Pachuca, Hidalgo a 26 de julio de 2016
- Intercambian experiencias en los sistemas de Costa Rica y México
Con la conferencia ¿Cómo medimos la violencia contra las mujeres en el ámbito de la justicia?, iniciaron las actividades del “Diálogo Regional 2016. Intercambio de buenas prácticas: Desafíos y nuevos retos para la erradicación de la violencia contra las mujeres”, que se lleva a cabo los días 26 y 27 de julio, en la ciudad de Pachuca.
Este encuentro tiene como objetivo impulsar la creación de espacios de cooperación, conocimiento e intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas para avanzar hacia el pleno derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
En primera instancia, intervino la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, dijo que investigar y juzgar con perspectiva de género, es parte de los deberes de los estados frente a los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Recalcó que el Poder Judicial y los órganos de procuración de justicia son agentes del Estado, por lo cual les corresponde cumplir en materia de derechos humanos, siguiendo los protocolos y el sustento legal que existe para ello, por lo que es deber de cada una de las entidades adecuar el marco legal acorde a las obligaciones internacionales, particularmente cuando se trata de protección de las personas.
Sánchez Cordero recordó que hace cinco décadas que inició sus labores jurídicas, existía una nula perspectiva de género en torno a la protección de las mujeres; en cambio, actualmente existen diversas bases legales para ello, mencionó algunos como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Belém Do Pará, además de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La ex ministra resaltó que en torno a las obligaciones de la procuración e impartición de justicia, no es opcional, recurrir a lo normativo, pues actualmente se tiene que resolver y juzgar con perspectiva de género, respetando los derechos humanos, valorando las pruebas sin estereotipos sociales.
Mencionó que el Estado tiene la obligación de proteger, por lo que cuenta con algunos mecanismos como la emisión de órdenes de protección; abordó el tema de la emisión de la Alerta de Género, la cual ya se encuentra en proceso en varias entidades, la cual lejos de representar un agravio o llamada de atención para las autoridades, representa un acto coadyuvante con la propia sociedad.
Olga Sánchez Cordero declaró que la Alerta de Género es promovida por las propias autoridades, quienes se han sensibilizado ante los hechos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres y niñas, lo que significa trabajar de la mano con la sociedad.
Este mecanismo no sólo se usa para una entidad, sino también puede ser otorgado para los municipios que reportan estos problemas de violencia hacia las mujeres.
Compartir la perspectiva de género en el ámbito jurídico, Sánchez Cordero la tomó como una obligación moral, efectuando una “catequización a juezas y jueces en la procuración y administración de justicia”; señaló que espera que estos protocolos sirvan a generaciones posteriores de juezas y jueces, para juzgar bajo un método analítico de perspectiva de género.
Zarela Villanueva Monge, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica destacó las acciones que en materia de igualdad se han implementado, en diferentes perspectivas, desde la aplicación de justicia, hasta la creación de plataformas virtuales para brindar a las mujeres la información necesaria para la protección de sus derechos, se lleva también un registro activo de los casos de violencia contra las mujeres y su identificación.
En el año 2015 se registró en promedio una pena de 20.3 años por el delito de feminicidio, las variables consideradas en estos casos son la víctima, el imputado y el lugar del hecho, dentro de la relación que tenía el imputado con la víctima se considera: conviviente y atacante sexual esto en cuanto a la relación que mantenían con ella.
Se consideran situaciones como violencia emocional, amenazas, violencia sexual, pensión alimentaria que también forma parte de la violencia de género.
Conjuntamente con las estadísticas diseminadas en la situación alarmante en los casos de violencia de género, se creó el observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia que otorga información, la cual está disponible para todas las personas.
En Costa Rica el registro y divulgación de las violencias de género son parte medular del quehacer del poder judicial. Se cuentan con las herramientas que ayudan a precisar con mayor puntualidad la dimensión de las violencias de género y el perfil de las personas que las cometen y de las que las sufren. La meta es identificar a las personas usuarias de los servicios que se prestan, visibilizar las desigualdades, contribuir a la definición de acciones para mejorar el acceso a la justicia de acuerdo con las necesidades de la población.
