La indagatoria, sin embargo, se dio así por cumplida, lo que evapora la posibilidad de que el juez vuelva a emitir una nueva orden de captura en contra de la dirigente de 87 años.
Martínez de Giorgi provocó el pasado jueves un revuelo político al ordenar el arresto de De Bonafini, una controvertida luchadora social que es reconocida por su lucha en favor de los derechos humanos, pero criticada por su carácter agresivo y su liderazgo verticalista.
De Bonafini está imputada en la investigación por el presunto fraude cometido en “Sueños compartidos”, un programa de construcción de viviendas sociales que manejó la organización Madres de Plaza de Mayo con recursos públicos.
La dirigente ya había advertido que no acudiría a declarar por segunda vez consecutiva, por lo que el juez la consideró “en rebeldía” y ordenó su captura, la que trató de hacer efectiva un grupo de policías federales que acudió a la asociación Madres de Plaza de Mayo.
Los policías no pudieron detener a De Bonafini gracias que una multitud fue a custodiarla y luego la acompañaron a la Plaza de Mayo para que encabezara la ronda que las Madres realizan desde hace casi cuarenta años para denunciar las desapariciones de miles de personas durante la última dictadura (1976-1983).
Fue tal el caos que provocó, que el propio Martínez de Giorgi levantó el pedido de detención después de que los abogados de la dirigente se comprometieran a que cumpliría con su indagatoria.
