La implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia, constituye un avance sin precedentes en la restructuración de la visibilidad de los esquemas de información; y de operatividad armonizada para garantizar a la sociedad el acceso a la información del ejercicio de gobierno.
Esta plataforma es la respuesta a la exigencia de contar con mecanismos de integración de datos institucionales, de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.
La Ley General de Transparencia democratiza las relaciones entre ciudadanía y sujetos obligados, al amparo de los principios rectores de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
Su entrada en vigor, plantea para los gobiernos locales y Ayuntamientos, el reto de construir un entorno de acceso a la información y un espacio de observancia plena, lo que exigirá pericia operativa y un extraordinario esfuerzo de orden administrativo, toda vez que a partir del cinco de mayo del presente año, los sujetos obligados disponen sólo de seis meses para integrar su información a la Plataforma de Transparencia.
Para las administraciones municipales es un escenario complejo, porque el uso y manejo de los presupuestos, no queda circunscrito como en el pasado a la comprobación del mismo, sino que ahora, deberá justificar su aplicación, explicar su uso y comprobar la orientación y resultados de acuerdo con la apertura programática autorizada.
Al respecto, sugerimos consultar en www.plataformadetransparencia.org.mx, la apertura y acceso a la información de la gestión pública; y el cumplimiento de los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la ley, tanto para sujetos obligados, como para organismos garantes.
Esta herramienta constituye un avance significativo contra la opacidad, la corrupción y la verticalidad gubernamental, cuyos dañinos efectos inciden en la pérdida de legitimidad y credibilidad, y ocasionan la fragmentación social y la apatía ciudadana.
Las innovaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia la hacen un medio inédito de visoría, auditoría y demanda social, ya que la sistematización y transparencia de la información gubernamental, genera sinergias que impulsan permanentemente la reorganización de la administración pública.
Empero, su avance deberá superar las carencias administrativas históricamente presentes, y el desorden y opacidad en el manejo de la información pública. La custodia del derecho del tejido social a escrutar las acciones del poder público, demanda de los sujetos obligados el deber de cumplir con las 48 obligaciones de transparencia, ya que su inobservancia puede ser denunciada por la ciudadanía ante el INAI.
Los sujetos obligados al realizar operaciones económicas con recursos públicos, deberán garantizar la plena horizontalidad de sus acciones para propiciar mayor control sobre las acciones gubernamentales, así mismo, acreditar probidad y compromiso para frenar apetitos de deshonestidad y corrupción.
La realidad advierte que el futuro de la Nación no puede diluirse ni perderse ante el flagelo de la corrupción que al expresarse de múltiples formas, provoca profundas asimetrías sociales que inhiben el desarrollo humano.
En contraste, la transparencia, propicia un efecto dominó, que en este escenario marcará el paulatino destierro de la corrupción, que hasta ahora, ha resultado ser el Talón de Aquiles de la democracia.
Es alentador que la Ley General de Transparencia represente una respuesta clara, para encauzar el orden institucional y revitalizar la corresponsabilidad ciudadana en la toma de decisiones del Estado.
Sin embargo, el contexto en el que se inserta la Plataforma Nacional de Transparencia, es un gran desafío porque en estos momentos el país se encuentra aquejado por el anquilosamiento del sistema político y requiere de un mayor juego ciudadano de pesos y contrapesos.
El rechazo ciudadano a la corrupción y a la disfuncionalidad gubernamental, parece ser la gran lección que se desprende del pasado proceso electoral; por lo que la nueva composición del poder público no puede ignorar que la ciudadanía aspira a que se integren gobiernos abiertos y horizontales, y a que se dimensione esta nueva realidad político-social, como el termómetro de una sociedad desesperada ante la corrupción y la inconcreción de la tarea pública.
Ello denota que el ciudadano no es indolente a los problemas que aquejan a la Nación; sólo espera que la clase política sea sensible al mandato ciudadano, y que no haga del voto la nulidad de su voluntad.
Debemos reconocer que la Ley General de Transparencia y la Plataforma Nacional como nuevas dimensiones de la cultura política, son una conquista social innegable. El reto que tienen es el de hacer operativa la visibilidad y la rendición de cuentas del Estado, y seguir propiciando que la ciudadanía genere la salvaguarda y custodia de todo proceso, acción y toma de decisiones que lleven a cabo los sujetos obligados.
Una sociedad que se dignifica a sí misma, observa la plena vigencia de la ley para construirse un futuro cierto, no admite al ilícito en su proceder. Esta prescripción hoy emerge con toda fuerza en México, ha salido del baúl de las aspiraciones, para advertirle a la clase política, que el pueblo no es su enemigo, y que lo único que pide es que no exista mayor privilegio entre los seres humanos que el de la razón y la honestidad, y si no es mucho pedir, que se haga cumplir la ley.
Agenda
- La semana pasada conocimos la renuncia del Presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en su discurso, señala algunos factores que ocasionaron los resultados adversos del pasado proceso electoral.
- El Presidente Peña Nieto, participó en La Habana, Cuba, en la ceremonia en la que se firmó el Acuerdo de Paz entre Colombia y las FARC.
- Dadas los complicados acontecimientos ocasionados por la inconformidad de los maestros de la CENTE, se instaló una mesa de negociación en la SEGOB. Deseo que puedan construir los acuerdos que solucionen este grave conflicto.
- El Presidente Peña Nieto, formuló observaciones y enmiendas al artículo 32 incisos b) y c), así como a 15 artículos relacionados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3, y solicitó a la Comisión Permanente convocar un Periodo Extraordinario de Sesiones.
- El Gobernador Olvera Ruíz y funcionarios de la UNESCO, dieron inicio a los trabajos de evaluación del Geoparque Comarca Minera Hidalgo, importante proyecto para fomentar el desarrollo local, socioeconómico y cultural de 9 municipios y 8 ejidos.
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