Ante tal situación, ambas organizaciones presentaron denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), “tanto en la Ciudad de México como en la de Campeche”, a fin de que se investigue la presunta violación al marco de bioseguridad y del Código Penal Federal.
De acuerdo con Greenpeace, de concretarse la intención, se estarían contraviniendo las sentencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenaron la suspensión de los permisos correspondientes hasta que se consulte a las comunidades indígenas si están de acuerdo o no con ello.
El organismo recordó que en 2012 la empresa Monsanto pidió autorización para la siembra en diversos municipios de soya transgénica, actualmente suspendida por la Suprema Corte.
En el trámite la empresa omitió mencionar explícitamente al municipio de Campeche, por lo que dicha práctica en ese sitio es ilegal, al no estar incluido ni en la solicitud.
Ambas organizaciones no gubernamentales solicitaron a las autoridades federales que en caso de verificarse la existencia de siembra de soya transgénica, se tomen las medidas correspondientes y se aseguren las semillas que hayan sido transportadas y almacenadas para la siembra comercial.
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