Los bancos mexicanos le cierran la puerta a estados salpicados por corrupción
La caída de los préstamos bancarios a los estados este año ha sido la más fuerte desde la última crisis financiera mundial, y sucede después de que varios estados registraran un incremento en sus pasivos en los últimos cinco años.
Las cifras son contundentes: en la primera mitad del año, la banca comercial firmó 11 préstamos con gobiernos locales por 8,471 millones de pesos (mdp), menos de la mitad de la suma otorgada por una treintena de préstamos en el mismo periodo de 2015, y apenas una tercera parte de la desembolsada en mismo lapso de 2014, según datos de la Secretaría de Hacienda.
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Cuatro entidades —Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León— contrataron casi la mitad de la deuda de todos los estados del país entre 2010 y 2015. En ese periodo, el total de deuda de los estados se disparó 70% a 536,269 mdp (28,470 millones de dólares).
«Ahora tenemos políticas muy cautelosas para evitar casos de sobre endeudamiento», dijo Armando Acevedo, un ejecutivo a cargo del préstamo a gobiernos locales en el Grupo Financiero Interacciones, un importante financista de estados y municipios, en una entrevista hecha en junio.
Solo tres días después de la entrevista, la agencia Moody’s rebajó su recomendación sobre las notas del banco, destacando su alta exposición a los gobiernos locales y regionales.
Durante las siguientes semanas, Moody’s hizo lo propio con Veracruz y Chihuahua, mientras que Standard & Poor’s colocó en «negativa» la perspectiva crediticia de Quintana Roo.
México sufrió varias crisis económicas durante la segunda mitad del siglo pasado, las últimas dos fueron en 1982 y 1994-1995, esta última conocida como Tequila.
En 1982, México incumplió pagos de su deuda y nacionalizó la banca. Pero en los años siguientes hubo un exceso en el otorgamiento de préstamos que acabó en una fuerte depreciación del peso y el rescate de la banca, que ya había sido nuevamente privatizada, en la crisis de 1994-1995.
Hoy, a pesar de las luces de alarma, el gobierno insiste en que no hay problemas en el sistema y que hay reglas más estrictas para contratación de deuda tras la aprobación en abril de una nueva ley para poner freno a la deuda de los estados.
«Denoto una banca mucho más analítica», dijo Marcela Andrade, responsable de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda. «Ya se ve un poco más el trabajo de ver a quién le están prestando».
El gobierno federal ha dicho que el menor ritmo de préstamos se debe a que este año dio más recursos a estados y municipios, aunque reconoce que los bancos están siendo más cautelosos.
Los bancos están poniendo la lupa en el grado de endeudamiento de las entidades, pero también en la dependencia que tienen los estados de los aportes federales, en su exposición a los precios del crudo, y en los escándalos de corrupción de sus administraciones, antes de tomar una decisión.
Votantes castigan endeudamiento
Los bancos se jactan de esa cautela, pero insisten en que no están dejando de prestar a clientes regionales.
«Lo que hemos hecho es que hemos sido prudentes en justamente a qué estados le estamos prestando», dijo el presidente del Consejo de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja.
Otro ejecutivo financiero de alto rango, que pidió omitir su nombre, dijo a Reuters que estaba muy preocupado por la corrupción y la mala gestión económica en varios estados y había tratado de reducir su exposición a esos prestatarios.
De acuerdo con el Banco de México (central), entre diciembre de 2015 y junio de 2016 el total de préstamos de bancos comerciales entre estados y municipios se redujo 3.1% mientras que los préstamos al sector privado aumentaron 5.6%.
La deuda a estados y municipios representa una pequeña parte del endeudamiento total de México.
El PRI —que gobernó a México durante 70 años hasta el año 2000— perdió este año por primera vez las gubernaturas de bastiones como Veracruz y Tamaulipas, además de Chihuahua. En junio del año pasado ya había dejado el poder en Nuevo León.
El exgobernador de Nuevo León está bajo investigación judicial por el supuesto desvío de recursos. Tres altos funcionarios del PRI admitieron que es muy probable que al menos los gobernadores salientes de Veracruz y Quintana Roo puedan ser llamados a rendir cuentas.
Con este escenario, está latente el temor de que algunas autoridades estatales y locales tengan que recurrir a un rescate del Gobierno federal, que por su parte está lidiando con menores ingresos derivados de una caída en los precios del petróleo.
«Veracruz está en quiebra», dijo el senador de izquierda Armando Ríos Piter, que forma parte de la comisión de Hacienda en la Cámara alta. Una coalición que integra su partido, el PRD, le arrebató al PRI el poder de ese estado.