Ciudad de México, 14 de junio de 2016.- A 5 días de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, el Ejército advirtió que su participación en hechos delictivos será sólo en compañía o en apoyo a las Policías locales.
Sin embargo, la decisión generó alerta e inquietudes por la indefinición de cuál será su participación en ciudades violentas con numerosa presencia militar.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que es una función que está en el limbo, pues en los hechos, dijo, los soldados y marinos no fungirán como Primeros Respondientes.
“El riesgo es de más impunidad porque si no están preparados como primeros respondientes y van a esperar a que llegue una Policía al lugar, la cadena de custodia se puede romper”, advirtió.
La ley establece que el Primer Respondiente es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de los hechos para corroborar denuncias, localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos probatorios y realizar la detención en caso de flagrancia.
En entrevista, la presidenta de la organización Causa en Común propuso una adición a la ley para especificar las funciones de militares y marinos en el denominado lugar de la intervención.
“En un sistema garantista como el que viene todos los que llegan primero a la escena del crimen tienen que estar bien preparados.
“Sin embargo, no se les preparó lo suficiente, ni siquiera han terminado de formar a los policías, hay un tema ahí pendiente”, reclamó.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, señaló que el personal castrense sí puede realizar funciones de Primer Respondiente.
“La Constitución habla que el Ejército está capacitado también para combatir la seguridad interna del País. La Constitución los habilita también por la flagrancia”, dijo.
En este contexto, las Fuerzas Armadas han señalado que la estructura de seguridad pública es la responsable de realizar la función de Primer Respondiente, y que, en caso de negarse a acudir al lugar de los hechos se denunciará a los funcionarios involucrados por no cumplir con su responsabilidad.
Alberto Capella, Comisionado Estatal de Seguridad Pública en Morelos, afirmó que el personal militar deberá esperar a que llegue el primer policía a atender el tema.
“¿Qué pasa si primero llegan los militares y te entregan a un detenido que se resbaló y se golpeó? ¿el policía cómo va justificar eso ante un juez?”, cuestionó.
“Hay grandes cuestionamientos o hipótesis en el manejo de las Policías y del trabajo preventivo policiaco, que se van a presentar.
“Eso le va dar una enorme discrecionalidad al juzgador para tomar decisiones en un sistema de justicia que es extremadamente proteccionista de los derechos humanos de los presuntos delincuentes”, manifestó.
Consideró que el nuevo sistema implicará una curva de aprendizaje, quizá dolorosa, por temas como falta de capacitación y uso de la fuerza.
“(Se puede) generar un ánimo de impunidad fuerte en nuestro País, más aún con el ánimo que se ha estado viviendo los últimos años.
“Lo que faltó, con el debido respeto, es más tiempo y una planeación a través de un esquema de fiscalización mucho más sofisticado”, expresó.
El mando reconoció los esfuerzos institucionales para implementar la oralidad, aunque admitió que aún hay pendientes en la generación de estructuras policiales sólidas a nivel local.
Alto avance
A menos de una semana de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal en todo el País, la Secretaría de Gobernación calificó la implementación estatal con 7.5 puntos, en una escala de 0 a 10.
Este resultado, obtenido a través del cruce de distintos indicadores, evaluaciones e inspecciones, ubica al sistema acusatorio en un grado de avance alto en lo que respecta al fuero común.
La Secretaría de Gobernación ha insistido en que la entrada en operación del nuevo sistema está garantizada, aunque su consolidación tardará alrededor de cinco años más.
Entre los principales retos, la Segob identifica la profesionalización de todos los operadores, tales como policías, jueces, ministerios públicos, administradores de sala y peritos.
Antonio Baranda | Reforma
