En entregas anteriores hemos insistido en la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto como formas de evitar que la discrecionalidad se mantenga como frontera infranqueable que deteriora la calidad de la democracia y vulnera a la sociedad.
Estos principios de probidad institucionalizada se deben refrendar en la transición de mando de las administraciones estatales y municipales, que en los próximos días se llevará a cabo, en el cierre y apertura de los ciclos de las nuevas administraciones gubernamentales; civilidad política que contribuye a que las decisiones sean conocidas por la sociedad de manera clara y abierta
La transición del mando de los gobiernos subnacionales y locales en las entidades federativas que el pasado 5 de junio vivieron una histórica jornada electoral, ha iniciado dando paso al proceso de entrega-recepción.
En algunas entidades federativas, este proceso revela una realidad compleja provocada por las autoridades que entregan; quienes aprovechando las facultades que aún tienen, dictan medidas administrativas que aun siendo legales, carecen de la ética política, al distorsionar las condiciones en las que se dará el ejercicio de los gobiernos entrantes, buscando en algunos casos, obstaculizar funciones fiscalizadoras.
Esta circunstancia, evidencia la necesidad de contrarrestar los problemas que enfrentan la transparencia y la rendición de cuentas al incidir en el déficit de confianza y credibilidad y provocar la decepción, el malestar y desencuentro social de la ciudadanía, con el gobierno.
En el Estado de Hidalgo, este proceso se plasma en el protocolo estructurado en la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos, cuyo mandato potencia la certidumbre de un ejercicio de gobierno abierto, en público y democrático, en el marco de civilidad política, respeto y comunión del orden gubernamental. Lo que refleja el estatus que registran los indicadores de eficiencia y productividad en la administración pública.
Este escenario permite a las próximas autoridades, contar con elementos significativos y criterios de análisis, que fortalecerán el futuro ejercicio público, ya que prima no sólo la voluntad de la administración que termina, sino la certidumbre de los resultados, en apego a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo.
No se trata de descubrir el hilo negro, sino de forma y fondo, hacer de la rendición de cuentas el arqueo de la eficiencia pública. Que cada programa, plan de gobierno, política pública o partida asignada del presupuesto, responda y justifique el objetivo o meta que cumplió en el desarrollo social, que es en stricto sensu es para lo que ha sido creada.
La administración publica parte de principios de probidad y honorabilidad irrefutables. A partir de esta premisa, resultan loables los trabajos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
Al respecto el Programa Integral de Fortalecimiento y Cierre de la Administración Pública Estatal 2011-2016, que implementa la Secretaría de la Contraloría, tiene como objetivo transparentar la gestión efectuada a través de una estrategia integral de entrega-recepción, que hace de la rendición de cuentas un escenario de ingeniería institucional que salvaguarda el orden, la homogeneidad y la planificación democrática.
Por su parte, la Auditoría Superior desarrolla cursos de capacitación a los Ayuntamientos entrantes, en una práctica vinculante con los que terminan, que da concreción al proceso de entrega-recepción, fortalece la eficiencia administrativa y la interoperabilidad de sus recursos humanos.
Los cursos que se imparten se centran en los resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 2014 que fue presentada en 2015, respecto a los estados financieros, presupuestarios, programáticos, inventarios de bienes muebles e inmuebles, estado de la deuda pública, avances físicos y financieros de obras; así como de todas las operaciones derivadas de la aplicación y ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y Municipios; de los programas y metas alcanzadas, la evaluación de programas sectoriales, políticas públicas, escenarios de asistencia y coordinación social.
Este censo del estatus administrativo del gobierno, es una respuesta a la exigencia legal que permite a las futuras administraciones orientar el inicio de un ejercicio gubernamental salubre en favor de la ciudadanía.
La metodología utilizada permite identificar tanto logros obtenidos, como las áreas de oportunidad y riesgo administrativo que enfrentan las dependencias y entidades públicas que como práctica integral, da certidumbre e impone un protocolo que transparenta y hace de dominio público el ejercicio de gobierno.
Esta medida es atinada debido a que generalmente, en las administraciones municipales existe impericia, desconocimiento y carencia de programas de capacitación de sus estructuras de servidores públicos, lo que hace que enfrenten problemas relacionados con el uso erróneo de partidas, presupuestos y toma de decisiones.
Este contexto, exige un esfuerzo de armonización de los gobiernos federal, estatales y locales, con lógicas y protocolos de operación que atiendan la disparidad cognitiva de profesionalización de los servidores públicos, que como problema histórico, impone generar un Modelo Unitario de Gestión Pública que garantice la plena capacitación y superación de los servidores públicos.
El trazo de eficiencia y modernización de los gobiernos subnacionales y locales, debe incorporar nuevas tecnologías e instrumentos que permitan fortalecer la planeación local, lo cual reclama la participación ciudadana corresponsable en la toma de decisiones públicas, que debe ser transversal a las estructuras institucionales ante el ejercicio de gobernanza de proximidad.
La administración del quehacer público no puede convertirse en “tierra de nadie”. Instaurar una administración publica basada en principios científicos y de vanguardia internacional, es el primer paso para contener apetitos desviados, pero mucho más importante, para generar las oportunidades sociales que hasta hoy se diluyen en el abismo político de la impericia administrativa.
Agenda
- La elección del Presidente del CEN del PRI de Enrique Ochoa Reza, es inminente. Aseveró que busca la dirigencia nacional del PRI porque la gente quiere un partido “de pie, dando la cara”. Indicó que trabajará en ese sentido, “porque nuestro país está viviendo un proceso de gran transformación, pero también un proceso de gran decepción de la ciudadanía con su clase política y con la actividad pública”.
- Odio genera más odio… Los hechos de Dallas, son respuesta a un profundo odio e intolerancia histórica entre orígenes étnicos nacionales, que facilitado por la endeble política de control de armas, ha terminado con la vida de personas.
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