Hidalgo expone en el Diálogo Regional, buenas prácticas para el acceso a la justicia de las mujeres
Pachuca, Hgo., 28 de julio de 2016
En el marco del Diálogo Regional 2016 «Intercambio de Buenas Prácticas: Desafíos y nuevos retos para la erradicación de la violencia contra las mujeres», que se lleva a cabo en esta ciudad, la titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), María Concepción Hernández Aragón, destacó los avances que el Gobierno que encabeza José Francisco Olvera Ruiz, ha logrado para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia.
En la mesa de discusión «La construcción de un nuevo imaginario de igualdad entre hombres y mujeres”, se abordó el tema: Medidas para superar los obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia. Al respecto, la funcionaria reconoció que hay obstáculos de hecho o de derecho que impiden el acceso real y efectivo de las mujeres a la justicia, sin embargo en Hidalgo hay un historial de buenas prácticas en esa materia, implementadas en la administración 2011-2016.
Un avance sustantivo fue la Reforma a la Ley Penal y de Procedimientos Penales de 2013, misma que fue reconocida por la Comisión Interamericana de Mujeres como un importante mecanismo jurídico para sancionar la violencia en agravio de mujeres y niñas.
En ella destaca la tipificación del delito de feminicidio, y como complemento para hacer efectiva su aplicación se creó el Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio, adecuado ya al Sistema Penal, Acusatorio y Oral. La Procuraduría General de Justicia del estado expidió circulares en las que instruyó a agentes del Ministerio Público, para que una vez que tengan conocimiento de acciones de violencia contra mujeres emitan de manera oficiosa las medidas de protección necesarias; también mandató a los Ministerios Públicos y sus auxiliares realizar todos los actos de investigación con la debida diligencia y perspectiva de género para confirmar o descartar si la muerte de una mujer se trata de un feminicidio.
La reforma incluyó otros preceptos que impactan en la garantía del derecho a la justicia de las mujeres, por ejemplo se modificó el delito de violencia familiar para incluir todos los tipos de violencia; se prohibió la conciliación entre agresores y víctimas cuando se trate de asuntos que impliquen violencia familiar y sexual y sea cometida en agravio de mujeres y personas menores.
Entre otras acciones que expuso como buenas prácticas, resaltó: El Plan de Intervención que se creó derivado de los asesinatos en Tula-Tepeji; la implementación de un programa permanente de capacitación a los agentes del Ministerio Público, policías de investigación y personal pericial, en temas como atención con calidad, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, a efecto de que los tres actores intervinientes en la investigación hablen el mismo lenguaje. Asimismo se capacitó a conciliadores municipales y personal directivo de las policías municipales, sobre la aplicación y vigilancia de las órdenes de protección.
Las Fiscalías Especializadas para la Investigación de los Delitos de Género y los relacionados con la Trata de Personas; el Centro de Justicia para las Mujeres, que brinda atención integral y especializada a las mujeres, sus hijos e hijas, así como Módulos de Atención Jurídica y Psicológica distribuidos al interior del estado para facilitar el acceso de las mujeres a la atención en regiones apartadas, son acciones en el mismo sentido.
Además del papel proactivo de la sociedad civil organizada que fortalece el trabajo de gobierno, habló de la institucionalización de los mecanismos para atención de mujeres, como las Unidades Institucionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y las Instancias Municipal para el Desarrollo de las Mujeres, las cuales se fortalecen con la creación de sus respectivos Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y que a partir de la siguiente administración, las titulares de dichas Instancias estarán obligadas a una certificación laboral.
La titular del IHM compartió la mesa de diálogo con María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien cuestionó la falta de sensibilidad en las autoridades para atender oportunamente las denuncias de violencia contra mujeres que influyen en la consumación de los feminicidios.
También estuvo Ángela Quiroga Quiroga, fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, conminó revisar la correcta emisión de las órdenes de protección; Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, mencionó que un gran obstáculo es la falta de perspectiva de género en la investigación del feminicidio; y Juliana Cano, de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para las Américas, compartió los resultados de un estudio sobre tortura contra mujeres.