12 de Julio de 2016

Fin a precio único de gasolina, pide Cofece La Comisión Federal de Competencia (Cofece) propuso ampliar la banda para fijar los precios de venta de primera mano de las gasolinas y diesel más allá de 3% hacia arriba o hacia abajo, vigente actualmente, a partir de 2017. Alejandra Palacios, comisionada presidenta del regulador, reconoció que esto supone que puede haber alzas de precios superiores a los de este año en algunas zonas del país y reducciones en otras, sobre todo en la franja fronteriza con Estados Unidos. En su estudio Transición hacia mercados competidos de gasolinas y diesel, la Cofece recomienda también revisar los precios semanalmente, como en el mercado estadounidense, es decir, en México habría movimientos de precios de combustibles cuatro veces al mes, a partir del próximo año. Las recomendaciones, indicó Palacios, pueden integrarse al Paquete Económico del próximo año, además de que integran el proceso de transición de un mercado de gasolinas y diesel regulado a otro totalmente liberado a partir del 1 de enero de 2018. El documento indica que es deseable aumentar el valor correspondiente al límite superior de la banda de precios máximos, a fin de que a inversionistas les sea atractivo participar en la comercialización de combustibles. Lo que se busca, es “que el precio máximo de venta al público responda a costos y condiciones del mercado y, así, generaría mayor concurrencia de agentes económicos y mejores condiciones hacia la liberalización”. “La fórmula es que si los precios del insumo básico —el petróleo— suben, los precios de las gasolinas también suban y si los costos logísticos bajan, el precio tendría que bajar”, indica.

Enfría PGR mañas de Duarte y Borge Por considerar que los Gobernadores priistas de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, impulsaron nombramientos y leyes a modo para el combate a la corrupción en sus entidades, la PGR presentó acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. En las controversias interpuestas -que fueron ordenadas por el Presidente Enrique Peña- se argumenta que los decretos planteados por los Mandatarios son contrarios a los principios del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. «El Constituyente Permanente aprobó un marco jurídico robusto e innovador que recoge las mejores prácticas internacionales para prevenir y castigar la corrupción, y uno de los propósitos es que no haya cabida para legislaciones locales a modo. «Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de Gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley», advirtió el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, al dar a conocer la controversia. En las últimas semanas, las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática habían exigido al Primer Mandatario su intervención para echar abajo lo que calificaron como un «paquete de impunidad». El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval, dijo que confían en la celeridad de la Suprema Corte para resolver sus peticiones. «Lo que en esencia se ha solicitado es que la Suprema Corte advierta que las entidades mencionadas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias», resumió Sandoval. Una vez que las acciones de inconstitucionalidad sean admitidas se emplazará a los poderes Ejecutivos y Legislativos de Veracruz y Quintana Roo para que defiendan sus reformas, las cuales seguirán vigentes. La resolución podría ser a finales de 2016 o incluso en 2017. Tras conocer el anuncio del Ejecutivo, Duarte declaró desierto el nombramiento del fiscal anticorrupción y señaló que las personas propuestas para Magistrados declinaron participar en el proceso. Por su parte, Borge negó haber impulsado un sistema anticorrupción, pero se dijo dispuesto a colaborar «muy coordinado» con la PGR para hacer las correcciones.

Frenan fiscalías de los Duarte y Borge El presidente Enrique Peña Nieto echó abajo las pretensiones de los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, respectivamente, de contar con fiscalías, contralores y magistrados anticorrupción a modo, a escasos meses de que dejen sus cargos, luego de que han sido señalados por diversos sectores de la sociedad de malos manejos y de desviar recursos públicos. Por instrucciones del titular del Ejecutivo federal, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las que impugnó las modificaciones aprobadas por los congresos locales de ambas entidades, con la que se pretendía blindar a los mandatarios estatales que dejarán sus cargos en noviembre de este año y en abril de 2017. Dichas reformas, enfatizó la PGR, son contrarias a la reforma constitucional de mayo de 2015, que prevé la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El recurso legal hizo que los mandatarios estatales comenzaran a echar marcha atrás. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, dijo que ninguna institución y ni un servidor público, sin importar el orden de gobierno en que se desempeñe «pueden estar al margen de la ley». En conferencia de prensa realizada en la residencia oficial de Los Pinos, Sánchez recordó que en junio pasado los congresos locales de Veracruz y Quintana Roo aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción.

«Por ello, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, la PGR presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores de Quintana Roo y de Veracruz para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción», expresó.

Acuerdan SG y CNTE vía de salida al conflicto magisterial Tras casi cuatro horas de diálogo, la Secretaría de Gobernación (SG) y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alcanzaron un primer acuerdo general mediante el cual se instalarán tres mesas paralelas de negociaciones, para abordar las problemáticas política, educativa y social, según anunció pasada la medianoche el titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong. Al respecto, los dirigentes de la CNTE afirmaron que en dichas mesas se tocarán todos los temas de la reforma educativa, y exhortaron al gobierno federal a que haya resultados y se cumpla con todos los temas. No obstante, señalaron que mantendrán su plan de acción y la exigencia de que se satisfagan las tres demandas planteadas ante la dependencia federal: suspensión permanente de la reforma, construcción de un modelo integral de educación y reparación inmediata de los efectos nocivos de la reforma. En un mensaje a los medios de comunicación al concluir las pláticas, Osorio Chong indicó que la instalación de dichas mesas tiene un significado muy importante para el país, que permitirá, dijo, dotar de mayor tranquilidad, gobernabilidad y estabilidad a aquellas entidades donde se han enfrentado diversas problemáticas durante los meses recientes.

EPN va contra blindaje a Borge y Javier Duarte La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia sendas acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, a fin de impedir que transiten los llamados paquetes de impunidad que perfilan ambos mandatarios y con ello se violente el Sistema Nacional Anticorrupción. El vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, y el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval, advirtieron que el Ejecutivo federal no permitirá legislaciones ni medidas que contravengan el Sistema Nacional Anticorrupción ni que operen “a modo” para beneficiar a algún funcionario local. “Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana. Recientemente los congresos de Quintana Roo y Veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción “, advirtió el vocero. En tanto, el funcionario de la PGR, Sandoval, se abstuvo de informar sobre las investigaciones que existen en esa dependencia contra los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y Quintana Roo, Roberto Borge; pero aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación, trátese del funcionario que se trate, a fin de sancionar cualquier conducta ilícita, en caso de que ésta sea comprobada. A pregunta expresa en la conferencia Sandoval afirmó que también se analiza si se procede contra las acciones que está tomando el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el congreso de esa entidad para imitar a sus homólogos de Veracruz y Quintana Roo. En la residencia oficial de Los Pinos el vocero gubernamental aseveró que los recursos de inconstitucionalidad fueron interpuestos por instrucciones del presidente Peña Nieto, al considerar que “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”.

PGR impugna blindaje de los gobernadores Borge y Duarte

Con Álvarez Icaza, séquito de 25 a giras de cuatro días Durante sus viajes al interior del país como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza llevó en sus comitivas hasta choferes para él y su personal, todos con viáticos. Un reporte obtenido a través de una solicitud de transparencia indica que en sus giras de trabajo el exombudsman capitalino llegó a ser acompañado por 25 funcionarios. Es el caso del Tercer Congreso Nacional de Organismo Autónomos de Derechos Humanos, que se efectuó en la capital de San Luis Potosí del 12 al 15 de junio de 2008. A este encuentro acudieron el contralor interno, el jefe del departamento de Auditoria, la subdirectora Jurídica, la auditora, dos visitadores generales y dos adjuntos, así como la subdirectora de Ejes Transversales para el Desarrollo Institucional. Asimismo, se sumaron a ese viaje dos asistentes de producción, la jefa del Departamento de Análisis, el coordinador de Asesores, cinco prestadores de servicios profesionales, un fotógrafo, la jefa del Departamento de Contabilidad y el jefe de Cuentas por Pagar. Álvarez Icaza incluyó en ese mismo traslado a dos choferes, a la directora general de Administración, el jefe del departamento de información y Diagnóstico para el Seguro, la subdirectora de información e investigación para el Seguimiento y una jefa de unidad.

EPN vs ‘blindaje’ de Duarte y Borge El presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), interpuso acciones de inconstitucionalidad contra normas en materia de corrupción aprobadas por los Congresos de Quintana Roo y Veracruz, y promovidas para su blindaje por los gobernadores Roberto Borge y Javier Duarte, respectivamente. El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, aseveró que ambas entidades carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el objetivo de que los sistemas locales se ajusten al sistema nacional. En rueda de prensa conjunta con Eduardo Sánchez, el portavoz del Gobierno Federal, puntualizó que este recurso es contra medidas como la de hacer nombramientos de fiscales especializados en combate a la corrupción. Los Congresos de Veracruz y Quintana Roo aprobaron en los últimos días diversas reformas, las cuales no son acordes al sentido y fin de la reforma constitucional del SNA, aprobada el 27 de mayo de 2015. Informó que la PGR realiza una investigación exhaustiva al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de la cual, por ley, no puede dar detalles. El vocero Eduardo Sánchez indicó que el propósito del recurso de inconstitucionalidad es que no haya legislaciones locales “a modo”. Consideró que en la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones, ya que las instituciones del Estado mexicano están obligadas a cumplir, y hacer cumplir la ley. “Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana. Ni más, ni menos”, afirmó. De acuerdo con el constitucionalista Roberto Duque, es una buena noticia que la PGR haya actuado en ese sentido, porque estas son reformas que no tienen como soporte el combate a la corrupción, sino todo lo contrario.

Peña pone freno a Duarte y Borge La Presidencia de la República, a través de la PGR, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge. En Los Pinos, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, dijo que los recursos interpuestos por la Procuraduría General de la República (PGR), por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, buscan evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sánchez explicó que “recientemente los congresos estatales de Quintana Roo y de Veracruz aprobaron reformas que se oponen” al SNA. El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, señaló que los gobiernos de Borge y de Duarte concretaron nombramientos de magistrados, contralores, fiscales, entre otras autoridades, que sólo podían hacerse hasta que se armonizara la legislación local con la federal. Sánchez expuso que uno de los propósitos del SNA es que no haya cabida para legislaciones locales a modo. “En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones”, dijo. Agregó que los decretos para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción se publicarán en los próximos días. Roberto Borge respondió vía Twitter que acatará el fallo de la SCJN. Sin embargo, aclaró que “no hemos promovido la creación de ningún sistema anticorrupción”. En tanto, Javier Duarte anunció que retirará su iniciativa en Veracruz. También en Twitter escribió que ya no enviará ninguna propuesta de terna para magistrados anticorrupción.

HIDALGO

MILENIO HIDALGO. Anulan magistrados elección en Omitlán.

CRONICA HIDALGO. Rechaza el TEEH un atraso intencional de resoluciones: La intención del Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) no es eternizar la resolución de juicios de inconformidad sobre la contienda del pasado 5 de junio, aclaró el magistrado presidente, Manuel Cruz Martínez, ya que todas las impugnaciones son estudiadas minuciosamente conforme a pruebas y requerimientos que integran los expedientes. En entrevista exclusiva para La Crónica de Hoy en Hidalgo, reiteró que los integrantes del pleno no pretenden atrasar la emisión de sentencias, pues incurrirían en agravios a la propia legislación electoral, misma que establece tiempos para decretar fallos. “No es nuestra intención eternizarlos o quedarnos con un asunto, porque es en nuestro perjuicio, nosotros al no hacerlo incurrimos en una serie de responsabilidades civiles, penales y jurisdiccionales, entonces como buenos abogados estamos en la intención de cuidar estas formas y sobre todo que a la ciudadanía le quede certeza de que resolvemos conforme a derecho”. Tras queja que interpuso el Partido Acción Nacional (PAN), con el expediente SUP-JE-74/2016, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde solicitó al órgano jurisdiccional hidalguense resolución inmediata de 18 juicios de inconformidad, el magistrado precisó que el Código Electoral establece como fecha límite de resolución la primera semana de agosto, un mes antes de que los candidatos electos asuman cargos. “Creo que indebidamente el abogado solicita la resolución de un juicio general, la apreciación es indebida porque sabe que presentaron 18 juicios en cada distrito, por economía procesal deben acumularse para no ser contradictorios en la sentencia, estamos en revisión de mil 688 casillas donde impugnaron resultados, están en su derecho de solicitar la pronta resolución, pero creo que no están enterados que la ley nos da hasta el 5 de agosto”. Además los jueces hidalguenses esperan actas o documentos que solicitaron al Instituto Estatal Electoral (IEEH), a partidos políticos, Consejos Municipales o Distritales, terceros interesados, ciudadanos, a fin de cotejar evidencias, tiempos y circunstancias para resolver con todos los elementos.

CRITERIO. Anula el Tribunal elección en Omitlán: El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) anuló la elección de ayuntamiento de Omitlán de Juárez, y con ello, dejó sin efecto los resultados del cómputo que dieron el triunfo a José Luis Ordaz Ríos, excandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En sesión pública, la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo expuso que Ordaz Ríos violó el artículo 130 constitucional al mezclar cuestiones de índole interpersonal con cuestiones políticas durante su participación en la cabalgata en honor a la Santísima Trinidad. Con apoyo de videos y fotografías, la magistrada explicó que el excandidato del Verde violó el principio de laicidad al participar en una cabalgata el 22 de mayo, en la que simpatizantes portaron banderas identificadas con este instituto. Mixtega Trejo describió que una mujer que participó en la cabalgata portó un estandarte con la imagen religiosa de Jesucristo; la mujer, dijo la magistrada, en ocasiones se colocaba al lado del excandidato y éste saludaba a personas a su paso. El pleno del tribunal coincidió en que se trató de una violación grave por parte de Ordaz Ríos. La impugnación de José Luis Ordaz fue realizada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo con el que se coaligó en la elección de gobernador, así como con algunos municipios y distritos electorales. Tras la resolución, se ordenó girar oficio al Instituto Estatal Electoral (IEE) Hidalgo para que haga lo conducente; es decir, convocar a elección extraordinaria, lo que se prevé ocurra hasta el próximo año.

INDEPENDIENTE. Anula Tribunal elección en Omitlán: El Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) anuló la elección de presidente municipal de Omitlán al señalar que el candidato del Verde Ecologista José Luis Ordaz Ríos, que ganó los comicios del 5 de junio, participó en una cabalgata religiosa en honor a la Santísima Trinidad. Durante sesión, la magistrada Mónica Mixtega Trejo resolvió la impugnación que interpuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y para ello mostró video de la cabalgata donde también se observaba banderas del Verde Ecologista. Ordaz Ríos participó en el evento del 22 de mayo en la localidad de la Venta Guadalupe, como parte de las festividades anuales en honor a la Santísima Trinidad, lo que a juicio de los magistrados violentó el artículo 130 de la Constitución. En la cabalgata una mujer portaba un estandarte que tenía la leyenda “Venta Guadalupe Santísima Trinidad” y al centro estaba la imagen de Jesucristo con una cruz en su espalda, un Dios padre y una paloma que representa el espíritu santo. Mixtega Trejo narró que en determinados momentos del recorrido el candidato del Verde Ecologista estaba junto al estandarte y saludaba a las y los espectadores. “La actuación del candidato y sus seguidores no se trata del ejercicio de su libertad religiosa, pues al ser contendiente en un proceso electoral, como personaje público, sus actos se vuelven de índole político electoral”, agregó. La presencia de Ordaz Ríos en dicho evento “implicaba actos de campaña con una carga ideológica relacionada con un acto de culto público que le permitió un posicionamiento indebido ante el electorado”. Por lo que el hecho de que el candidato no portara el estandarte religioso resulta intranscendente para la comunicación de su religiosidad.

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