones altruistas de la sociedad hidalguense.
- Mi solidaridad a las familias afectadas por el Huracán Earl y la tormenta tropical Javier, que enlutaron al pueblo de México.
- Con importantes pronunciamientos, compromisos y acciones de Estado se conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el Día Internacional de la Juventud.
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