Cd. de México, México, 07 de julio de 2016.- La Cámara de Diputados avaló en lo general y lo particular el dictamen con observaciones del Ejecutivo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para eximir a la IP de presentar sus declaraciones 3de3.
La votación en lo general fue aprobada con 345 votos a favor y 82 en contra.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las observaciones del Ejecutivo Federal que cancelan la obligación de las declaraciones 3de3 a las personas físicas y morales que tengan contratos con el sector público.
La votación en lo particular fue aprobada por 314 votos a favor y 104 en contra.
Las reservas de los partidos de izquierda fueron desechadas y el dictamen fue enviado al Ejecutivo para su promulgación.
Legisladores de la Oposición reclamaron que el Ejecutivo haya presentado observaciones incompletas, al ignorar el Artículo 29, donde se ha propuesto que se hagan públicas y obligatorias las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
La diputada panista Mayra Angélica Enríquez señaló que su partido advirtió, desde la discusión de la ley en el pasado periodo extraordinario, que no debía incluirse a particulares en las obligaciones de las declaraciones 3de3.
“Desde esta tribuna se los advertimos, se los dijimos, y el tiempo nos dio la razón. Respaldamos la realización de este periodo para atender la adecuada, aunque incompleta decisión del Presidente, sobre el contenido de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
“Incompleta porque el Ejecutivo se quedó corto al no escuchar a los más de las 634 mil ciudadanos que exigen mayor transparencia para los servidores públicos presentando las declaraciones 3 de 3. No toma en cuenta las deficiencias del artículo 29 para que toda la información de los bienes e intereses de los funcionarios sea pública, tal y como lo mandata la Constitución, pero hoy nos toca enmendar aunque sea parcialmente los errores del PRI gobierno y sus aliados”, dijo en tribuna.
Por el PRD, al argumentar en contra, el diputado Omar Ortega cuestionó que se otorguen concesiones a la iniciativa privada.
“No podemos por nada, compañeros, no tener un elemento fundamental que es el principio de máxima publicidad. ¿A qué tenemos miedo? ¿A qué tienen miedo los empresarios? ¿A qué tiene miedo el Gobierno federal?
“Hoy es un caso inédito, estamos teniendo un periodo extraordinario para la facultad del Ejecutivo al Artículo 72 constitucional de hacer observaciones a un solo artículo de la ley general, en vez de ver el artículo 29 también de la misma que habla de la máxima publicidad de los servidores públicos y su declaración patrimonial y de intereses, de acuerdo a como fue la voluntad de más de 600 mil ciudadanos en una iniciativa ciudadana”, expuso.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda dijo que es positivo corregir uno de los errores de la Ley General de Responsabilidades Administrativas respecto a la inclusión de la IP, pues había disposiciones excesivas, inoperantes, absurdas e inconstitucionales.
“El gobierno y su partido se equivocaron. Su revancha contra el sector empresarial dejó en ridículo al Poder Legislativo, y lo que es peor, hoy buscan agotar este debate en la verdadera discusión o en la discusión que deberíamos estar dando sobre el 3de3.
“Por ello es que Movimiento Ciudadano ha sostenido que el veto del presidente es insuficiente, que el veto debió haber sido sobre el fondo del problema y el fondo del problema está en el Artículo 29 de la misma ley”, dijo en relación a las declaraciones de los servidores públicos.
Araceli Damián, de Morena, cuestionó que el Presidente Enrique Peña Nieto haya atendido en forma prioritaria a los empresarios.
“Asistimos hoy a una farsa, en la que la élite empresarial y el Ejecutivo federal jugaron a las vencidas. Bastaron cinco minutos en el Ángel de la Independencia para que la cúpula empresarial pusiera de rodillas a quien no gobierna este País, sin embargo se hace llamar Presidente, a Enrique Peña Nieto”, reprochó.
Claudia Salazar | Reforma
